Denuncian intentos de boicot al diálogo, pero acuerdos por Ohuira avanzan
Enviado de Sheimbaum sostiene que el plan presentado contempla medidas ambientales, seguridad, apoyos a comunidades y seguimiento público; Aquí No pidió tiempo para socializarlo.
Culiacán, Sinaloa | 7 de agosto de 2026 | Redacción P23
El gobierno de México considera que el Plan Integral para la Conservación Ambiental, el Bienestar Comunitario y el Desarrollo Sostenible de la Bahía de Ohuira representa una ruta para destrabar el conflicto por la planta de fertilizantes de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO). Mauricio Rodríguez Alonso, comisionado federal para el tema, informó que la propuesta surgió de cinco mesas de diálogo y ya contempla responsables, presupuesto y calendario para su ejecución.
Rodríguez Alonso explicó que el siguiente paso corresponde al colectivo Aquí No, que solicitó tiempo para llevar la propuesta a las comunidades indígenas antes de fijar una postura. “Nosotros esperamos que no sea tanto, ellos van a empezar desde hoy diálogos al interior de sus comunidades, estaremos pendientes y apoyando lo que se requiera, y esperamos que para la siguiente semana ya podamos tener un planteamiento concreto de parte de ellos”, señaló.
El funcionario acusó que algunos actores buscan impedir que avance el proceso de diálogo.
Hay quien enfáticamente está trabajando para detonar el acuerdo, el diálogo que hoy hemos construido y que nos costó mucho tiempo, y hay quien está trabajando para que este acuerdo no se dé”, afirmó.
La acusación ocurre mientras el colectivo analiza internamente una propuesta que plantea modificar medidas de operación de la planta y atender demandas ambientales, sociales y económicas de las comunidades.
Entre las medidas planteadas están que la extracción y descarga relacionadas con la operación ya no se realicen en la bahía, un programa integral de restauración del manglar, saneamiento y un comité de vigilancia ambiental. También se contempla un Centro de Atención Inmediata con Bomberos, Cruz Roja y Protección Civil, recorridos periódicos de seguridad y cortinas de aspersión en las líneas que conducirán el producto hacia su almacenamiento.
Contexto
El conflicto por la planta de GPO en la bahía de Ohuira lleva más de una década y enfrenta a la empresa con colectivos, comunidades indígenas y sectores que cuestionan sus posibles impactos ambientales y sociales. En julio, el Gobierno de México instaló cinco mesas para revisar las principales diferencias y escuchar a las partes involucradas. (Luz Noticias)
Editorial P23
El dato central es que todavía no hay un acuerdo definitivo. Hay una propuesta federal, una empresa que ya la aceptó y un colectivo que pidió tiempo para llevarla a las comunidades. Eso obliga a medir el proceso por hechos: qué compromisos quedan formalmente establecidos, quién los ejecutará, cuánto costarán y cómo podrán ser vigilados por las comunidades. En un conflicto de más de 12 años, la confianza no se recupera con anuncios, sino con compromisos y resultados verificables.
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