Espacio para reportajes, crónicas y ensayos
La sentencia contra Ismael “El Mayo” Zambada abrió una nueva batalla internacional por una fortuna valuada en 15 mil millones de dólares. Mientras Estados Unidos inicia el rastreo global de bienes ocultos, el gobierno de México busca reclamar parte del decomiso y resurgen investigaciones sobre empresas sancionadas que recibieron contratos públicos.
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A nueve meses de la desaparición de Carlos Emilio Galván Valenzuela, su madre encabezó una jornada de memoria frente al bar donde fue visto por última vez. La iniciativa “La Ruta de Carlos Emilio” convierte el bordado colectivo en una forma de protesta pacífica mientras la investigación federal continúa sin resultados públicos concluyentes
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El colectivo Sabuesos Guerreras estima que más de 6 mil personas han desaparecido en Sinaloa desde septiembre de 2024, muy por encima de los registros oficiales. María Isabel Cruz Bernal fue reelegida por cuarta ocasión para encabezar la organización en medio de una crisis humanitaria marcada por el subregistro, el colapso forense y la búsqueda ciudadana.
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El IMSS conmemoró cuatro décadas de atención a personas con VIH con la presentación del documental Memorias IMSS, que rescata la evolución institucional desde el primer caso atendido en 1983 hasta la implementación de protocolos de atención con enfoque de derechos, inclusión y prevención, incluyendo el acceso a la Profilaxis Preexposición (PrEP).
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La cadena perpetua contra Ismael “El Mayo” Zambada pone fin a la trayectoria criminal del histórico fundador del Cártel de Sinaloa. Además de la condena, el juez Brian Cogan ordenó un decomiso por 15 mil millones de dólares que Estados Unidos buscará recuperar mediante la localización de activos ocultos, en un proceso que reabre el debate sobre el destino de las fortunas del narcotráfico.
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Investigadores del IPN advierten que el calentamiento del océano y la posible intensificación del fenómeno de El Niño obligan a transformar el manejo pesquero en México. Mantener modelos diseñados para un clima estable podría comprometer la recuperación de especies comerciales y aumentar la vulnerabilidad de miles de pescadores.
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Un diagnóstico nacional revela que la mayoría de las fiscalías mexicanas investiga delitos con herramientas tecnológicas limitadas y sistemas fragmentados, mientras la delincuencia aprovecha cada vez más recursos digitales sofisticados.
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Más de 3,400 personas desaparecidas, decenas de fosas clandestinas y una creciente crisis de identificación forense retratan la dimensión humana de la violencia en Sinaloa. Mientras las familias buscan a sus seres queridos, organizaciones civiles advierten un retroceso en la transparencia sobre estos hallazgos.
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Organizaciones civiles denunciaron que la Fiscalía y el Poder Judicial de Quintana Roo operan con un patrón de impunidad, revictimización y protección a agresores de mujeres. Exigieron investigaciones, sanciones y la intervención de organismos nacionales e internacionales.
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La Conanp confirmó que la Meseta de Cacaxtla y el Santuario Playa El Verde Camacho continúan bajo protección federal dentro del Programa Nacional de Áreas Naturales Protegidas 2026-2030, mientras crecen las preocupaciones por proyectos inmobiliarios y la falta de transparencia en los permisos de construcción en la zona.
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El Gobierno Federal reporta más de 2,540 detenidos, 5,900 armas aseguradas, 94.5 toneladas de droga decomisadas y una reducción del 44% en homicidios en Sinaloa. Sin embargo, los enfrentamientos y ataques armados mantienen abierta la interrogante sobre quién está ganando realmente la guerra contra el crimen organizado.
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El reciente socavón en el malecón de Mazatlán abrió un debate que va más allá de una reparación de emergencia. Especialistas consultados por Paralelo 23 advierten que distintos tramos de la infraestructura costera, construidos entre hace 70 y casi 200 años, requieren un diagnóstico integral con tecnologías de monitoreo de última generación para anticipar riesgos, preservar el patrimonio urbano y enfrentar los efectos de la erosión y el cambio climático.
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Mientras los corresponsales de guerra de grandes medios cuentan con entrenamiento, seguros, equipo balístico y protocolos de evacuación, miles de periodistas mexicanos cubren la violencia sin protección ni respaldo institucional. La tercera entrega de la serie documenta la profunda desigualdad entre el periodismo de conflicto internacional y el ejercicio cotidiano del periodismo bajo fuego en Sinaloa.
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Mientras Sinaloa cumple 20 meses inmerso en una guerra interna del crimen organizado, periodistas, activistas y madres buscadoras enfrentan una amenaza que va más allá de las balas: la precariedad laboral. Bajos salarios, ausencia de seguridad social, trabajo freelance y falta de protección institucional se han convertido en una forma silenciosa de violencia que limita la capacidad de informar, investigar y defender derechos humanos. Este reportaje documenta cómo la vulnerabilidad económica se suma al riesgo físico en uno de los contextos más complejos del país.
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El Gobierno Federal reforzó la seguridad en Sinaloa con el despliegue de 90 elementos de las Fuerzas Especiales del Ejército tras la captura de Misael “El Güero Pin”. El operativo dejó armas, fentanilo, equipo táctico y tres inmuebles bajo resguardo, mientras continúan las acciones para contener la violencia en Escuinapa y el sur del estado.
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Durante décadas, periodistas y activistas sinaloenses han documentado y enfrentado la violencia desde la primera línea. En medio de una guerra que suma veinte meses, esta investigación reconstruye la historia de quienes informan, denuncian y defienden derechos bajo fuego cruzado.
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