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Delincuentes y servidores públicos, los principales agresores.–
Por Mario Martini
Después del primer asesinato de un periodista en Sinaloa, ocurrido en Mazatlán en 1874 por orden del gobernador Francisco Cañedo, tuvieron que pasar 149 años y morir o desaparecer 28 periodistas más y 7 defensores de derechos humanos para tener un sistema de protección en Sinaloa. Ha sido una ruta larga, dolorosa y sangrienta.., y la cuesta sigue siendo hacia arriba.
El 22 de febrero de 1988 el crítico periodista Manuel Burgueño Orduño, colaborador de Paralelo23, publicó la perversa relación entre traficantes de drogas y autoridades estatales de seguridad. Fue asesinado ante los ojos aterrados de su familia, mientras comía en la casa de una de sus hijas en Mazatlán hasta donde ingresó un comando que lo asesinó de varios tiros. Al mando de los delincuentes iba el hermano de Humberto Rodríguez Bañuelos, (a) “la rana”, comandante de la Policía Judicial del Estado en la zona sur, que aspiraba a ocupar la dirección estatal con el apoyo de Juan Manuel Salcido Uzeta, (a) “el cochiloco”, a quien servía. Publicar esta relación le costó la vida.
Desde entonces, los periodistas de Mazatlán -que aportó 4 muertos o desaparecidos más en los años siguientes- propusieron dar forma a una organización gremial estatal que acompañara la exigencia de justicia y demanda de protección para el desempeño de su trabajo. Tuvieron que pasar 34 años para tener un organismo autónomo -supervisado por un consejo honorífico de 3 periodistas y 3 defensores de las 3 zonas del estado, electos democráticamente por los 40 diputados de la LXIV Legislatura-, cuyo propósito fundamental es inhibir por todos los medios las agresiones contra estos dos grupos de ciudadanos y colaborar con todas las capacidades del Estado para proveer condiciones de seguridad suficientes y eficaces para el pleno ejercicio de la libertad de expresión en Sinaloa, horcón de en medio sobre el que descansa toda sociedad democrática
- ¿Como para qué?
A un año de aprobarse la ley que lo originó, la pregunta es válida: ¿Para qué queremos un Instituto de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en Sinaloa (IPS)?
Su justificación existencial está en los reiterados asesinatos de periodistas y defensores de derechos humanos, así como el alto riesgo para desempeñar ambas actividades en México, lo que no ocurre con alguna otra actividad humana. No hay en nuestra historia contemporánea registros sobre agresiones contra médicos, ingenieros, albañiles, amas de casa, estudiantes, contadores, comerciantes o incluso abogados y servidores públicos, como evidentemente si las hubo y las hay de manera sistemática y obsesivamente recurrente contra estos dos gremios que plantaron cara al abuso de poder desde el porfiriato y a la corrupción que desencadenó la industria de las drogas que emergió en Sinaloa con la Segunda Guerra Mundial. Actualmente este negocio ilícito -extendido a la trata de personas, tráfico de armas, extorsión, secuestró y operación política- tiene ensangrentada a la República sin que veamos alternativas de salida en el corto, mediano o largo plazo. Son los criminales la principal fuente de agresión contra periodistas, seguidos de servidores públicos estatales y municipales, entre los que hay vasos comunicantes.
Dicho de otra manera, la violencia contra quienes denuncian la alianza entre crimen organizado y poder político no disminuirá sino todo lo contrario, según los hechos registrados durante el primer año de operaciones y las proyecciones del Instituto: las agresiones no ceden sino que van en aumento.
- Ubicación de prioridades
Durante este primer año de funciones han surgido discusiones sobre las prioridades del Instituto. Algunos lo imaginan como organización mutual que resuelva de manera indefinida e ilimitada las necesidades laborales, sociales y económicas de quienes arriesgan la vida en defensa del derecho a la libertad de expresión. No es mala idea si tuviera recursos igualmente ilimitados.
Otros encuentran la justificación existencial en la prevención que es el talón de Aquiles de toda la administración pública, particularmente en temas de salud y seguridad. Si tuviéremos un eficaz sistema nacional de prevención, otro gallo nos cantara y seguramente ya estaríamos ingresado al primer mundo, desafortunadamente no es así.
Es decir, el objetivo prioritario de este organismo autónomo debe alinearse con todas las capacidades institucionales para proveer las condiciones indispensables de seguridad para que cualquier ciudadano sinaloense pueda ejercer la libertad de expresión sin temor a perder la vida, el patrimonio o la libertad.
Por supuesto, ambas posturas son puntos de partida para definir políticas públicas que consigan algún día inhibir la violencia contra quienes expresan libremente sus ideas en beneficio del avance democrático. La ruta la trazará la dinámica propia de los acontecimientos.
- Nonato
Antes del nacimiento legal algunos potenciales usuarios opinaron que no tenía razón de existir bajo el pesimista augurio de ser otra estructura burocrática más, otro elefante blanco, según expresiones libres durante el parlamento abierto a que convocó el Congreso del Estado previamente a la aprobación de la Ley el 27 de mayo de 2023 como ejemplo nacional que incluso podría tomarse en cuenta para la Ley General en proceso.
Sin indicadores que lo respaldaran, el Instituto recibió 12 millones de pesos -50 por ciento del presupuesto solicitado- para que arrancara operaciones en agosto de 2022 cuando recibió las primeras ministraciones. A partir de entonces, la directora Jhenny Judith Bernal Arellano empezó a organizar el equipo de trabajo con especialistas probados en defensa de derechos humanos, buscar oficina, comprar algo de mobiliario y diseñar los lineamientos básicos y protocolos de actuación con los 6 consejeros ciudadanos. Fue un año particularmente complicado, de febriles discusiones surgidas por la formación plural de sus integrantes, pero después de 10 meses el avance es sustantivo.
Además del imprescindible «Reglamento General», destaca la aprobación de dos documentos fundamentales y una tarea esencial: el “Protocolo para la Evaluación de Riesgos”, documento técnico que cierra la puerta a la simulación, define con claridad el perfil de usuarios, ubica el nivel de amenaza, registra las zonas de peligro e identifica a eventuales agresores, entre otros indicadores. Igualmente valiosos son los «Lineamientos del Fondo Social” que fue aprobado por mayoría con la ausencia de 2 consejeros. La tarea mayor en evolución es la construcción del “Atlas de Riesgo” que avanzó con el mapa de incidencias que está por mutar a mapa de riesgos para luego escalar al Atlas que sea la base de políticas públicas certeras y focalizadas.
- Apoyo social
Sin estar considerado en la propuesta presupuestal original, el Consejo aprobó la propuesta de crear el fondo de ayuda social como consecuencia de las agresiones y despojo de herramientas de trabajo que sufrieron varios reporteros que cubrieron la detención de Ovidio Guzmán y fueron daños colaterales el jueves negro del 5 de enero de 2023. El consejo autorizó reponer los equipos robados y extraer del estado a un reportero bajo amenaza extrema. La intervención del Instituto fue impecable.
Foto de archivo/Lado B
De estos hechos surgió el lineamiento para aplicar el fondo, complementado ahora por el protocolo para la evaluación de riesgos. Entre otras disposiciones, autoriza apoyo económico a desplazados hasta por 130 UMAS durante 3 meses con un refrendo de otros 90 días, si así lo determina el Consejo después de evaluar la evolución de la amenaza. Todos los documentos fueron publicados en el Periódico Oficial del Estado, de tal manera que la ayuda indefinida constituye una violación a la ley. Por supuesto, el dinamismo natural de los acontecimientos y de la incidencia de agresiones pudieran apurar una reforma bajo el práctico concepto de aprendizaje a prueba y error.
La discusión razonada de las ideas y la experiencia adquirida evitará hacerle el caldo gordo a quienes pretenden descarrilar a un organismo autónomo, administrado por periodistas y activistas, que incomoda a quienes navegan entre la corrupción y la impunidad y tiene la enorme responsabilidad de proteger la vida, tarea que no es menor.
- Un año
Desde la discusión del presupuesto al interior del Consejo Consultivo empezó a generarse desinformación o verdades a medias por interpretaciones personales que incluso metió en la narrativa al gobernador del estado Rubén Rocha Moya que a bote pronto y sin tener la información completa declaró contra inexistentes excesos en la asignación del presupuesto, ruido al que se sumaron detractores al acecho.
Como condición para aprobar el imprescindible reglamento interno de operación -requisito legal para acceder al presupuesto-, los consejeros que apoyaron la propuesta original de 28 millones de pesos tuvieron que aceptar reducirla a 24 millones, sabiendo que el Congreso la rasuraría a la mitad a pesar de no tener ni un lápiz para empezar, lo que finalmente ocurrió. Fue el costo del noviciado.
La distribución presupuestal que presentó la Coordinación General Administrativa fue diseñada para atender de manera prioritaria los ejes operativos de protección y capacitación. Obviamente el recorte de 12 millones de pesos afectó a medidas de protección que increíblemente fue etiquetado en cero pesos y el recurso para capacitación fue recortado casi a la mitad.
Esta reducción forzó a operar con una plantilla a medias y a reasignar recursos programados para mobiliario y vehículos para cubrir las medidas de protección y apoyo que contempla la Ley en los artículos 48 y 42, respectivamente. De esta manera, el personal trabaja con computadoras personales y presta sus vehículos para realizar tareas del Instituto.
Comparativamente con otros organismos autónomos, la protección de defensores y periodistas fue la más baja en 2023, según la tabla siguiente:
- CEDH: $44’031,968.00
- CEAIP: $36’953,771.00
- Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa: $103’505,617.00
- Instituto Electoral del Estado de Sinaloa: $95’548,782.00
- FGS: : $925’143,421.00
Primer corte
En un primer corte el Instituto elaboró un diagnóstico sobre las agresiones ocurridas de agosto 2022 a mayo de 2023. Estos datos preliminares servirán para alimentar el indispensable Atlas de Riesgo que es la Biblia en materia de prevención de desastres y, en este caso, de amenazas contra periodistas y activistas en determinados espacios del estado, incluyendo por supuesto zonas de silencio e identidad de potenciales agresores.
De acuerdo con el informe de estos primeros 10 meses, el ejercicio periodístico recibió casi el doble de agresiones que los defensores de derechos humanos (92-47). Los municipios con mayor número de agresiones fueron los centros urbanos de Culiacán, Ahome, Mazatlán, Guasave, Navolato y El Fuerte, en ese orden.
Los agresores fueron criminales, particulares y servidores públicos estatales y municipales a través de amenazas, despojo de equipo de trabajo, descalificación a la labor periodística, lesiones, censura, descalificación y obstaculización a la defensa de derechos humanos. Ocurrieron principalmente en la vía pública, domicilio de las víctimas y la fuente de empleo. Las amenazas fueron de manera personal, por teléfono, redes sociales y terceros. “22 fueron a mano armada, 10 utilizando el poder público, 2 a través de medios tecnológicos y 1 por uso del poder político”.
Fueron violados derechos a vivir una vida libre de violencia, a la integridad psicológica, a la libertad profesional, a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, a defender derechos, a la propiedad, a la integridad física y a la libertad de residencia, en ese orden.
Se han dictado 142 tipos de medidas, de las cuales 75 son medidas preventivas, 58 asesorías jurídicas, 6 comunicados, 5 acompañamiento a marchas, 3 solicitudes de resguardo policial a manifestaciones, 2 acompañamientos a manifestaciones y 1 solicitud de recepción de denuncia en domicilio. 32 son medidas de atención, específicamente, 26 ayudas sociales y 6 conminaciones. 31 son medidas de urgente protección, 24 son rondines bitacorados, 6 custodia permanente y 1 aplicación de emergencia SOS 360 de la SSPES. Y por último, 4 son medidas de protección, de las cuales 3 son rondines bitacorados y una conminación
Las medidas de protección fueron aplicadas en Culiacán 79, Ahome 24, Mazatlán 21, Guasave 11, Navolato 6, El Fuerte 1. Los agresores fueron particulares presuntamente vinculados con actividades criminales 18, particulares 6, servidores públicos estatales 6 y servidores públicos municipales 5
Las agresiones fueron mediante amenaza 23, Sustracción de equipo de trabajo 4, Descalificación a la labor periodística 3, Lesiones 2, Censura 1, Descalificación a la labor de defensa de derechos humanos 1 y Obstaculización a la labor de defensa de derechos humanos 1. Fueron Personalmente 13, Teléfono 13, Redes sociales 5 y Terceros 4
El poder utilizado fue armado, público, tecnológico y político. La causa: publicación periodística 17, Acciones de defensa de derechos 10, Grabación de audio, foto y vídeo 4
El Instituto atendió a 24 periodista, 10 defensores de derechos humanos y 10 familiares. Otorgó 65 apoyos sociales para alimentación, desplazamiento, renta temporal de vivienda, salud, adquisición de equipo de trabajo y transporte para extracción.
- Nivel y numeralia
Otra discusión obsesiva y reiterada es el ingreso salarial del personal que exhibe alto nivel académico y profesional con licenciatura, doctorado o maestrías.
Con evidente ignorancia del servicio público, algunos exigieron que la directora Bernal Arellano, doctora en derecho con mención de Honor por la UNAM, doctora en derechos humanos por la UNED de España y doctora Honoris Causa por la Academia Jurídica de Baja California A.C., gane un sueldo franciscano para disponer ese ahorro en mantener a desplazados sin considerar el alto riesgo del cargo como el de la fiscal general Sara Bruna Quiñónez. Tanto la directora y el coordinador de medidas de protección tienen derecho legal a una compensación adicional del 30 por ciento al ingreso mensual bruto, según lo determina el artículo 51 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa. Esta prestación fue rechazada por ambos funcionarios.
El personal de las 4 coordinaciones y la Secretaria Técnica tienen méritos académicos suficientes para ocupar el cargo, con maestrías en derechos humanos, derecho procesal y derecho electoral; criminalística, contaduría pública y finanzas; ciencias de la comunicación y psicoterapia gestalt.
- Comparativo con otros
Comparativamente con otros organismos autónomos como las comisiones de Derechos Humanos y Acceso a la Información Pública, así como con la misma Fiscalía General, el Instituto recibe en términos absolutos el presupuesto más bajo.
Quienes regatean la remuneración justa y legal del personal operativo, pretenden ignorar que hay tabuladores oficiales de ingresos para organismos autónomos similares como CEDH, CEAIP, Tribunales y FGS. De acuerdo con las percepciones brutas y netas mensuales consultadas en la Plataforma Nacional de Transparencia correspondientes al primer trimestre del ejercicio 2023, la diferencia es absoluta:
- El titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos tiene un ingreso mensual bruto de $148 mil 056 mil pesos.
- El comisionado presidente de la Comisión de Acceso a la Información Pública gana $99 mil pesos mensuales.
- El magistrado de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa recibe $163 mil 140 pesos al mes.
- El presidente del Instituto Electoral del Estado gana $143 mil 705 pesos.
- Y la Fiscal general tiene una percepción bruta mensual de $162,209.50 con el bono adicional por riesgo del 30 por ciento.
- La directora del Instituto gana $71 mil 995 mil pesos con 46 centavos como percepción bruta mensual, la más baja de todos.
Estilo de vida
El alcance preventivo del instituto supera por mucho la idea de convertirlo en una organizada mutual que disperse recursos económicos ilimitados y permanentes para usuarios en riesgo, cancelando la posibilidad de que en algún momento las víctimas puedan reinventarse, recuperar su vida laboral y regresar a su tierra. Es decir, entregar el presupuesto a quiénes estén en riesgo. Llevado el ejemplo al extremo, la Fiscalía podría distribuir su presupuesto de casi mil millones de pesos para que cada familia sinaloense compre un AK47, contrate seguridad privada y hagan justicia por mano propia. Sería un grave despropósito poner todos los huevos en la canasta de las medidas de protección que debe ser la última trinchera del Instituto, pues un periodista o defensor desplazado es un periodista o defensor silenciado. En este contexto, los agresores ganan.
El periodista, por su naturaleza y resilencia, se levanta de la adversidad en cualquier momento y lugar. ¿Cuánto tiempo necesita un periodista para recuperar su actividad? ¿Seis meses o un año? Obviamente cada caso es diferente y hay situaciones extremas que deben atenderse. Sin embargo, cuando abrazamos esta profesión aceptamos los riesgos que implica buscar, hurgar, indagar, molestar, incomodar, denunciar y publicar información de interés colectivo. El periodismo -como también el activismo social- no es una profesión, es un estilo de vida
- Transparencia y rendición de cuentas
Para informar al detalle acerca de este primer año, la directora Bernal Arellano envió el 6 de junio anterior solicitud al coordinador de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, diputado Feliciano Castro Meléndrez, para comparecer ante la sexagésima legislatura. Y ese mismo día los diputados Celia Jáuregui Ibarra y Ricardo Madrid coincidieron en brindar todo su apoyo para fortalecer al Instituto de Protección.
- Foto de portada: El País
- Gráficos/Informe del IPS
