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Por Mario Martini
Edgar González Zatarain, alcalde de Mazatlán que sustituyó al presunto pillastre Luis Guillermo Benítez Torres que renunció al cargo en un hecho inédito en la historia del puerto para responder a un par de procesos penales por uso indebido de la función pública, la tiene fácil para reelegirse en el proceso de 2024.
Asumiendo que tiene el sartén por el mango, ventaja que no tiene algún otro de los aspirantes visibles, solamente debe dar un golpe de autoridad sobre la mesa y realizar algunas sencillas acciones que lo muestren como un candidato con arrestos suficientes para sacar a Mazatlán del socavón en el que lo metió el tristemente célebre Químico Benítez.
Para empezar debe eliminar los resabios vinculados a la mafia de Benítez Torres. Aunque se tardó, parece que finalmente pudo deshacerse del siniestro Loar Susek López Delgado, enclave del panismo desde los tiempos de Carlos Felton González -otro nefando personaje de la política marismeña- y quinta columna del secretario particular del gobernador Alejandro Higuera Osuna, a quien daba cuentas puntuales y detalladas del acontecer en palacio municipal. Ambos ex alcaldes panistas están vinculados a presuntos actos de corrupción y unidos en la sospechosa indemnización de 142. 8 millones de pesos al Grupo Areh, que uno inició y otro dejó pasar.
Aquí tiene González Zataraín una área de oportunidad –como dicen los planeadores estratégicos- para dar el golpe de autoridad que mencioné arriba: poner todo el empeño, voluntad política, medios de comunicación, recursos y capacidades del Ayuntamiento para llevar a juicio a todos los ex alcaldes y servidores municipales que causaron daño al patrimonio de los mazatlecos, ya sea por acción, omisión o complicidad. El Químico es un target invaluable y sumamente rentable porque dejó múltiples evidencias de su incompetencia. Llamar a cuentas a quienes “perdieron juicios” entre 2022 y 2024 que ameritaron multas e indemnizaciones por casi 3 mil millones de pesos –un año de presupuesto municipal- no es cosa menor. Hacer esta limpia profunda hy exigir la reparación del daño no solamente aseguraría la reelección sino también la gloria. ¿Se imaginan a los actuarios de juzgados embargando mansiones, propiedades y vehículos de los ex presidentes y a la policía esposándolos en posición decúbito ventral?
Después puede exhibir y desmantelar al Cartel Inmobiliario que opera desde el interior del palacio municipal. Según datos del Instituto de Planeación Municipal (IMPLAN) hay por lo menos 63 asentamientos irregulares, unos del pasado y varios del presente. Otro acto de congruencia sería despedir y fincar responsabilidades al director de Bienestar Tonatiuh Guerra, de origen priista, para que responda como simple mortal a las acusaciones de colonos y desplazados que lo identifican como el Padrino de la operación que incluye falsificación de escrituras, enriquecimiento inexplicable, falsificación de documentos oficiales, despojo de viviendas y terrenos.
Y donde hay otro nicho de oportunidad es en el Instituto de Cultura, donde el saqueo fue brutal, agravado por el cinismo de sus protagonistas que presumieron en redes sociales una vida de película que jamás imaginaron. Raúl Rico González debe tener elementos probatorios para refundir en la cárcel a la administración de José Ángel Tostado que, según palabras del actual director de Cultura, “se llevaron hasta los focos…” Y si adicionalmente inicia el proceso administrativo para sacar al Carnaval del Instituto –que consume casi dos terceras partes del presupuesto anual- para reactivar el objetivo central de la paramunicipal de formar capital humano en las artes y la cultura, estaría muy cerca de ganarse el voto de la comunidad artística del puerto. Es inadmisible que jóvenes talentos tengan que pedir limosna para costearse viajes de estudios al ballet Bolsoi, por ejemplo, y gasten millones en traer artistas de una noche.
Otro espacio de seguro éxito está en la auditoría de todos los permisos de construcción ilegales o irregulares expedidos por Jorge Estavillo Kelly. ¿Cuántas construcciones presentaron el necesario estudio de impacto urbano al que obliga la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa? ¿En qué cifras se basó la Jumapam para aprobar la factibilidad de agua y drenaje que evidentemente son insuficientes para abastecer al municipio?, solamente por mencionar algunas inquietudes fundadas.
Llevar a juicio a los responsables y regular con rigor y entereza el desarrollo urbano presente y futuro de Mazatlán probablemente le arrimen algunas enemistades, pero el grueso de la población que exige servicios públicos eficientes y buen nivel de vida estarán de su lado. Ah, y de pasada, sería un golpe demoledor impedir que el patrimonio cultural y arquitectónico del Centro Histórico sea devorado por la desmedida ambición inmobiliaria.
Y si de una buena vez instala el Sistema Municipal Anticorrupción, primero en Sinaloa, pues ya no tendrá necesidad de hacer campaña y derramar litros de saliva en promesas. Por sus acciones lo conoceréis!
Solamente tiene que pedir permiso a ver si lo dejan….Fácil ¿no?
Saludos cordiales
MM
Eso sería lo correcto, pero tanto la autoridad como los desarrolladores saben que violar la ley solo implica una multa sin más consecuencias. Hay por lo menos 63 asentamientos irregulares y nada hay por hacer, pues ya están habitados. Lo único por hacer es meter a la cárcel a los responsables y exigirles la reparación del daño.
Suscribo lo redactado, solo agregaria que las construcciones irregulares sean demolidas, para que aprendan, que no debe haber impunidad, solo así podríamos creer que realmente está actuando en bien de la población afectada y no en favor de los voraces y ambiciosos constructores
Buenas tardes, Suscribo todo lo escrito y redactado por vos, solamente agregaría que después de determinar que esas construcciones irregulares, quedaría la demolición de esas o algunas construcciones dependiendo de la irregularidad, tengan para que aprendan , se amparan en la impunidad, por eso lo siguen haciendo a sabiendas que no pasa nada.