Ataque armado en CVIVE Mazatlán: defensor de desplazados denuncia intento de ejecución
Mazatlán, Sin. | 7 abril 2026 | Redacción P23
Un ataque directo a balazos contra el activista y defensor de derechos humanos José Carlos González Alarcón encendió las alertas este martes en el fraccionamiento CVIVE Mazatlán, donde habitan familias desplazadas por la violencia.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 2:15 de la tarde, cuando el activista atendía a dos mujeres desplazadas en las inmediaciones de la caseta de policía.
EL ATAQUE
De acuerdo con el testimonio de la víctima un hombre identificado como Manuel Antonio Celis Ríos se acercó y disparó directamente en al menos cinco ocasiones. El activista logró resguardarse detrás de una caseta de energía para salvar la vida.
El arma del agresor se habría trabado, lo que permitió que testigos intervinieran y el atacante huyera. Más de 15 personas, entre adultos y niños, presenciaron los hechos.
SEÑALAMIENTOS GRAVES
El denunciante asegura que el agresor no es desplazado y vive fuera del área de CVIVE. Está presuntamente vinculado a venta ilegal de terrenos, control de actividades ilícitas y distribución de droga dentro del asentamiento.
También denunció que existen al menos cinco acusaciones previas contra el mismo individuo, incluyendo un ataque con arma blanca contra otra persona desplazada.
OMISIÓN Y RESPUESTA TARDÍA
Uno de los puntos más delicados del testimonio, advierte que el policía municipal presente no intervino durante el ataque, se resguardó en la caseta y movió su vehículo para que no resultara dañado.
Las fuerzas estatales llegaron después, la policía municipal 20 minutos más tarde y Marina, SEDENA y Vicefiscalía detrás.
El agresor se refugió en una vivienda y no fue detenido, pese a que, según el testimonio de la víctima, se encontraba armado. Las autoridades justificaron no detenerlo porque no estaba en flagrancia.
PROTECCIÓN
El Instituto de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Sinaloa respondieron de inmediato para proteger la vida de los dirigentes de HRM
DESPLAZAMIENTO Y CONTROL TERRITORIAL
El caso revela un problema estructural: CVIVE alberga cientos de desplazados de la sierra de Sinaloa, provenientes de Concordia, Rosario, San Ignacio y Culiacán, así como personas de otros estados e incluso migrantes
El desplazamiento describe un patrón: control de territorios, minas, agua, madera y economías ilegales mediante violencia
DOCUMENTO OFICIAL
El oficio de la Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa, en poder de P23, confirma invasiones y excavaciones ilegales en terrenos estatales; y riesgo para la integridad de habitantes
De acuerdo con estos documentos, los desplazados han solicitado de la autoridad municipal “supervisión de Protección Civil, refuerzo de vigilancia y suspensión de obras irregulares”.
ANTECEDENTES
José Carlos González Alarcón y Bruno Torres son dirigentes de la asociación civil Human Rights México, organización que ha documentado y acompañado a comunidades desplazadas en Sinaloa ante la falta de respuesta efectiva de autoridades estatales y municipales.
De acuerdo con su propio testimonio, han llevado estos casos hasta instancias federales, buscando intervención directa ante el crecimiento de conflictos por control territorial, invasiones y violencia contra población vulnerable.
El pasado 11 de marzo de 2026, representantes de la organización sostuvieron una reunión en el Salón Juárez de la Secretaría de Gobernación, en Bucareli, Ciudad de México, donde fueron recibidos por funcionarios del Gobierno Federal, incluyendo a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, así como responsables de áreas de derechos humanos, migración, vivienda y protección a defensores.
En un posicionamiento público, la organización agradeció la apertura institucional:
Human Rights México agradece la atención brindada el 11 de marzo de 2026 en la Secretaría de Gobernación por parte de autoridades federales, quienes escucharon y comenzaron la gestión de las necesidades de nuestra asociación. Seguiremos defendiendo los derechos humanos paso a paso”.
EDITORIAL P23
Este caso no es aislado ni nuevo. Exhibe vacíos de autoridad en zonas de desplazamiento, presunta colusión o incapacidad institucional, disputa por el control de tierra y economía informal. Y, por otra parte, la respuesta oficial ha sido tardía, insuficiente y expuesta a la corrupción e impunidad. Millones se presupuestan para desplazamiento forzado en Sinaloa, pero los beneficios no se reflejan en protección efectiva.
