Por Redacción P23
En el municipio de Concordia, el caso de los diez o más trabajadores vinculados a un proyecto minero privado sigue abierto y sin respuestas completas. Aunque la investigación fue atraída por la Fiscalía General de la República (FGR), aún no se ha informado con precisión cuántos cuerpos faltan por identificar plenamente ni cuántos restos continúan bajo análisis forense.
Durante una mesa en el programa Aristegui Noticias, las periodistas María Idalia Gómez y Anabel Hernández aportaron datos que reconfiguran el caso.
Gómez sostuvo que no hubo confusión en el levantamiento, como lo informó el secretario García Harsfuch: los grupos criminales “sabían perfectamente quiénes eran” los especialistas vinculados a la mina. Señaló que operaba un esquema de extorsión mensual que habría intentado incrementarse y que, en ese contexto, surgieron amenazas y exigencias millonarias por cada trabajador retenido.
Además, afirmó que algunos de los identificados tendrían doble nacionalidad —mexicana y estadounidense—, lo que podría detonar mayor presión diplomática si no se transparenta el número real de cuerpos hallados y el avance de las pruebas genéticas.
Por su parte, Hernández precisó que el secuestro ocurrió en el fraccionamiento La Clementina, a tres cuadras de la presidencia municipal de Concordia, alrededor de las siete de la mañana. El dato desmonta la narrativa de un hecho aislado en la sierra: “fue en zona urbana, a plena luz del día”.
La escritora también recordó que, entre 2018 y antes del rompimiento entre facciones criminales, el control territorial en la región habría sido compartido entre grupos conocidos como “Mayos” y “Chapos”, lo que explicaría la capacidad operativa mostrada en el caso. Hoy, ambos grupos confrontados, podría ser el descubrimiento forense clandestino más impresionante de todos los tiempos.
Falta claridad
Aunque se han confirmado identificaciones parciales, no existe un parte oficial consolidado que detalle el número total de restos recuperados ni el estatus completo de identificación.
La FGR mantiene análisis genéticos, antropológicos y de contexto. Mientras tanto, familiares esperan certezas y la región sur de Sinaloa vuelve a colocarse bajo el reflector nacional e internacional.
Si se confirma la afectación de ciudadanos estadounidenses, Washington podría exigir mayor cooperación y transparencia en el proceso.
El caso ya no es solo criminal. Es político, económico y diplomático.