“No pasa nada”, mientras miles huyen: Paloma Sánchez
Por Joaquín Rodríguez | Paralelo 23
En un estado que acumula 512 días de narcoguerra, con 2 mil 399 personas asesinadas, 3 mil 047 desaparecidas y más de 3 mil familias expulsadas de sus hogares, la senadora sinaloense Paloma Sánchez Ramos lanzó una pregunta incómoda al poder:
¿qué hace el Estado por quienes ya lo perdieron todo?
Desde la tribuna del Senado, la legisladora presentó una iniciativa para reformar la Ley de Asistencia Social, con el objetivo de que las personas desplazadas por la violencia sean reconocidas legalmente como víctimas y puedan acceder a programas de apoyo, protección y atención integral.
Hoy, denunció, el desplazamiento forzado en Sinaloa ocurre en el vacío institucional: sin reconocimiento jurídico, sin protocolos claros y sin garantías mínimas de supervivencia.
Si el Gobierno no puede detener a los responsables del desplazamiento, al menos debería garantizar protección a las víctimas”, sentenció.
Un estado que expulsa a su propia gente
Las cifras expuestas por la senadora retratan el colapso social:
más de 2 mil negocios cerrados, pérdidas económicas superiores a 70 mil millones de pesos y la muerte de 72 niñas, niños y adolescentes en medio de la espiral de violencia.
Pero detrás de los números hay historias invisibles: familias que abandonan ranchos, comunidades fantasmas, personas que huyen sin documentos, sin casa, sin empleo y sin redes de apoyo.
Desplazarse no es mudarse, es perderlo todo: patrimonio, trabajo, comunidad, identidad”, advirtió Sánchez Ramos.
Desplazados sin derechos
La iniciativa propone reformar la fracción IV del artículo 4 de la Ley de Asistencia Social para que las personas desplazadas sean reconocidas como víctimas formales y puedan recibir:
– Techo y alimentación
– Atención médica y psicológica
– Acompañamiento institucional
– Vivienda temporal
– Inserción en programas sociales
Hoy, ninguno de esos derechos está garantizado.
Son víctimas, pero para el Estado no existen”, acusó.
Violencia que el discurso niega
La senadora también recordó episodios recientes que desmienten el discurso oficial del “no pasa nada”:
• El ataque armado contra los diputados Sergio Torres y Elizabeth Montoya en Culiacán;
• El homicidio del joven Fernando Alan;
• La desaparición de 14 mineros en Concordia, aún sin respuesta.
Casos distintos, misma constante: impunidad, silencio institucional y abandono de las víctimas.
Mientras el gobierno repite que la situación está bajo control, miles de sinaloenses caminan con lo puesto, expulsados por una guerra que no declararon y que nadie les explica.
La iniciativa de Paloma Sánchez no resuelve la violencia, pero pone sobre la mesa una verdad incómoda: en Sinaloa ya no sólo se matan personas, también se expulsan comunidades enteras…
y el Estado sigue sin saber qué hacer con ellas.