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- Gobiernos municipales, los que mayormente agreden a defensores y periodistas, reconoce.-
- De 2006 a la fecha han sido asesinados 250 periodistas en México, 60 de ellos durante la actual administración.-
- Mecanismo Federal de Protección está agotado, reconocen servidores públicos y organizaciones de la sociedad civil.-
Por Mario Martini
Cdmx, 04 agosto 2022.-«Debe haber consecuencias jurídicas y políticas contra servidores públicos municipales que son los que mayormente agreden a defensores de derechos humanos y periodistas en México», respondió a este reportero Enrique Irazoque Palazuelos, Coordinador Ejecutivo Nacional del Mecanismo de Protección para personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, quien reconoció que el 40 por ciento de las agresiones provienen del espacio municipal.
Ya no digamos que los municipios se sumen a los mecanismos, simplemente que dejen de agredir, con eso estaremos avanzando. Es necesario que alcaldes y sus colaboradores sepan que hay consecuencias jurídicas y políticas”, explicó Irazoque Palazuelos al comprometerse a viajar con su equipo a Sinaloa para establecer acuerdos de coordinación con el gobierno estatal, administraciones municipales y el recientemente creado Instituto para la Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de Sinaloa.
Solamente en el municipio de Mazatlán, Sinaloa, están documentados 5 casos de periodistas agredidos directamente por el actual presidente municipal Luis Guillermo Benítez Torres y algunos de sus colaboradores.
Por otra parte, el Coordinador Ejecutivo Nacional del Mecanismo reconoció que sin la coordinación de todas las instituciones del Estado mexicano nunca serán suficientes los presupuestos asignados porque “no únicamente se trata de dinero sino de voluntad política y aprovechamiento de las capacidades institucionales de estados, municipio y federación. Tenemos 540 millones de pesos presupuestados en 2022 para una protección efectiva de mil 657 usuarios actuales que se han incrementado en un 120 por ciento en 10 años. Voluntad política es lo que falta para establecer acuerdos de una coordinación nacional efectiva”.
Sobre este tema, María Isabel Cruz, líder de un grupo de rastreadoras de Sinaloa y consejera ciudadana del Instituto de Protección de Sinaloa reveló que puede que haya coordinación arriba, en los mandos superiores.
Pero lo que es abajo, no existe en absoluto en las comandancias del ejército, guardia nacional, policías estatales y tropa que no tienen ni coordinación ni capacitación ni recursos en lo que se refiere al mecanismo de protección, no saben a lo que van y a veces no tienen ni vehículos para ir a una búsqueda…”, denunció.
Griselda Triana, viuda del periodista Javier Cárdenas Valdez y también consejera ciudadana del mismo instituto, puso en duda la eficacia del mecanismo cuando desde la presidencia de la república surge la narrativa que agrede a defensores y periodistas.
Durante 2 días estuvieron reunidos en la Secretaría de Gobernación servidores públicos y representantes de organismos de la sociedad civil para evaluar el alcance y deficiencias de los mecanismos de protección de defensores y periodistas que “es un modelo insuficiente y claramente agotado”, según lo reconoció Erick Martín Salas, director general para la Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, quien reiteró que será imposible avanzar sin la cooperación de los gobiernos estatales, municipales y organizaciones de la sociedad civil.
Sara Mendiola Landeros de Propuesta Cívica expuso esta ineficiencia con el caso del periodista Gustavo Sánchez Cabrera de Oaxaca que durante 8 meses expuso el nivel de riesgo al que estaba expuesto hasta que finalmente fue asesinado el 17 de junio 2021 en la comunidad de Morro de Mazatán, Oaxaca, después de haber sobrevivido a un atentado en julio 2020.
Fueron 8 meses de simulación del mecanismo que derivó finalmente en su asesinato. Si las fiscalías cumplieran con sus funciones, no tendría razón de existir el mecanismo federal de protección y esto no debe dejarse a la voluntad política sino que debe plasmarse en políticas públicas de seguridad pública que hagan obligatoria la coordinación con estados y municipios”, señaló.
También estuvo presente en la reunión el triste caso de Digna Ochoa como ejemplo de que el mecanismo de protección debe ser actualizado con una visión inversa a como se ha hecho hasta ahora: de abajo hacia arriba, pues todo mundo piensa que el primer respondiente a una agresión debe ser el mecanismo federal cuando debería ser la autoridad municipal, las fiscalías y secretarías de seguridad estatales, comisiones de los derechos humanos y en última instancia el mecanismo federal. “Hacia allá tiene que caminar la coordinación nacional de los mecanismos de protección de defensores de derechos humanos y periodistas”, argumentó Martin Salas.
Digna Ochoa y Plácido fue encontrada sin vida en su despacho de Zacatecas 31, colonia Roma, la tarde del 19 de octubre de 2001. Durante varios años trabajó en casos contra funcionarios y miembros de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y de las fuerzas armadas involucrados en violaciones de derechos humanos. El 7 de septiembre de 1999 solicitó medidas cautelares para ella y los miembros del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”. Dos meses después, el 2 de noviembre, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos presentaron una petición inicial ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por violación a sus derechos humanos en su perjuicio por parte del Estado mexicano por falta de investigación de ataques y secuestros sufridos por la defensora. Nada de esto evitó que fuera asesinada. Dos meses después, Digna fue asesinada.
Participaron también en esta reunión Ricardo Neves de la ONU-DH, quien expuso la obligación del Estado mexicano en la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas de acuerdo con estándares internacionales, así como servidores públicos vinculados a derechos humanos y seguridad de los estados de Chihuahua, Veracruz, Hidalgo, Morelos, Nuevo León y Cdmx, así como integrantes de Organizaciones de la Sociedad Civil: Mario Hurtado Cardoso de Espacio OSC, Balbina Flores Martínez de Reporteros sin Fronteras capítulo México, Amir Ibrahim Mohamed de Periodistas Desplazados de México y Jan Albert Hootsen del Comité para la Protección de los Periodistas, quienes coincidieron en la ineficacia del mecanismo federal por falta de coordinación nacional.
Con una participación activa y critica de los consejeros del Instituto de Protección de Sinaloa que expusieron las evidente falta de coordinación en temas específicos como la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas que realizan madres de familia en Sinaloa, así como la absoluta impunidad de gobiernos municipales que agreden a periodistas sin consecuencias y en algunos casos en complicidad con jueces locales que por reducidas visiones legaloides vulneran con sus sentencias el derecho a la libertad de expresión y a la información de los periodistas..
Entre las conclusiones de la reunión, destacan:
- Crear Ley General de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas
- Definir políticas públicas que hagan obligatoria la coadyuvancia y coordinación entre federación, estados y municipios.
- Generar confianza gremial a través de accione eficaces
- Estructurar diálogo permanente con autoridades municipales
- Generar condiciones para reinsertar a sus labores a defensores y periodistas
El Mecanismo Federal de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas fue creado en el último año del gobierno de Felipe Calderón, derivado de la guerra contra el crimen organizado que generó frecuentes y graves violaciones a los derechos humanos, conocidas entonces como “daños colaterales”
