Mientras Sinaloa está bajo escrutinio internacional, CPC plantea elevar a derecho constitucional vivir libre de corrupción
• Lucía Mimiaga concluye su gestión al frente del Sistema Anticorrupción con un llamado a fortalecer los contrapesos ciudadanos.
Culiacán, Sinaloa | 07 julio 2026 | Redacción P23 | CPC
En un contexto marcado por el incremento en la percepción de la corrupción y por el escrutinio internacional que enfrenta Sinaloa por los señalamientos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción planteó una reforma constitucional para reconocer como derecho humano el vivir en un ambiente libre de corrupción.
Durante la presentación del Octavo Informe Anual 2025-2026, la presidenta saliente del CPC, Lucía Mimiaga León, sostuvo que el combate a la corrupción sólo podrá avanzar si existe voluntad política y una estrecha colaboración entre autoridades y sociedad civil. “No estamos dispuestos a ser espectadores ni a normalizar la situación. Exigimos mejores representantes, instituciones sólidas y un combate frontal”, afirmó.
Entre los principales resultados de su gestión destacó la elaboración de iniciativas para fortalecer el acceso a la información pública y la transparencia, así como una propuesta ciudadana de reforma constitucional que incorpora el derecho a vivir libre de corrupción. También informó que el CPC promovió once Recomendaciones No Vinculantes, de las cuales cinco fueron aprobadas por el Comité Coordinador, enfocadas en transparencia proactiva, datos abiertos y participación ciudadana.
El informe también documenta proyectos como el programa “Si todos sabemos, todos podemos”, el Primer Concurso Estatal de Ensayo Anticorrupción, protocolos para proteger a denunciantes de actos de corrupción y para atender casos de acoso y hostigamiento sexual en la administración pública, además del fortalecimiento de la participación ciudadana en comités de obra pública y acciones conjuntas con universidades y organizaciones civiles.
Mimiaga advirtió que la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) refleja un deterioro en la percepción de la corrupción y llamó a instituciones como la Auditoría Superior del Estado, la Fiscalía Anticorrupción, el Tribunal de Justicia Administrativa, la Secretaría de Transparencia y el Poder Judicial a trabajar coordinadamente con la ciudadanía para evitar que el combate a la corrupción quede únicamente en el discurso.
Con la conclusión de su periodo, Raquel Zapién Osuna asumió formalmente la presidencia del Comité de Participación Ciudadana y del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción para el periodo 2026-2027.
Editorial P23.
En un estado donde la inseguridad, la opacidad y los cuestionamientos institucionales ocupan la agenda pública, la propuesta de reconocer constitucionalmente el derecho a vivir libre de corrupción trasciende el simbolismo jurídico. El reto será convertir ese principio en políticas públicas, vigilancia efectiva y resultados medibles para la ciudadanía. El pronunciamiento ocurre precisamente cuando hay iniciativas y acciones municipales que van en sentido contrario de la transparencia y rendición de cuentas.
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