Por Graciela Machuca | Maya sin Fronteras |,Paralelo 23
La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, después de ser detenido en su escondite en el estado de Jalisco, generó reacciones de violencia en al menos una veintena de estados del país, donde la organización criminal tiene presencia, una de esas entidades es Quintana Roo, por lo que las acciones de violencia no se dejaron esperar como efecto dominó, por lo que la frase que dichas acciones se tratan de “hechos aislados” ya no tiene razón de ser para la 4T, el país, literalmente está en llamas, hay psicosis, agentes del Estado han perdido la vida.
A cuatro meses que de inicio el mundial de futbol, no se pueden maquillar los discursos, como gobierno, se tiene que asumir la responsabilidad, de que el gobierno federal no pudo impedir que se hiciera la voluntad de los Estados Unidos, la estrategia del gobierno federal mexicano era seguir dejando pasar la situación y “cerrando los ojos” para evitar el “caos”, sin embargo, la consigna fue: lo hacen ustedes o vamos nosotros, por nuestra cuenta y riesgo.
Al Senado de la República le correspondió formalizar la entrada de 19 elementos del ejército estadounidense, para capacitar a su pares mexicanos. Quienes entraron son militares de élite, expertos en operaciones quirúrgicas. Después del operativo de captura y posterior muerte de El Mencho, ambos gobiernos reconocieron la cooperación bilateral en el operativo.
Las cifras de las bajas tanto de militares y policías mexicanos, como de integrantes del grupo delincuencial, se irán conociendo conforme pasen los días, así como los testimonios de civiles que quedaron en medio del caos de las balaceras, la suspensión del servicio de transporte, así como de los ocupantes de vehículos de motor particulares que fueron bajados de las unidades para quemarlas y generar caos, psicosis y terror.
Este domingo 22 de febrero, en Quintana Roo, los incidentes se concentraron en ciudades como Cancún, Playa del Carmen, Tulum y Cozumel, con ataques coordinados que incluyen incendios de vehículos, ataques a establecimientos comerciales como Bodega Aurrerá y tiendas Oxxo, y bloqueos en carreteras.
Se cancelaron tianguis en Cancún, eventos deportivos en Playa del Carmen y la Feria del Queso de Bola en Chetumal.
Sindicatos en Felipe Carrillo Puerto suspendieron rutas hacia Tulum y Playa del Carmen por riesgo de quema de unidades.
Hasta las 17:00 horas del domingo 22 de febrero, se registraron al menos 14 vehículos incendiados y múltiples ataques a negocios.
La gobernadora Mara Lezama activó la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad, desplegó más de 10,000 elementos de seguridad (federales, estatales y municipales), y desmintió falsas noticias sobre un toque de queda, reiterando que “todos los servicios y actividades se
Los actos de violencia o terrorismo en Quintana Roo fueron atribuidos a células del CJNG, las cuales expusieron por primera vez la vulnerabilidad del principal corredor turístico de México frente al crimen organizado, que ya opera en la zona con narcomenudeo y recepción de embarcaciones con droga.
Hay que hacer énfasis, que la extensión de la violencia a destinos turísticos emblemáticos marca un punto de inflexión en la estrategia del narcotráfico. Ya no se limita a zonas de producción o tránsito, sino que usa el turismo como arma de presión contra el Estado.
El mensaje es claro: el costo económico de la inestabilidad puede ser devastador. Aunque las zonas hoteleras no fueron el blanco directo, la paralización de actividades (ferias, tianguis, eventos deportivos) y la suspensión del transporte generaron un impacto psicológico y económico inmediato, poniendo en riesgo la imagen de seguridad del estado.
La Embajada de Estados Unidos emitió una alerta de seguridad que incluyó a Quintana Roo (Cancún, Playa del Carmen, Tulum, Cozumel), instando a sus ciudadanos a resguardarse en sus lugares de hospedaje. Esta medida, aunque preventiva y de corta duración, tuvo un peso simbólico enorme. Incluir a un estado turístico en una alerta por narcoviolencia es inusual y refleja la gravedad percibida del evento.
Sin embargo, el lunes 23 de febrero, la embajada levantó la alerta específica para Quintana Roo, reconociendo que la situación se había normalizado. Esto indica que la medida fue una precaución diplomática extrema ante una ola de violencia nacional, no una señal de una amenaza sostenida en el Caribe mexicano.
Pero a integrantes de la clase política gobernante, poco les importa el caos en que vivió la ciudadanía.
Un ejemplo de ello, es la fuerte polémica que estalló, en medio del caos, por la boda de la presidenta municipal de Playa del Carmen, Estefanía Mercado.
Casada el viernes 20 de febrero en un exclusivo evento, sus festejos coincidieron con los ataques del domingo. La percepción ciudadana se dividió: mientras sus seguidores celebraron su vida personal, una parte importante de la población la acusó de desconexión y falta de sensibilidad.
La imagen de una alcaldesa celebrando en un hotel de lujo mientras su municipio ardía en llamas generó críticas sobre la empatía y la gestión de crisis de los líderes políticos. Aunque Mercado informó sobre el despliegue de seguridad, la brecha entre su vida privada y la realidad pública alimentó el descontento.
Las autoridades estatales informaron de la detención de nueve personas que participaron en los hechos de violencia, la mayoría por saqueos a comercios.
Los mapas del crimen organizado dados a conocer con anterioridad por instancias federales y por investigadores, mencionan a varios carteles que operan en la entidad. Este paraíso del Caribe mexicano se merece más seguridad, las autoridades no deben esperar que la delincuencia incremente la violencia como estrategia para reconfigurar su poder.
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