Por Graciela Machuca Martínez | Maya Sin Fronteras | P23
Durante los últimos años en Quintana Roo, la sociedad se ha ido percatando de la corrupción dentro de las corporaciones policiacas, con algunos elementos que trabajan tanto para el Estado como para la delincuencia organizada o delinquen por cuenta propia.
La impunidad en la mayoría de los casos que se dan a conocer públicamente, es la constante, como está ocurriendo con el agente de la Policía de Investigación Estatal, organismo dependiente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo, quien fue detenido en su domicilio, ubicado en la Manzana 501 de Cancún, por elementos de la Fiscalía General del Estado, al comprobarse que tenía en su poder el teléfono celular de una víctima de desaparición.
Los agentes de la Fiscalía, al hacer un seguimiento del móvil, por el GPS, lo identificaron en el domicilio del policía, después detenido, pero dejado en libertad horas después por el Ministerio Público, al no encontrarlo en flagrancia o tener pruebas que lo incriminarán.
Familiares de la víctima le pidieron a la Fiscalía que localizara el teléfono ya que por medio de ese aparato los estaban extorsionando para darles información sobre el paradero de su ser querido.
La Fiscalía llegó a un domicilio particular donde se detectó que salía la señal y se encontró con la sorpresa que se trataba del domicilio particular de un policía en activo de la Secretaría Estatal de Seguridad Ciudadana, detuvieron al policía y aseguraron el teléfono.
Sin embargo, el Ministerio Público que conoció del caso lo dejó en libertad al encontrarse ante una serie de lagunas legales que le impidieron ponerlo a disposición de un juez como imputado del delito de extorsión o robo de evidencias de un delito.
Aquí es cuando nos encontramos ante la incapacidad del Congreso del Estado para hacer las reformas penales y procesales correspondientes en la legislación quintanarroense para que se adecue a la realidad. La misma presidenta de la república reconoció que Quintana Roo tiene el Congreso más caro del país, pero el pueblo de Quintana Roo sabe que su operación es inútil, porque no legisla en favor de la sociedad.
Después de la liberación del policía, el secretario de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo, Julio César Gómez Torres, informó que la Dirección de Asuntos Internos abrió una investigación.
Pero, además, se atrevió a defender a su elemento, al decir que podría tratarse de que el policía sustrajo el equipo del lugar donde ocurrió la desaparición, lo cual consideró que también es un delito, porque obstruye las investigaciones. Olvidándose de la línea de investigación que el policía pudo participar en la desaparición de la persona.
Las autoridades de procuración de justicia de Quintana Roo tuvieron la oportunidad de darle seguimiento a una línea de investigación, sobre la desaparición de una persona, precisamente porque un policía, a quien se le paga para que proteja a la ciudadanía, es señalado de extorsionar a la familia de una víctima, con el teléfono de ésta, pero como no existen normas procesales actualizadas en la entidad, el caso seguirá en la impunidad.
Este caso ha generado indignación y se suma a las investigaciones pendientes por el posible involucramiento de más funcionarios en la red de extorsión y encubrimiento de personas desaparecidas en la zona.
Además, este caso pone de manifiesto una de las tensiones institucionales más agudas en Quintana Roo: la desconexión entre la operatividad preventiva y la integración judicial. El conflicto no es solo legal, sino de narrativa política y de gestión de crisis.
Tanto la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) como la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo tienen la obligación de transparentar a la ciudadanía lo que sucedió en con este caso de desaparición de persona y los motivos reales que llevaron a la liberación del policía detenido, con lo que se perdió la oportunidad de que por lo menos un caso de la gran lista, se resolviera.
El discurso gubernamental está enfocado en que para la Secretaría, la prioridad es la percepción de «limpieza interna» y la acción inmediata.
La SSC suele apostar por la detención y la exposición mediática del elemento para demostrar que no encubren a «malos policías». Su estrategia es reactiva y busca mitigar el costo político ante la opinión pública.
Se centran en el momento del arresto. Si encuentran el teléfono de una víctima de desaparición en manos del agente, para la SSC es una prueba contundente de culpabilidad inmediata que justifica el uso de la fuerza y la puesta a disposición.
Su respuesta técnica suele ser la suspensión inmediata del cargo a través de Asuntos Internos, antes incluso de que se dicte un auto de vinculación a proceso, para deslindar a la institución de la conducta del individuo.
Para la Fiscalía, la prioridad debería ser el debido proceso y evitar que el caso se caiga en los juzgados.
La FGE suele argumentar que las detenciones de la SSC a veces carecen de sustento técnico o que el «Informe Policial Homologado» (IPH) está mal redactado. Si la detención por extorsión no está debidamente acreditada, la FGE opta por la liberación para evitar un «amparo» o una recomendación de Derechos Humanos.
Una estrategia común de la Fiscalía es separar los delitos. Pueden considerar que poseer el teléfono de una víctima de desaparición no es prueba suficiente para imputar extorsión en ese momento, o que no hay un nexo causal directo e inmediato que soporte la prisión preventiva oficiosa bajo el tipo penal presentado por la policía.
Liberar al agente «por falta de pruebas» es una medida defensiva de la FGE para no llevar ante un juez un caso débil que termine en una sentencia absolutoria.
El punto donde ambas estrategias fallan éticamente es el hallazgo del teléfono de la persona desaparecida. Mientras la SSC lo usa como trofeo de detención y la FGE lo trata como un objeto técnico, la búsqueda de la persona queda en segundo plano.
La liberación del policía por «falta de pruebas» en el delito de extorsión manda un mensaje de impunidad, especialmente cuando el agente posee objetos de una víctima de un delito de alto impacto (desaparición forzada o cometida por particulares).
Mientras la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Ciudadana se perdieron en la técnica, una familia en Quintana Roo enfrenta, sin apoyo institucional real, la ausencia de un ser querido.