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Bahía de Ohuira: fallas geológicas, zona de huracanes, riesgo industrial y la batalla que escala hasta la ONU

El avance de los megaproyectos petroquímicos en Topolobampo reabre el debate sobre sismos, licuación de suelos, seguridad industrial y protección de uno de los humedales más importantes del Pacífico mexicano.

Topolobampo, Sinaloa | 8 de junio de 2026 | Valentina Ramírez | Redacción P23 | Parte II

La Bahía de Ohuira enfrenta una nueva fase de controversia mientras avanzan la planta de amoniaco de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) y el complejo de metanol Pacífico Mexinol. A los cuestionamientos ambientales y sociales se suma ahora un factor que especialistas, activistas y organismos internacionales consideran clave: el riesgo sísmico asociado a la ubicación de ambos proyectos en una región influenciada por la actividad tectónica del Golfo de California.

El sistema de fallas que conecta al Golfo de California con la Falla de San Andrés genera una actividad sísmica constante. El Servicio Sismológico Nacional reporta cientos de eventos cada año en la región, incluyendo terremotos de magnitud 6 registrados frente a Topolobampo en 2009 y 2012. Expertos consultados por organizaciones opositoras sostienen que la combinación de actividad sísmica y suelos lagunares de baja consolidación incrementa el riesgo de licuación, un fenómeno que puede comprometer la estabilidad de cimentaciones, ductos y tanques de almacenamiento en instalaciones industriales de gran escala.

Las empresas promotoras rechazan que exista un escenario de vulnerabilidad extraordinaria. GPO y Mexinol sostienen que sus diseños cumplen con los criterios sísmicos establecidos por la Comisión Federal de Electricidad, las autorizaciones ambientales de la Secretaría de Medio Ambiente y los estándares internacionales exigidos por organismos financieros. Los desarrolladores afirman que las instalaciones incorporan sistemas de contención, válvulas automáticas de aislamiento y protocolos de emergencia diseñados para responder ante eventos extremos.

Sin embargo, comunidades Mayo-Yoreme, cooperativas pesqueras y el movimiento ¡Aquí No! mantienen su oposición. Argumentan que un accidente industrial derivado de un sismo tendría consecuencias severas para las poblaciones cercanas y para la Bahía de Ohuira, humedal reconocido como Sitio Ramsar. Las protestas han escalado durante los últimos meses con bloqueos en Topolobampo, manifestaciones frente a representaciones diplomáticas europeas y campañas internacionales dirigidas a los bancos que financian los proyectos.

Además de la actividad sísmica, la Bahía de Ohuira se encuentra dentro de una de las rutas históricas de ciclones tropicales más activas del Pacífico mexicano. La combinación de marejada ciclónica, lluvias extremas, inundaciones y vientos huracanados representa un factor de riesgo adicional para cualquier instalación industrial ubicada en terrenos costeros de baja elevación.

Especialistas en gestión de riesgos señalan que gran parte de la infraestructura proyectada o construida en la zona se localiza sobre superficies ganadas al mar, marismas y áreas con elevada presencia de agua subterránea. Durante eventos meteorológicos severos, estas condiciones favorecen inundaciones prolongadas, erosión de terrenos y afectaciones a sistemas de drenaje, almacenamiento y transporte de sustancias químicas.

Uno de los escenarios más sensibles involucra la posibilidad de daños simultáneos provocados por fenómenos extremos. Un huracán de gran intensidad podría afectar líneas eléctricas, caminos de acceso, sistemas de bombeo y equipos de seguridad industrial al mismo tiempo que dificulta la evacuación de comunidades cercanas. La complejidad operativa aumenta cuando las condiciones climáticas limitan la capacidad de respuesta de autoridades y cuerpos de emergencia.

Organizaciones ciudadanas sostienen que los planes de contingencia deben considerar eventos compuestos, es decir, la ocurrencia simultánea de huracanes, inundaciones y posibles incidentes tecnológicos. Entre sus preocupaciones destacan la eventual dispersión de sustancias peligrosas hacia cuerpos lagunares de baja circulación, la afectación de manglares y zonas pesqueras, así como la vulnerabilidad de comunidades costeras ubicadas a pocos kilómetros de las instalaciones industriales.

Las empresas promotoras afirman que sus diseños incorporan diques de contención, sistemas automatizados de cierre, infraestructura reforzada para eventos meteorológicos extremos y protocolos de respuesta alineados con la normatividad nacional e internacional. Sin embargo, colectivos ambientales, pescadores y habitantes de la región consideran que sigue pendiente una evaluación pública e independiente sobre la capacidad real de respuesta ante un escenario de desastre múltiple que combine fenómenos naturales y riesgos tecnológicos.

Contexto

La controversia alcanzó dimensión internacional cuando 11 relatores de mecanismos especiales de Naciones Unidas emitieron observaciones sobre la planta de amoniaco y sus posibles efectos en derechos indígenas, seguridad ambiental y protección del ecosistema. Mientras el Gobierno Federal sostiene que los permisos ambientales y las consultas ordenadas por tribunales fueron cumplidas, organizaciones opositoras aseguran que persisten irregularidades y riesgos insuficientemente evaluados. La visita anunciada por la titular de Semarnat, Alicia Bárcena, a la región busca abrir una nueva etapa de diálogo en uno de los conflictos socioambientales más importantes del noroeste del país.

Editorial P23

La disputa en Ohuira rebasa el debate técnico. Los expedientes oficiales sostienen que los proyectos cumplen con los requisitos legales; los opositores sostienen que las evaluaciones minimizan riesgos que podrían ser irreversibles. Entre ambas posiciones queda una pregunta pendiente: quién asumirá la responsabilidad política, económica y ambiental si las previsiones optimistas fallan. En una zona sísmica, costera y ecológicamente sensible, la confianza pública depende tanto de la transparencia de las empresas como de la independencia de las autoridades encargadas de supervisarlas.

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