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- Los que aspiran a la alcaldía.-
- AMLO pide prueben el acarrep.-
La política lleva a sus actores a interpretar personajes distintos y hasta contradictorios, según la circunstancia por la que estén pasando. No es nuevo que un funcionario se muestre afable y cariñoso en público, pero en privado sea duro e intransigente si tiene enfrente un propósito de gobierno, o de política. Al gobernador Rubén Rocha Moya le pasa con frecuencia la conversión del Doctor Jekyll a Mister Hyde con el caso Mazatlán.
Nunca hubo una decisión con más apoyo popular que la de separar de su cargo al alcalde mazatleco Luis Guillermo Benítez Torres. Ni siquiera el anuncio de una obra pública, por muy esperada que fuese, generó el impacto y reconocimiento que tuvo la defenestración del químico.
Sin embargo, al día siguiente vino una decepción igual de impactante, al conocerse el nombramiento de Benítez Torres como secretario de Turismo en el gabinete estatal. Sé que eso me quitó algunos puntos entre los mazatlecos, pero no me importa mucho, lo que me interesaba era la gobernabilidad de Mazatlán, indicó Rocha en su conferencia semanera.
A partir de entonces ha brincado de un lado al otro de la acera, y lo mismo ataja cualquier señalamiento contra su controvertido colaborador, que desnuda las graves irregularidades en que incurrió el Químico Benítez.
Foto de archivo/Gobierno de Sinaloa
De ser ciertas, como todo parece indicar, las versiones de que hay una protección que viene desde el centro del país, el gobernador está metido en un brete porque de un lado está su compromiso de hacer justicia, de aplicar la ley, y por el otro está su pertenencia a un grupo político que le ha dado todo, incluso la oportunidad y el manto para llegar a la gubernatura.
Hasta por conveniencia política y personal, ningún político puede aventarse un boleto tan caro como el de malquistarse con el presidente más poderoso de la historia contemporánea, para cumplir con la palabra empeñada.
El problema es que el impacto del Químico no cesa. Por un lado está la indignación de la gente, que no acepta la impunidad que se le está ofreciendo; por el otro, está la necesidad de ir ventilando la herencia nefasta de esa administración. Cada visita del gobernador a Mazatlán trae un disgusto por tener que retomar el tema, y la necesidad de seguir recurriendo a la vieja fórmula de la presunción de inocencia.
También es evidente que Rocha no se resigna y por eso remueve las heridas con temas como la falta de dinero para que el ayuntamiento pague aguinaldos a sus trabajadores, a lo que sigue una nueva oferta de que se hará justicia, pero siempre supeditado a que se respete la supuesta inocencia presupuestada.
Es imposible tapar el sol con un dedo. Los daños generados a la hacienda pública municipal son tan cuantiosos que seguirán apareciendo casos y más casos durante mucho tiempo, alimentando la indignación popular y metiendo en líos al propio gobernador, con todo y que se alcance finalmente la gobernabilidad que él ha querido garantizar.
- ELECCIONES: LAS VENTAJAS DE LA LEJANÍA
Este caso ha sido el más grave daño que ha recibido la imagen de Morena como vehículo electoral del gobierno en Mazatlán.
Muy probablemente, si las elecciones fuesen en unos meses, casi cualquier candidato opositor podría ganar, si hace una campaña basada en los daños específicos y concretos del Químico a la comuna. Pero claro, los próximos comicios serán dentro de año y medio, con la influencia de una elección presidencial, lo que da a Morena tiempo para tratar de resarcir los daños.
La cosa es que si la oposición no tiene una organización bien estructurada ni candidatos visibles, el partido oficial también carece de candidatos sólidos que ofrezcan además garantías de unidad y de cambios en el comportamiento desde el poder.
En estos momentos, por ejemplo, suenan dos nombres que ya estuvieron en los ámbitos del PRI, pero que ahora se encuentran enlistados en el morenismo: Ricardo Velarde, el Pity, quien además carga con varias lozas, entre otras las de su cercanía al Químico Benítez, quien lo utilizó como instrumentador de acciones muy cuestionadas. Nomás para dar una idea, Velarde asistió a la Feria Internacional de Turismo a la que deseaba ir el Químico, proyecto condenado de manera directa y pública por el propio gobernador.
El otro es el corredor de bienes raíces Carlos Escobar, cuya campaña de promoción a través de espectaculares ha sido más que evidente, y que también es relacionado con Benítez Torres. Ambos pudieran aportar elementos si se tratara de esclarecer el tipo de negocios que se realizaron en los últimos años con algunos empresarios y desarrolladores. Las versiones al respecto llegan a términos fantasiosos.
Por supuesto, entre los aspirantes está Fernando Pucheta Sánchez, el ex alcalde que ha competido con fuerza pero sin éxito en las dos últimas oportunidades. La cosa está en la vía por la que vaya a canalizar sus aspiraciones. Pucheta es poseedor de una marca política propia, sólo que en los términos actuales necesitará también de un partido político y necesitará inclinarse por alguno y luego ver las condiciones de la contienda interna.
Foto de archivo/Redes sociales
En el Morenismo puro está el doctor Juan Torres, cuya carrera inició realmente con la oposición interna al Químico, con reclamos por la deshonestidad. Sin embargo, su apego absoluto a las líneas de su partido también le han traído un alejamiento de la población. No hay una sola intervención en la tribuna para defender proyectos mazatlecos, ni mucho menos oposición a las asignaciones presupuestales que concentran los recursos en unos cuantos programas y obras.
Los demás diputados, federales y locales, carecen de presencia entre la población, y si bien hasta el 2021 ese no fue obstáculo para obtener triunfos casi automáticos, hoy las cosas parecen cambiar y los candidatos vuelven a importar al lado de una buena marca electoral.
Indiscutiblemente el alcalde sustituto Edgar González aspirará a la reelección, y ya trabaja para ser más conocido. Por muy bien o por muy mal que le vaya, siempre estará supeditado a las necesidades políticas del tercer piso, que en esta ocasión contó con el factor sorpresa para imponer a alguien que apenas cuatro años antes corrió una elección por su natal Rosario sin la menor pretensión de venir a hacer carrera por estos rumbos.
Los meses que faltan para el inicio formal del proceso electoral nacional y sinaloense servirán a Morena como colchón para ir reduciendo las tensiones internas. A ver si son suficientes para crear el espacio de amortiguamiento que además resista las presiones de la lucha por las candidaturas.
- ¿ALGUIEN TIENE PRUEBAS SOBRE EL ACARREO?
El presidente Andrés Manuel López Obrador exigió pruebas de que la movilización de simpatizantes de su gobierno fue un acarreo, como tanto se ha aseverado en todos los medios tradicionales y digitales del país.
¿Cuáles pruebas serían válidas? Hay fotos de las enormes concentraciones de autobuses locales y foráneos de la capital del país. Casi dos mil unidades concentradas forman un espectáculo muy sugerente que a cualquier despistado lo hacen pensar en que hubo acarreo. Como los priístas de antes, los morenistas aseveran que no es acarreo porque los asistentes acudieron por su plena voluntad y hasta con entusiasmo.
Foto de archivo/El Diario NTR
Si se espera que alguien aparezca con las facturas de esos casi dos mil camiones alquilados para la “transportación de contingentes”, seguramente no ocurrirá. No debe descartarse sin embargo que en una de esas empiecen a aflorar las huellas de esa operación, que por cierto no se hizo en un solo lugar ni por una sola persona, pues la dispersión ayuda al ocultamiento.
Tampoco habrá quién reivindique los costos por la preparación de las tortas y lonches que se entregaron a los asistentes, ni mucho menos habrá una nómina o una lista nominal firmada por los que recibieron los doscientos pesos diarios de viáticos, o los pagos por los modestos hoteles en que pararon los contingentes de estados lejanos.
El presidente podrá decir entonces que nadie pudo probar que fue un acarreo, ni mucho menos que se hubiese utilizado dinero público para financiar la marcha.
Pero ¿no es “acarreo” movilizar a los beneficiarios de los programas sociales, especialmente los pensionistas de la tercera edad y becarios? ¿No es acarreo movilizar a los servidores de la nación para que adviertan a los beneficiarios que deben ir a apoyar a López Obrador porque los partidos opositores quieren quitar los programas sociales y con ellos, acabar con los beneficios económicos que ahora reciben invariablemente?
¿No es una forma de acarrear y amarrar a las personas anunciarles que sus percepciones por pensiones se van a incrementar en un veinticinco por ciento el año próximo y en otro veinticinco por ciento el 2024?
Claro que no son acciones que haya inventado Morena. En la elección del 2010 el gobierno del estado, encabezado por el priísta Jesús Aguilar Padilla, buscó infructuosamente tener acceso a los padrones de beneficiarios de los programas sociales, que el PAN manejaba celosamente desde el gobierno federal. El PAN, a su vez, fue incisivo en sus denuncias contra el PRI por no transparentar los padrones de beneficiarios de los programas sociales. Puede sonar muy insistente, pero otra vez, hay que decir que no es cierto eso de “nosotros somos distintos”.
- ALITO NO VOTARÁ POR LA REFORMA ELECTORAL, PERO…
Todo parece indicar que este martes, cuando finalmente se someta a votación la iniciativa presidencial para reformar las leyes electorales, el PRI y su dirigente Alejandro Moreno voten en contra, y le nieguen al presidente la mayoría calificada que requiere para modificar la Constitución.
Esta reforma debió someterse a votación en la semana que termina, pero Morena vio que no tenía los números suficientes e incluso corría el riesgo de sufrir una disminución de votos porque dentro del Partido Verde Ecologista de México había muchas inconformidades, como las hubo en el Partido del Trabajo, aunque ahí sí se dejaron torcer la mano a tiempo.
A como van las cosas, el presidente tendrá que echar mano de su plan B, con reformas a leyes secundarias para evadir los límites que establece la Constitución, y ahí es donde la cosa se pone riesgosa. Es cierto que ahí López Obrador no necesita una mayoría calificada, pero si a cambio del descolón constitucional, Alito le obsequia su compañía en esas votaciones, podrá regalarle una legitimidad que le sigue faltando para este tema tan delicado.
Sólo para ir entendiendo de qué se trata, uno de los puntos principales del Plan B es quitarle al INE el manejo del padrón electoral y la correspondiente credencial, para que quede a cargo del Registro Nacional de Población; es decir, de la Secretaría de Gobernación.
Esto significa que la presencia de los ciudadanos en el padrón de votantes estará en manos del gobierno y no de un organismo ciudadano. Como siempre, podrán decirnos que ese no es problema porque ellos son distintos. A estas alturas a los ciudadanos no nos basta con su palabra, ni con la de ningún otro gobierno.
