Alta vulnerabilidad en Sinaloa: 14 de 20 municipios navegan sin mapa de riesgos
Crónica de un desastre anunciado en un estado que habla de prevención, pero mantiene amplias zonas críticas en penumbra documental.
Culiacán, Sinaloa | 18 mayo 2026 | Joaquín Rodriguez
Cada temporada de lluvias en Sinaloa comienza con la misma liturgia institucional: conferencias, mapas en pantallas, uniformes impecables, cifras de elementos desplegados y llamados solemnes a mantener la calma. Esta semana no fue la excepción.
El gobierno estatal anunció que está preparado para enfrentar hasta 16 ciclones tropicales en el Pacífico, presumió una fuerza operativa de 2 mil 543 elementos y reveló un dato que debería tranquilizar a cualquiera: existen 550 zonas de riesgo plenamente identificadas en el estado.
Pero cuando se busca el mapa, aparece el vacío
¿Dónde están esas 550 zonas? ¿Qué colonias integran esa lista? ¿Qué comunidades rurales deben evacuar primero? ¿Qué municipios concentran el mayor peligro? ¿Qué tipo de problemática tienen? Hasta ahora, esa cartografía no está disponible públicamente. La cifra existe, pero el mapa no.
Una auditoría documental realizada por P23 sobre los 20 municipios de Sinaloa encontró una realidad peligrosa: apenas seis cuentan con atlas de riesgo claramente identificables y trazables en fuentes públicas, aunque sin actualizaciones obligadas por un desarrollo urbano desbocado, como es el caso del puerto de Mazatlán. Los otros 14 aparecen atrapados entre rezago, opacidad o desidia institucionales.
En el papel, municipios como Culiacán, Mazatlán, Ahome, Guasave, Salvador Alvarado y Sinaloa municipio cuentan para fines prácticos con atlas localizables. El problema es que varios de esos instrumentos arrastran años sin actualización integral, pese a que la mancha urbana cambió, los patrones climáticos se alteraron y nuevas zonas vulnerables emergieron, particularmente por invasiones de precaristas y desarrolladores inmobiliarios.
En el caso de Mazatlán, la Auditoría Superior del Estado prometió una revisión de los desarrollos verticales de los últimos años que exhiba vicios, irregularidades o que confirme que todo se hizo conforme a la ley.
La consejera Raquel Zapién del Sistema Estatal Anticorrupción ha pedido que se haga una revisión que, además del factor de cambio climático, incluya el índice de corrupción en la gestión de permisos municipales de construcción.
Los desastres no son naturales, son causados por la corrupción de quienes otorgan permisos irregulares”, ha dicho.
En el resto del estado, el panorama es más inquietante. Choix, Badiraguato, Cosalá y San Ignacio -territorios donde una lluvia intensa puede cortar caminos, aislar comunidades y provocar deslaves- no muestran atlas municipales públicos robustos y vigentes. Escuinapa, históricamente expuesto a huracanes y marejadas, aparece en el mismo limbo documental. Lo mismo ocurre con Navolato, El Fuerte, Angostura, Mocorito, Concordia, Rosario y Elota.
Y luego están los municipios nuevos: Eldorado y Juan José Ríos. En ambos casos, la pregunta básica sigue sin respuesta pública: ¿operan con atlas propios o sobreviven con cartografía heredada de municipios madre? En gestión de riesgos, un cambio administrativo sin redefinir mapas operativos es una invitación al caos.
Los focos rojos
De acuerdo con esta revisión los focos rojos están en Badiraguato, Choix y Cosalá que concentran vulnerabilidades serranas donde deslaves, derrumbes, aislamiento de comunidades y caminos colapsados pueden convertir una tormenta en emergencia humanitaria.
Escuinapa, San Ignacio, Elota y Rosario enfrentan exposición directa a ciclones, marejadas, inundaciones costeras y crecientes de ríos. Navolato y Angostura combinan riesgo hidráulico con fragilidad en comunidades costeras y agrícolas. En municipios nuevos como Eldorado y Juan José Ríos, el riesgo es doble: amenazas naturales y posible indefinición operativa sobre qué autoridad responde y con qué cartografía.
Atlas de riesgo
La contradicción se vuelve más severa cuando se revisan documentos institucionales. Mientras el Atlas Nacional de Riesgos reconoce una referencia estatal para Sinaloa, documentos de planeación local han admitido limitaciones equivalentes a operar sin una herramienta estatal plenamente funcional para prevención integral.
La ley no obliga a actualizar los atlas cada año, pero sí exige información vigente y funcional. Un atlas no es adorno burocrático: es la diferencia entre evacuar a tiempo o improvisar con el agua en las rodillas.
El ciudadano común no necesita saber el nombre técnico del instrumento. Necesita saber si su colonia se inunda, si su casa está en zona de desbordamiento o si la carretera por la que sale puede desaparecer bajo el agua.
Cuando esa información no está clara, la vulnerabilidad deja de ser meteorológica y se vuelve institucional.
Contexto
Sinaloa es una de las entidades mexicanas con mayor exposición histórica a ciclones tropicales del Pacífico. Protección Civil estatal informó esta semana que existen 550 zonas de riesgo identificadas, pero hasta ahora no ha transparentado públicamente su ubicación ni el desglose municipal de esas áreas vulnerables.
Editorial P23
Los desastres naturales rara vez sorprenden; lo que suele fallar es la memoria institucional. Un gobierno puede presumir fuerza operativa, pero si la ciudadanía no conoce el mapa real del peligro, la prevención es apenas escenografía.
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