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Por la miseria que avanzaba como sarna implacable
sobre la piel de los pueblos.
Gabriela Riveros
Por Oscar Loza Ochoa
En el transcurso de este jueves 10 de agosto me entero de la irresponsable medida de permitir el regreso de los desplazados de los municipios de Mocorito y Sinaloa. Me parece que la frivolidad les gana a las instancias encargadas de evaluar las condiciones para un regreso seguro. No han bastado las experiencias que dejó la Operación Cóndor en los años setenta del siglo pasado, tampoco los dolores y pérdidas que nos dejaron las imprudentes invitaciones que en su momento hicieron los gobiernos de Mario López Valdez y de Quirino Ordaz Coppel. Los intentos de regreso terminaron con la pérdida de vidas de poco más de una docena de personas.
Ayer y hoy he recibido sendas llamadas telefónicas de doña Esperanza Hernández Lugo, en las que me habla con la angustia a flor de piel de los viajes organizados por Secretaría del Bienestar regresando a los desplazados. Tiene mucha razón, pues ella fue víctima del primer desplazamiento forzado de este siglo en ese lastimado Sinaloa municipio. Y desde 2012 se mantiene a la cabeza de sus paisanos desplazados. Las cosas no han sido fáciles para ella y sus compañeros de diáspora, toda vez que no han faltado acosos, amenazas y hasta un atentado. Con una medida cautelar en la mano expedida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, toca puertas y habla con autoridades defendiendo a sus desplazados.
A menos de dos semanas en que la violencia volvió por sus fueros en Sinaloa municipio y repercutió en comunidades de Mocorito, nunca imaginé que la autoridad estuviera de acuerdo y que impulsaría el regreso de los desplazados. Ni a los gobiernos de MALOVA y de Quirino Ordaz los invadió la fiebre de la desesperación por regresar a los desplazados en las primeras semanas de la tragedia. Impacta profundamente saber que el presente gobierno, el del maestro Rubén Rocha (fundador con desplazados de los años setenta de la colonia 15 de julio en Guamúchil), permite, sin más, el regreso de quienes aún no se reponen del susto y de las pérdidas de los días 28 y 30 de julio.
Planear el regreso de los desplazados le costó a Colombia unos 40 años. Es cierto que buscó antes negociar la paz con sus guerrillas y obligar a la entrega de armas a los grupos paramilitares; además de reducir la influencia geográfica de las bandas organizadas del narco. Todo ello no fue poca cosa. Es cierto que en Sinaloa no hay grupos insurgentes que reivindiquen la lucha social armada, pero si hay bandas organizadas en los diferentes municipios de la entidad. Y estas no han disminuido ni en el número de organizaciones ni en los miembros que componen sus filas. En cuatro de los cinco desplazamientos, la causa central es la violencia ejercida por esas bandas.
En el caso nuestro, no conozco un informe oficial que nos asegure que las condiciones que hicieron posible el desplazamiento interno ya desaparecieron en los once municipios en los cuales hubo diásporas entre 2009 y 2022. Y si hablamos del más reciente fenómeno que expulsa familias al por mayor de las zonas en conflicto de Sinaloa municipio y Mocorito, ni tiempo ha tenido la autoridad para asimilar el problema, menos para documentar y elaborar un informe. Pero de manera inexplicable nos enteramos del regreso masivo de las víctimas del desplazamiento. Y nos preguntamos, ¿y el artículo 25 de la Ley para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Problema del desplazamiento Interno Forzado en Sinaloa?
La legislación, por lo visto, es un asunto para los museos. Y es una verdadera pena que así sea. Debo decir que el día martes 1° de agosto la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa, visitó el albergue de los desplazados en Guamúchil. Coincidimos con el gobernador Rubén Rocha Moya en el CBTiS 45. Solicitó nuestra opinión sobre el caso y le expresamos los temores de que se permitiera o promoviera el regreso de los desplazados en las condiciones que prevalecían en esos momentos y que no han cambiado, por cierto. Algunos desplazados le preguntaron si apoyaría el regreso de ellos, él les expresó que sí y si querían quedarse, también los apoyaría.
Nuestra opinión fue que no había condiciones para el regreso en el futuro inmediato y que, en todo momento, la autoridad debía observar lo que establece el artículo 25 de la Ley citada arriba, pues dicho artículo ordena que antes de volver a las comunidades, la Secretaría General de Gobierno debe elaborar un informe en el que de demuestre que las condiciones que hicieron posible desplazamiento ya desaparecieron. Ese informe debe ser analizado por el Comité Intersecretarial, y de aprobarse, aún tiene que ponerse a consideración de los mismos desplazados. Nada de eso ha sucedido.
¿Por qué no se contempla lo establecido en la Ley? Porque al menos hay desconocimiento sobre las consecuencias del fenómeno desplazamiento interno, porque hay inmadurez al tomar decisiones y porque, a pesar de la experiencia, se sigue creyendo que, al haber presencia militar o policial, las cosas ya están resueltas. Así lo creyó MALOVA y sus frivolidades costaron al menos ocho vidas. De nuestra parte deseamos dejar muy claro: hay una grave responsabilidad al resolver el regreso de los desplazados de Sinaloa municipio y Mocorito sin contemplar lo que mandata el artículo 25 de la Ley sobre el desplazamiento interno. Ojalá no pase nada malo. Pero no hay buen augurio si los que generaron la violencia siguen libres, con mismo el poder y con el teatro de operaciones a su favor. Ciudadano gobernador, si la madurez no cabe en la Secretaría de SEBIDES, que la sabiduría del buen gobernante se imponga. Vale.
Fotos de archivo con fines ilustrativos/Proceso/TVP
Twitter @Oscar_Loza
