De López a López: 50 años sin quitarle una pluma a organizaciones criminales/Por Mario Martini

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  • Miles de millones han invertido en América Latina y no le han quitado ni una pluma a armeros y traficantes.-

Segunda parte

@MarioMartini

Durante varios años los hermanos Arellano Félix, contrabandistas menores de vino y cigarros a fines de los 60, vivieron su época de oro empresarial en Mazatlán y Tijuana en los años 80 y 90 cuando cambiaron a la marihuana, cocaína y metanfetaminas al grado de que Francisco, el mayor, estuvo a punto de ser nombrado Empresario del Año por las entonces selectivas cámaras de la iniciativa privada del puerto sinaloense.

Su discoteca Frankie Oh!, anunciada como la Discoteca del Campeón JC Chávez, fue centro de reunión social y político bajo la protección del presidente Carlos Salinas de Gortari y del nuncio apostólico Girolamo Prigione, según consta en el expediente del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, asesinado de 14 impactos de bala en el aeropuerto Internacional de Guadalajara, en el occidente de México, el 24 de mayo de 1993.

Versiones posteriores aseguran que el religioso fue abatido porque estaba a punto de revelar la relación de traficantes con funcionarios de alto nivel del gobierno mexicano. Otras más recientes, difundidas en teleseries, aseguran que fue una confusión por el auto similar de Joaquin el chapo Guzmán Loera, enemigo jurado de los Arellano, quien coincidió en el aeropuerto.

Foto de archivo/DEA

  • Imperio criminal y fracaso en cifras

Estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas confirman que el mercado mundial de drogas en 2008 lavaba anualmente en el mundo unos 600 mil millones de dólares (6 billones, 138 mil millones, 660 millones de pesos, 85 veces el presupuesto para seguridad pública; 3 veces el presupuesto total de la federación en 2008, 2009 y 2010 (251 mil millones de dólares en promedio); y casi la cantidad que los congresistas estadounidenses aprobaron en 2008 para salvar de la quiebra al sistema financiero norteamericano.

Del total de dinero ilícito lavado, 178 mil millones corresponden a América Latina, repartidos entre Colombia, Venezuela, Brasil y México (dos billones 569 mil millones, 450 millones doscientos mil pesos); es decir, el mercado norteamericano compra la tercera parte del comercio mundial de drogas.

Del gasto programable en 2008, el gobierno federal mexicano ejerció para seguridad pública, con énfasis en combate al narcotráfico, 77 mil 262 millones de pesos que incluyeron los presupuestos de las Secretarias de Seguridad Pública, Marina, Defensa Nacional y Procuraudría General de la República (PGR).

La Sedena recibió en 2013 un incremento de siete mil 100 millones de pesos adicionales para incrementar sueldos de la tropa, mejorar atención médica, cubrir gastos de operación y mantenimiento de instalaciones en los estados donde hospedan a las fuerzas federales, compra de nuevos uniformes (durante 4 años qno los renovaron) y tres aviones «caza 295» que sustituyeron a tres viejos aviones Hércules.

En 1972, el presupuesto de las fuerzas armadas alcanzó cifras extraordinarias: SEDENA: 58 mil 520.06 mmdp; SEMAR: 25 mil 389.21; SSPC: 2 mil 809.16; para inteligencias: 2 mil 810.48; y para la Guardia Nacional: 62,825  mdp.

  • Nula inteligencia policial

La PGR aplicó en 2008 3 mil 627.6 millones de pesos para combatir los delitos federales y de ellos mil 208.4 millones —el 33% por ciento del total— fueron etiquetados para el combate al narcotráfico y narcomenudeo; 490.5 millones al combate a la delincuencia organizada; mil 208 millones para servicios de apoyo para el combate al narcotráfico, narcomenudeo y demás delitos del fuero federal; 2 mil 215 millones para investigación de delitos del fuero federal y ejecución de mandamientos judiciales y Ministeriales; 312 millones para representación jurídica de la federación en el ámbito interno y coordinación de las atribuciones del Ministerio Público en el ámbito internacional; 169.7 millones para promover el respeto a los derechos humanos; 326 millones para auditar a las policías estatales y municipales a través de los Centros de Control de Confianza e Indicadores de Desempeño; y solamente ¡3 millones 50 mil 842 pesos!, para el Instituto Nacional de Ciencias Penales, responsable de incrementar y fomentar la realización de la investigación científica en el marco de las ciencias penales.

Precisamente es en este último rubro —el de la investigación científica”— donde el gobierno federal deja al descubierto la deficiente estrategia elegida para combatir a un enemigo que, además de la superioridad en armas, tecnología y logística tiene casi 8 décadas desarrollando sistemas para fortalecer esquemas de producción, distribución, comercialización, investigación para el diseño de nuevas mercancías y desarrollo de tecnología para penetrar las estructuras gubernamentales y la economía formal a través del lavado de dinero.

Adicionalmente al presupuesto federal, el gobierno aplicó ese año el “Subsidio para la Seguridad Pública Municipal” (SUBSEMUN) por 4 mil 785.8 millones de pesos, de los que 207.5 millones correspondieron a 5 municipios de Sinaloa, controlados por organizaciones criminales.

Con 3 mil efectivos reconocidos por las fuerzas federales —destacados solamente en Culiacán, identificada por los servicios de inteligencia norteamericanos como el Chicago mexicanogastó diariamente 6 millones de pesos en sueldos, prestaciones, hospedaje y viáticos de la fuerza combinada acantonada en la ciudad. Esto quiere decir que el SUBSEMUN agotó la partida presupuestal en los primeros 23 días de acción del Operativo Culiacán-Navolato 2008.

  • Plan Colombia y Plan Mérida, fracaso anunciado

Con buenas intenciones pero pocos recursos para garantizar el futuro de las familias de los combatientes, el Programa Sectorial de la Secretaría de Seguridad Pública 2007-2012 privilegió dos propósitos fundamentales:

1. Combatir a la delincuencia y

2. Corregir las conductas sociales que propician la comisión de delitos mediante el programa Limpiemos México”.

Conjuntamente la Iniciativa Mérida comprometió mil 400 millones de dólares y de ellos entre 350 y 400 millones fueron para equipo y tecnología. Algunos expertos en la materia adelantaron el fracaso de la iniciativa por ser copia fiel del Plan Colombia que recibió equipo reciclado sobre valorado para inflar el monto de la asistencia.

Foto: Gustavo de Greiff Restrepo/Printerest

Con base en la experiencia obtenida en su paso por la Fiscalía General de Colombia y como ex combatiente del narcotráfico en ese país sudamericano, Gustavo de Greiff Restrepo ha dicho en diversos foros:

La lucha contra el narcotráfico en México y cualquier otra parte del mundo está perdida. No entiendo por qué insisten en seguir combatiendo al tráfico de drogas por medio de la represión, si estas medidas han fracasado en los últimos 40 años. La solución debe ser legalizar la producción y consumo, y con eso terminamos con el problema… ”

Después de un intenso combate que costó unas 600 vidas de policías, militares, jueces, abogados, civiles y funcionarios, el gobierno colombiano logró desarticular al poderoso cártel de Medellín pero desde esa fecha (1992-1994) Gustavo de Greiff vive con una frustración:

(…) lo que más duele es que toda esta batalla no sirvió para nada. El tráfico de drogas siguió boyante. Colombia continuó exportando cocaína a Estados Unidos a través de México y la droga aumentó y el precio empezó a disminuir. Todo esto es muy doloroso, pero me llevó a la conclusión que la represión contra el narcotráfico no es la mejor estrategia. Desgraciadamente México va por el mismo camino y lo que veo es que toda esa lucha resultará un verdadero fracaso (…)”

Según cifras extra oficiales aportadas por diversas fuentes de información, en el gobierno de Calderón Hinojosa fueron asesinados más de 100 mil mexicanos, superando por mucho todas las muertes causadas por grupos terroristas del mundo y duplicando el número de bajas del ejército norteamericano en la guerra de Vietnam. Y en lo que va del gobierno de Andrés Manuel López Obrador van 125 mil homicidios vinculados a grupos criminales.  ¿A quién conviene mantener un estado de guerra?

  • Ni una pluma a los armeros

El Instituto Internacional de Paz de Estocolmo estima que Estados Unidos destina más de 340 mil millones de dólares al año para el desarrollo y producción de armas. Es sin la menor duda el país armamentista más grande del mundo, superior a Rusia y Alemania. En el último informe presentado el 21 de febrero de 2011 el Instituto reveló que 45 de las 100 empresas mundiales fabricantes de armas con mayores ganancias operan en Estados Unido. Tan solo en ese año —cuando México estaba en llamas— obtuvieron ganancias por 247 mil millones dólares en ventas que representa el 61.5 % del total del mercado mundial de armas, ¡la tercera parte de las utilidades mundiales por drogas y 7 vece las ganancias que generan los estupefacientes en Estados Unidos!

Foto de archivo:ISS-UNAM

Vista así, la guerra contra las drogas no es competencia ni responsabilidad del pueblo mexicano ni tampoco de su gobierno que debe someter sus acciones a la soberanía popular consagrada en la Constitución de la República, bajo el concepto simple de que el empleado debe acatar las órdenes del patrón y no al contrario. El parte diario de guerra que rinden militares y policías nacionales registra solamente muertos y daños colaterales, pero no informa sobre el desmantelamiento del patrimonio criminal porque simple y sencillamente no lo hubo. ¿Cuántas empresas ligadas a la delincuencia o al lavado de dinero incautaron, desarticularon o simplemente clausuraron los 3 últimos gobiernos de la república?

  • Ni una pluma al narco

Cocaína, marihuana, anfetaminas, drogas de diseño y ahora el fentanilo fluyen por las rutas convencionales del trasiego de drogas hacia Estados Unidos, Canadá, Europa y Oceanía. Los principales capos mexicanos y sus cómplices sudamericanos y estadounidenses siguen operando en condiciones normales y el consumo interno sigue creciendo en México.

Muchos millones se han regado por América Latina y el objetivo de aquella embestida militar de 1977 en Sinaloa sigue sin dar resultados en términos de paz y seguridad ciudadanas.

Foto principal de archivo/Contralínea

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