Mazatlán, Sinaloa | 9 de abril de 2026 | Corte: 8AM
Por Redacción P23
La violencia contra víctimas de desplazamiento forzado interno en Mazatlán no se detiene.
De acuerdo con testimonios directos y documentos entregados a esta redacción, al menos 6 de 9 personas -entre defensores de derechos humanos y víctimas- han sido atacadas a balazos, pese a haber sostenido reuniones formales con autoridades estatales y federales.
Los hechos se concentran en el fraccionamiento CVIVE, donde más de 500 personas desplazadas viven en condiciones de vulnerabilidad.
Las víctimas denuncian que, tras encuentros con el gobernador Rubén Rocha Moya, así como con funcionarios de la Secretaría de Gobierno, SEBIDES y autoridades municipales, los compromisos de seguridad no se han cumplido.
Por el contrario, aseguran que:
• Se han incrementado las agresiones armadas
• Han sido víctimas de intimidación directa
• Se registró el corte de energía eléctrica en la zona de refugio
• No hay presencia efectiva de la Vicefiscalía del Sur
En el documento entregado ayer en el despacho del gobernador, expresan:
“En relación con los más recientes acontecimientos sucedidos en el fraccionamiento CVIVE en Mazatlán, Sinaloa, mismos que se describen brevemente más adelante, nos vemos en la necesidad de exigir su intervención para que haya atención inmediata y solución por parte de la Vicefiscalía Sur de Sinaloa y demás autoridades competentes.
Hacemos de su conocimiento que han tenido lugar diversos atentados violentos (dos con arma de fuego), amenazas de muerte a dos mujeres desplazadas residentes del fraccionamiento mencionado, ataques al dispensario médico y cierre situado en dicho fraccionamiento y ataques a representantes de esta Asociación Civil ‘MHR para vivir mejor, A.C.’ que, como usted sabe, representa y apoya a personas víctimas de desplazamiento forzado interno en el sur del estado de Sinaloa.”
Uno de los casos más recientes ocurrió este mismo día, cuando otra víctima fue atacada, elevando la tensión en el asentamiento.
Además, señalan que el intento de reubicación del refugio se plantea en una zona con presencia de actividades ilícitas, lo que ha sido rechazado por las propias víctimas.
Los afectados advierten un proceso de revictimización institucional, al no cumplirse los compromisos adquiridos en reuniones intersecretariales previas.
El dirigente de la AC Human Rights México, José Carlos González Alarcón, fue víctima de un ataque directo a balazos el pasado 7 de abril de 2026 en el fraccionamiento CVIVE, en Mazatlán, donde habitan familias desplazadas por la violencia. El activista se encontraba atendiendo a dos mujeres en las inmediaciones de una caseta de policía cuando un sujeto identificado como Manuel Antonio Celis Ríos se le aproximó y abrió fuego.
De acuerdo con el propio testimonio, el agresor disparó en al menos cinco ocasiones, obligando a González Alarcón a resguardarse detrás de una caseta de energía para salvar la vida.
En el documento, solicitan al gobernador:
su intervención urgente a efecto de que gire las instrucciones que correspondan a efecto de que se atiendan urgentemente a estas víctimas de desplazamiento.”
EDITORIALP23
No es solamente omisión, es abandono institucional en tiempo real. Cuando las víctimas huyeron de la violencia de sus lugares de origen, vuelven a ser atacadas por la indiferencia, después de sentarse con el poder. Así, el problema sale del campo de la seguridad para instalarse en el de la responsabilidad política directa.
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