Observatorio | ¿Y si vienen por Rocha..? | Mario Martini
Mazatlán, Sinaloa | 30 de abril 2026 | Mario Martini
Hay preguntas que abren la puerta a la incertidumbre porque no suenan imposibles. Hasta hace algunos meses nadie imaginaba una escena espectacular: Nicolás Madura saliendo de su alcoba nupcial en bata, pantuflas y antifaz nocturno, esposado y escoltado por fuerzas especiales Delta de Estados Unidos.
Hoy, esa película es inevitable: sobre los hombros de la FGR descansa la responsabilidad de evitar una intervención militar bajo el argumento de combatir al narcoterrorismo internacional donde se encuentre, así tenga sus propios límites:
¿Cuál sería la reacción de México si el gobierno de Estados Unidos decide brincarse las trancas institucionales y la soberanía nacional para ir directamente contra un gobernador en funciones? No sería la primera vez que lo intenta fuera de sus fronteras. El antecedente sigue ahí: presión política, acusaciones, recompensas, control continental y una narrativa estadounidense construida desde la seguridad nacional.
Washington decidió catalogar a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras. Bajo esta paraguas legal, el margen de intervención de Donald Trump se amplía a los linderos de la persecución extraterritorial, congelamiento de activos, cancelación de visas y, finalmente, persecución de actores políticos acusados por el Departamento de Justicia de aliarse a las estructuras criminales, a pesar de estar acotada legalmente:
La categoría de narcoterrorismo amplía la persecución penal, no sustituye los requisitos legales para intervención internacional.”
Hasta el cierre de esta columna, la FGR había rechazado las imputaciones. La misma presidenta Sheimbaum solamente presentó la “prueba madre” que acompaña la solicitud estadounidense de extradición del gobernador Rocha Moya y 9 colaboradores: un papel escrito a mano con sobrenombres y cantidades, como si fuera nota de abarrote de barrio en la que se lleva el control del “fiados”.
Inclusive. el diputado federal Mario Zamora Gastelum que denunció participación del crimen organizado en las elecciones de 2021, no hace leña del árbol caído sino todo lo contrario: exige investigar desde la figura de la soberanía nacional.
Cualquier acción contra un gobernador debe pasar por filtros políticos y jurídicos, empezando por el juicio de procedencia en el Congreso local, las investigaciones de la Fiscalía General de la República y, en su caso, los procesos diplomáticos que conduzcan a una eventual extradición con intervención de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es un entramado diseñado, al menos en el papel, para garantizar soberanía y debido proceso.
Pero si el papel es trinchera momentánea, la realidad es más áspera. Si desde Washington se construye un caso con base en inteligencia financiera, vínculos indirectos o tolerancia institucional hacia grupos criminales, la presión y las consecuencias no serían menores.
Porque la eventual caída de Rubén Rocha Moya no sería un evento aislado, sino el inicio de un efecto dominó cuyo siguiente escalón sería Mario Delgado que operó y ganó las elecciones para Morena en los estados del Pacífico que sin productores de drogas o de interés estratégico para los criminales.
Obviamente la denuncia apunta más arriba porque evidentemente el problema de fondo no es jurídico, es netamente político.y también narrativo. Porque mientras en México se habla de soberanía y debidos procesos, en Estados Unidos se habla de amenazas a la seguridad nacional. Son dos escenarios absolutamente asimétricos. Dos lenguajes distintos para un fenómeno que no admite dilaciones jurídicas.
Si Trump fue por Maduro por un baile desfigurado, nada lo detendría por la llamada “afrenta de Barcelona”
Saludos cordiales
MM