15 meses… y nada
Este 9 de diciembre se cumplen exactamente 15 meses del inicio de la guerra entre los grupos del Cártel de Sinaloa, detonada tras la entrega de Ismael Mario “El Mayo” Zambada al gobierno de Estados Unidos, el último gran mohicano del narcotráfico sinaloense con estatura verdaderamente mundial.
Cuando se sepultó la estrategia fallida de abrazos y no balazos y la entonces candidata —hoy presidenta— Claudia Sheinbaum enderezó todas las baterías contra los cárteles, muchos supusimos, con candidez que hoy me avergüenza, que esta vez sí vendría el manotazo definitivo. Que ahora sí aplastarían a los grupos criminales.
Pero como me dijo Juan Manuel, el Cochiloco Salido Uzeta allá por los 90:
—Nomás están viendo la punta del iceberg—.
Tenía razón.
Porque tras 15 meses de guerra abierta, con miles de muertos, desplazados, ciudades sitiadas, carreteras cerradas, comercios extorsionados y comunidades bajo toque de queda, una pregunta sigue sin respuesta clara:
¿De dónde sale el dinero para sostener esta interminable guerra de alta intensidad?
Las cifras oficiales son apabullantes: laboratorios destruidos, toneladas de droga decomisadas, miles de armas aseguradas, decenas de jefes capturados, operadores financieros detenidos, células desarticuladas. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, difunde a diario los decomisos, presume intercepciones por aire, mar y tierra, golpes espectaculares a las estructuras criminales.
Y sin embargo…
la guerra no baja de intensidad.
Ni un solo día.
Si los grupos en pugna pierden cargamentos multimillonarios, rutas completas, arsenales, sicarios, mandos, territorios…
¿quién sigue financiando esta máquina de guerra?
¿Quién pone el dinero para que nunca se apague? ¿Las desapariciones de jóvenes son la versión actual de la leva revolucionaria?
Porque para poder expandirse a los cinco continentes, incluyendo Europa, África y Oceanía, los cárteles mexicanos debieron hacer forzosamente alianzas con mafias locales: italianas, albanesas, rusas, nigerianas, marroquíes, balcánicas, asiáticas.
Sociedades que no están dispuestas a perder a su principal proveedor.
Aquí ya no estamos hablando solo de crimen organizado mexicano.
Estamos hablando de una industria criminal global, con inversionistas, socios, brokers, lavadores, traficantes de armas, banqueros clandestinos y mercados de consumo que no se detienen.
A esto se suma un elemento todavía más oscuro:
la complicidad política.
En distintos procesos electorales recientes ha quedado documentada —y en algunos casos denunciada abiertamente— la asociación entre estructuras criminales y operadores políticos. No como excepción, sino como método.
Lo denunció en su momento el senador Mario Zamora Gastelum, candidato al gobierno de Sinaloa en 2021, cuando afirmó que operadores electorales de su partido fueron secuestrados y desactivados durante la jornada.
Crimen organizado como socio político.
Crimen organizado como operador electoral.
Crimen organizado como garante territorial del poder.
Y entonces la pregunta cambia de nivel:
¿Quién paga esta guerra… y quiénes ganan con ella?
Por un lado tenemos la sospecha fundada de un financiamiento oscuro internacional, que permite que la guerra nunca se quede sin balas.
Por otro, una asociación criminal-política que usa la violencia como herramienta de control territorial y electoral.
Y encima, un mercado de consumo en Estados Unidos y el mundo que no solo no se reduce, sino que se diversifica, se sofistica y se expande.
Con estos ingredientes, pensar que esta guerra terminará pronto es, por decirlo suavemente, una ilusión peligrosa.
México no vive solo una guerra entre cárteles.
Vive una guerra financiada.
Una guerra pactada.
Una guerra sostenida por intereses que no aparecen en los partes oficiales.
Quince meses después, la pregunta sigue intacta:
¿Quién financia realmente esta guerra?
Y mientras esa respuesta no se toque,
la sangre seguirá corriendo y la posibilidad de una tregua navideña, cuando saltan a escena los carros bomba, se aleja cada día
Saludos cordiales
MM
