Identifican al noveno minero secuestrado en Concordia; uno sigue desaparecido

Joaquín Rodriguez | Redacción P23

 Concordia, Sinaloa | 6 de abril de 2026, 22:00 horas

La empresa canadiense Vizsla Silver confirmó la identificación del noveno trabajador secuestrado en enero pasado en la sierra de Concordia, Sinaloa, con lo que el caso se acerca a un desenlace marcado por la pérdida casi total del grupo.

En un comunicado oficial, fechado hoy, la compañía informó:

Se ha confirmado la identificación de los restos de Saúl Alberto Ochoa Pérez y Miguel Tapia Rayón”.

Con esta actualización, el saldo es claro:

Nueve de los diez colegas han sido localizados sin vida y un colaborador permanece desaparecido”.

El secuestro ocurrió el 23 de enero de 2026, cuando un grupo de trabajadores mineros fue interceptado en una zona serrana bajo presión de grupos del crimen organizado.

Caso que refleja la vulnerabilidad del sector

La confirmación de identidades no solo cierra ciclos para las familias; también expone las condiciones de riesgo en regiones donde la actividad minera convive con disputas territoriales.

El director ejecutivo de la empresa, Michael Konnert, reconoció el impacto del caso:

Es un desenlace devastador, nuestras más sinceras condolencias están con todas las familias afectadas”.

Vizsla Silver aseguró que mantiene coordinación con autoridades y acompañamiento a familiares en este proceso.

Cierre informativo

A más de dos meses del secuestro, el caso deja una cifra contundente: nueve trabajadores muertos y uno aún sin localizar. La investigación continúa abierta.

Editorial P23

Este caso es un diagnóstico: la minería en México, especialmente en zonas serranas con actividad criminal, opera en territorios donde el Estado llega tarde o no llega. O, en el mejor de los casos, lleva y se va. Por eso las mineras tienen que pactar seguridad con delincuentes.

La tragedia de Concordia no solo exige justicia; obliga a replantear las condiciones de seguridad para trabajadores que sostienen industrias completas en zonas de riesgo. Y esa seguridad puede proveerla el Estado mediante el “impuesto” que las compañías ya pagan a los “dones” que controlan las actividades que gravitan alrededor de los fundos mineros. Es cosa de voluntad.

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