Culiacán, Sinaloa. En un contexto marcado por casi 15 meses de guerra interna entre organizaciones delictivas, ejercer el periodismo o la defensa de derechos humanos en Sinaloa se ha vuelto especialmente peligroso. Según datos del Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Sinaloa, entre agosto de 2022 y noviembre de 2025 se han otorgado 1,518 medidas de protección, que incluyen medidas urgentes, de atención y preventivas para hacer frente a las agresiones sufridas por quienes llevan información y defensa social a la ciudadanía.
De estas acciones, 326 atenciones directas corresponden a personas que acudieron por agresiones, amenazas o incidentes relacionados con su labor periodística o de defensa de derechos humanos, lo que representa —en términos prácticos— más de un ataque diario si se suman los casos que no son denunciados oficialmente.
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Fuentes y modos de agresión documentados
Las estadísticas más detalladas —derivadas de registros internos del Instituto— muestran múltiples factores sobre las agresiones atendidas:
📍 Presuntos agresores
• Particulares (individuos no identificados institucionalmente) fueron responsables de la mayoría de las agresiones registradas.
• También se registraron casos atribuidos a servidores públicos estatales y municipales como presuntos agresores.
📌 Medio empleado para las agresiones
• De forma personal y directa en encuentros cara a cara.
• Por teléfono y en redes sociales, donde se realizaron amenazas, difamación y hostigamiento digital.
• En algunos casos, la violencia fue ejercida a través de terceros.
📊 Poder empleado para agredir
• La presión con poder armado —amenazas directas con armas o uso de la fuerza— fue el factor más frecuente.
• También se registraron agresiones motivadas por poder público (autoridades) y, en menor medida, poder tecnológico o político.
🔎 Motivos frecuentes de agresión
Entre los incidentes analizados, los motivos más comunes fueron:
• Notas periodísticas y coberturas informativas.
• Acciones de defensa de derechos humanos, como protestas o denuncias.
• Grabación de audio, fotos o video durante eventos públicos.
• Declaraciones en medios o exposiciones públicas.
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Dónde sucedieron las agresiones
Los incidentes no se limitaron a un solo lugar:
• La zona urbana concentró la gran mayoría, con Culiacán a la cabeza, seguido de Los Mochis, Mazatlán, Guasave y Navolato.
• Las agresiones ocurrieron en vías públicas, domicilios y lugares de trabajo, reflejando que no hay espacio seguro para muchos comunicadores o activistas.
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Medidas y apoyos entregados
Como respuesta a estas agresiones, el Instituto ha desplegado diversas medidas de protección y atención:
🛡️ Medidas de protección
• Medidas de urgente protección como rondines bitacorados y custodia permanente para quienes enfrentan riesgo inmediato.
• Medidas preventivas y de seguridad incluyendo acompañamiento, comunicaciones de alerta y resguardo en manifestaciones públicas.
🤝 Apoyos y atención directa
• Ayudas sociales brindadas a periodistas y defensores para mitigar el impacto de las agresiones (por ejemplo, apoyo económico, psicológico o logístico).
• En períodos recientes, periodistas han recibido ayudas sociales en mayor número, reflejando la demanda de acompañamiento integral ante el hostigamiento constante.
Las medidas de atención incluyen no sólo protección física o acompañamiento, sino también acciones orientadas a dar seguimiento y contención tras agresiones no físicas como amenazas telefónicas o por redes sociales.
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Sin asesinatos recientes, pero con víctimas fatales en el pasado
Un dato alentador en medio de este escenario de hostigamiento es que, de acuerdo con estas estadísticas, no se han registrado asesinatos de periodistas en Sinaloa desde 2022 hasta 2025. Aún así, el riesgo mortal sigue presente: en 2022 fue asesinada la activista de Elota Rosario Lilián Rodríguez Barraza, cuya labor de búsqueda de personas desaparecidas la colocó en el centro de amenazas y violencia antes de su muerte. Este caso sigue siendo un referente sobre los límites de protección institucional frente a la violencia organizada. (Información contextualmente verificada por medios locales).
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Contexto general de riesgo
Estos datos se enmarcan en un escenario más amplio en México donde la violencia contra periodistas y defensores continúa siendo una crisis estructural. Organizaciones nacionales e internacionales han documentado que la violencia armada, la intimidación institucional y la impunidad forman parte de un patrón que busca limitar el ejercicio de la libertad de expresión y la defensa de derechos.
