Radiografía penal que estremece a México
• El expediente S9 23 Cr. 180 coloca a un gobernador con licencia, un senador, un alcalde y mandos de seguridad ante una acusación federal de narcotráfico, armas y, en un caso, secuestro con resultado de muerte
Mazatlán, Sinaloa | 1 de octubre de 2026 | Paralelo 23°
MARIO MARTINI
Hay expedientes judiciales que describen delitos, pero hay otros que, por la identidad de los acusados y la naturaleza de las imputaciones, desarrollan una trama que obliga a darle otra mirada al funcionamiento de las instituciones del Estado mexicano.
El expediente S9 23 Cr. 180, abierto en el Distrito Sur de Nueva York, pertenece a este género narrativo de épica policial.
El 29 de abril de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública una acusación contra diez funcionarios y ex funcionarios de Sinaloa.
La acusación sostiene que los funcionarios habrían conspirado con la facción de Los Chapitos, del Cártel de Sinaloa, para facilitar el tráfico de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos a cambio de apoyo político, protección institucional y sobornos.
Pero hay una precisión indispensable para leer el expediente: se trata de acusaciones de un gran jurado, aun no de sentencias. El propio Departamento de Justicia advierte que todos los hechos descritos deben tratarse como alegaciones y que los acusados se presumen inocentes mientras no se demuestre su culpabilidad.
Sin embargo, ese límite jurídico no disminuye la dimensión documental del expediente. La acusación tiene 34 páginas y enumera cargos, personas, fechas, presuntos pagos, comunicaciones, operaciones policiales y hechos de violencia que ahora forman parte de un proceso penal federal estadounidense.
Acuse de recibido
La particularidad del caso está en que el Departamento de Justicia no acusa únicamente a integrantes de una organización criminal sino también a quienes, según su narrativa, habrían ocupado posiciones dentro de las estructuras gubernamentales encargadas de combatirla.
La lista comprende al gobernador Rocha Moya; al senador y ex secretario general de Gobierno Enrique Inzunza; al exsecretario de Administración y Finanzas Enrique Díaz Vega; al vicefiscal Dámaso Castro Zaavedra; a mandos de la Policía de Investigación; al ex secretario de Seguridad Pública Gerardo Mérida Sánchez; al ex subdirector de la Policía Estatal José Antonio Dionisio Hipólito; al alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil y al ex comandante municipal Juan Valenzuela Millán.
El DOJ resume su acusación con una frase particularmente significativa:
The defendants allegedly conspired with leaders of the Sinaloa Cartel to import massive quantities of narcotics into the United States in exchange for political support and bribes.”
En español: los acusados presuntamente conspiraron con dirigentes del Cártel de Sinaloa para introducir grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos.
No existe en el expediente un cargo denominado jurídicamente “captura del Estado”, pero lo que sí aparece en la acusación son conductas concretas: protección de integrantes del cártel, filtración de información de seguridad, utilización de recursos policiales, sobornos y, en el caso de Juan Valenzuela Millán, acusaciones adicionales de “secuestro con resultado de muerte”.
Primer punto de quiebre
Una de las partes más delicadas del expediente se refiere a las elecciones de 2021.
Según la acusación, durante la campaña para gobernador, Rubén Rocha Moya habría sostenido reuniones con dirigentes de Los Chapitos, entre ellos Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Ovidio Guzmán López.
El documento sostiene que, en una de esas reuniones, los dirigentes criminales habrían ofrecido apoyar su triunfo electoral a cambio de que, si llegaba al gobierno, colocara en posiciones de autoridad a funcionarios favorables a sus intereses.
La acusación incorpora además a Enrique Díaz Vega en esa etapa del relato. Según el expediente, habría entregado a integrantes del grupo criminal una lista con nombres y domicilios de opositores de Rocha Moya.
La fiscalía estadounidense sostiene que esa información habría sido utilizada posteriormente para intimidar y secuestrar a adversarios políticos con el objetivo de obligarlos a abandonar la contienda, según lo confirmaron los priistas Mario Zamora y la operadora política Paola Garate que ha descrito con detallé su secuestro en aquella jornada electoral .
El expediente también afirma que el día de la elección se produjeron robo de boletas y urnas, amenazas a votantes y presencia de personas armadas en casillas, mientras mandos de la Policía Estatal habrían ordenado a sus elementos no intervenir.
Son afirmaciones particularmente graves y, precisamente por ello, deben permanecer atribuidas al gran jurado estadounidense y, por el momento, no constituyen por sí mismas hechos judicialmente probados.
Poder y seguridad
La acusación sostiene que después del triunfo electoral hubo una nueva reunión entre Rocha Moya, Enrique Inzunza y dirigentes de Los Chapitos. Según el documento, en ella se habría discutido el control de corporaciones de seguridad del estado.
El DOJ sostiene que el acuerdo incluía acceso e influencia sobre estructuras como la Policía Estatal, la Policía de Investigación y la Policía Municipal de Culiacán.
En su comunicado oficial, el Departamento de Justicia describe el supuesto mecanismo de protección:
The defendants have played a variety of essential roles for the Cartel.”
Y enumera entre ellos haber protegido a dirigentes del grupo frente a investigaciones y arrestos, proporcionar información policial y militar sensible y utilizar corporaciones estatales y municipales para proteger cargamentos de droga.
La acusación afirma además que los funcionarios habrían recibido colectivamente millones de dólares procedentes de la organización criminal.
Gerardo Mérida: dinero y seguridad
El caso del general Gerardo Mérida Sánchez es uno de los más documentados dentro del expediente.
El ex secretario de Seguridad Pública de Sinaloa se entregó a autoridades estadounidenses el 11 de mayo de 2026, cruzando hacia Arizona, y posteriormente compareció ante una corte federal en Nueva York.
La acusación sostiene que, durante 2023 y 2024, Mérida Sánchez recibió más de 100 mil dólares mensuales en efectivo de Los Chapitos.
El supuesto intercambio era directo: no interferir con las operaciones de narcotráfico y proporcionar información anticipada sobre operativos policiales, incluidas redadas en laboratorios.
La imputación describe así la conducta atribuida al ex secretario: habría permitido que integrantes del grupo criminal evacuaran personas y drogas de laboratorios antes de los operativos.
En una estructura criminal, la información anticipada puede valer tanto como el dinero: la acusación no habla únicamente de corrupción económica, sino del supuesto uso de información estatal como mecanismo de protección criminal.
Secuestro y homicidio de informante de la DEA
El expediente adquiere otra dimensión en el caso de Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, ex comandante de alto nivel de la Policía Municipal de Culiacán.
Según el DOJ, Millán habría recibido aproximadamente 41 mil dólares mensuales en sobornos para él y otros elementos policiales. Eso permitió a Los Chapitos acceder a información, operaciones, patrullas, radios y recursos de la Policía Municipal.
Pero el cargo más grave es otro. El Departamento de Justicia lo acusa de participar en el secuestro de una fuente confidencial de la DEA, identificada en el expediente como Alexander Meza León, y de un familiar de esa fuente.
La acusación sostiene que ambos fueron secuestrados en octubre de 2023 y posteriormente asesinados. El expediente afirma que agentes municipales, utilizando una patrulla, habrían detenido a las víctimas y posteriormente las habrían entregado a integrantes armados del grupo criminal.
Es uno de los pasajes más delicados de la acusación porque transforma la hipótesis de corrupción en una imputación de colaboración directa entre agentes públicos y una organización criminal en un hecho de violencia extrema.
Dinero como mapa de la estructura
El DOJ señala, entre otros, a Dámaso Castro Zaavedra, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez, José Antonio Dionisio Hipólito y Juan de Dios Gámez Mendívil, a quienes atribuye cargos de conspiración para importar narcóticos y delitos relacionados con ametralladoras y dispositivos destructivos. En el caso de Valenzuela Millán se agregan los cargos relacionados con secuestro con resultado de muerte.
El documento también describe la existencia de una presunta “nómina” criminal que resulta relevante porque, de comprobarse judicialmente, cambiaría la interpretación de la relación entre individuos y organización: no se trataría únicamente de contactos aislados, sino de una estructura de pagos asociada a responsabilidades concretas.

Dos sistemas jurídicos confrontados
Mientras el proceso estadounidense avanzaba, México abrió sus propias investigaciones.
El 1 de mayo de 2026, Rocha Moya solicitó licencia temporal para separarse de la gubernatura. El propio gobernador explicó entonces que su decisión buscaba no interferir en las investigaciones de la Fiscalía General de la República.
El 29 de abril, la FGR había fijado una posición pública frente a la solicitud estadounidense y señaló deficiencias probatorias y procedimentales.
La Secretaría de Gobernación informó posteriormente que la FGR mantenía abiertas carpetas de investigación sobre las diez personas señaladas por el Departamento de Justicia estadounidense y que la Secretaría de Relaciones Exteriores había solicitado a Washington las pruebas correspondientes.
Después de 112 días de licencia, Rocha Moya se reincorporó a la gubernatura el 21 de agosto.
El gobernador explicó al volver:
Hoy, estoy de regreso.”
Pero no tardo mucho en recibir el desacuerdo presidencial por su regreso, y volvió a solicitar licencia de manera indefinida.
Cambio de escala
El 20 de julio de 2026, el Departamento de Justicia informó que Ismael “El Mayo” Zambada García fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional y condenado al decomiso de 15 mil millones de dólares.
Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, por su parte, permanece cumpliendo una condena de cadena perpetua más 30 años, impuesta tras su condena en Brooklyn en 2019.
La estructura histórica del Cártel de Sinaloa se encuentra, por lo tanto, bajo una presión judicial estadounidense que se ha extendido durante varios años y que en 2026 alcanzó también a funcionarios públicos sinaloenses y al relevo generacional de los legendarios capos sinaloenses..
Nueva ofensiva financiera
El 29 de septiembre, el Departamento del Tesoro estadounidense anunció nuevas sanciones contra 21 individuos y 25 entidades vinculados, según OFAC, con Los Mayos y redes de corrupción en Baja California. La operación incluyó a Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”, y a operadores vinculados con Tijuana y Mexicali.
El Tesoro describió también mecanismos de corrupción de autoridades locales y designó a funcionarios y operadores políticos de Baja California vinculados, según la dependencia, con actividades del Cártel de Sinaloa.
Este movimiento no equivale a una nueva acusación contra los funcionarios del expediente S9 23 Cr. 180, pero muestran una tendencia clara de la estrategia estadounidense: perseguir simultáneamente la estructura criminal, sus finanzas y las redes de corrupción que, según las autoridades estadounidenses, permiten su funcionamiento.

Lo que está en juego
El expediente S9 23 Cr. 180 plantea una pregunta que va más allá de los nombres incluidos en la acusación:
¿Hasta dónde puede penetrar una organización criminal en las instituciones encargadas de combatirla?
La respuesta judicial todavía no existe. Existe, en cambio, una acusación formal de Estados Unidos que sostiene que determinados funcionarios y exfuncionarios sinaloenses habrían intercambiado poder institucional, información de seguridad, protección policial y apoyo político por dinero y respaldo criminal.
Existe también una respuesta mexicana: investigaciones abiertas, solicitudes de evidencia, defensa de la soberanía y la presunción de inocencia.
Y existe un tercer elemento: los hechos violentos que durante los últimos dos años han colocado a Sinaloa bajo una presión social y económica extraordinaria.
La acusación estadounidense no explica por sí sola toda la violencia de Sinaloa, pero sí coloca bajo examen judicial una hipótesis concreta: que una parte de la violencia y del tráfico de drogas pudo haber contado, según los fiscales estadounidenses, con protección desde dentro de las propias estructuras públicas.
Documentos consultados por P23:
- U.S. Department of Justice — Southern District of New York: acusación contra Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza Cázarez y otros nueve funcionarios y exfuncionarios; publicada el 29 de abril de 2026.
- Superseding Indictment S9 23 Cr. 180 (KPF): texto judicial oficial, 34 páginas.
- Gobierno de Sinaloa: licencia y reincorporación de Rubén Rocha Moya.
- Secretaría de Gobernación: posición federal sobre las investigaciones y la solicitud de pruebas a Estados Unidos.
- U.S. Department of the Treasury / OFAC: sanciones del 29 de septiembre de 2026 contra redes del Cártel de Sinaloa y corrupción asociada.
- U.S. Department of Justice — Eastern District of New York: sentencia de Ismael “El Mayo” Zambada García a cadena perpetua, 20 de julio de 2026.
- U.S. Department of Justice / DEA: recompensas de hasta 5 millones de dólares por información sobre René y Alfonso Arzate García.
