El presupuesto de la indiferencia: la crisis forense y humanitaria en Quintana Roo
Quintana Roo | 31 julio 2026 |Necesariamente Incomoda | Graciela Machuca Martinez
El 22 de junio de 2020, Francisca Mariner Flores Patrón, una joven de 17 años, desapareció en Cancún, Quintana Roo. Durante más de cuatro años, su madre la buscó incansablemente en calles, hospitales, fiscalías y terrenos baldíos. En diciembre de 2024, el Estado le entregó la respuesta más cruel posible: el cuerpo de Francisca siempre estuvo bajo resguardo de las propias autoridades, abandonado en el Servicio Médico Forense (Semefo) de Cancún al que ingresó apenas un mes después de su desaparición.
Tuvieron que pasar más de cuatro años para que la Fiscalía General del Estado (FGE) realizara la confronta genética que confirmó su identidad. Este caso es el retrato más doloroso de la negligencia institucional, y la prueba irrefutable de que en Quintana Roo, desaparecer dos veces —una en las calles y otra en las planchas del Semefo— es una trágica realidad.
A pesar de este nivel de negligencia y del drama que viven cientos de familias, el titular de la FGE, Raciel López Salazar, ha demostrado un alarmante desinterés por la crisis humanitaria de desapariciones en el estado.
Presupuestos Millonarios, Resultados Inexistentes
Cada año, el Congreso del Estado de Quintana Roo aprueba presupuestos multimillonarios para la procuración de justicia. Tan solo para el ejercicio fiscal de 2026, el presupuesto modificado de la FGE superó los 1,846 millones de pesos. A pesar de los incrementos presupuestales sostenidos en los ejercicios 2024, 2025 y 2026, el fiscal López Salazar ya prepara su solicitud de presupuesto para 2027 sin que hasta el momento la dependencia haya presentado o iniciado un proyecto integral para la construcción y operación de un verdadero panteón forense con la capacidad necesaria para enfrentar la violencia generalizada de la entidad.
Otro pendiente gravísimo que no ha merecido la atención ni los recursos de la FGE es el diseño y conformación de un Banco de ADN. La creación de una base de datos genéticos robusta, que preserve de manera sistemática las muestras tanto de los restos humanos localizados como de los familiares que buscan a sus seres queridos, es la única vía para agilizar las identificaciones y evitar que se repitan atrocidades como la de Francisca Mariner. Sin embargo, los millones fluyen hacia otras áreas, mientras las familias siguen esperando.
Las Cifras del Horror (2022 – 2026)
La negación de la crisis por parte de las autoridades choca de frente con las bases de datos de organizaciones civiles y del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO). Las cifras muestran un aumento alarmante y sostenido:
2022: 591 personas desaparecidas.
2023: 919 personas desaparecidas.
2024: 1,213 personas desaparecidas.
2025: 1,552 personas desaparecidas.
Julio de 2026: Quintana Roo acumula ya cerca de 2,000 personas desaparecidas históricamente.
A este panorama se suma el hallazgo constante de fosas clandestinas, descubiertas no por el trabajo de inteligencia del Estado, sino por el doloroso e incansable esfuerzo de las madres buscadoras y los familiares de las víctimas.
El Colapso Forense: ¿Dónde están los cuerpos?
Ante esta realidad, es una exigencia pública que la FGE responda con transparencia: ¿Cuántos cadáveres tiene en su custodia en espera de identificación y físicamente en dónde se encuentran?
Sabemos que hasta el año 2023, la cifra de cuerpos sin identificar almacenados en las instalaciones estatales (Semefos) superaba los 800 cadáveres, en condiciones de evidente saturación. Es necesario que el fiscal rinda cuentas sobre cuántos restos humanos han sido localizados a partir de 2022 a la fecha, cuántos permanecen en calidad de desconocidos y bajo qué condiciones de dignidad y preservación se encuentran resguardados actualmente ante la ausencia de un panteón forense funcional.
Las Obligaciones Internacionales del Estado Mexicano
La inacción de la Fiscalía no solo es una falta moral, sino una violación directa a las obligaciones internacionales que el Estado Mexicano ha suscrito en materia de derechos humanos. De acuerdo con la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y los lineamientos de la ONU, el Estado está obligado a:
Garantizar el derecho a la verdad: Las familias tienen el derecho inalienable de conocer el destino y paradero de sus seres queridos.
Búsqueda e identificación: Destinar todos los recursos materiales y científicos (como el Banco de ADN) para la pronta localización e identificación de las víctimas.
Trato digno de los restos: Restituir los restos a sus familiares con pleno respeto y dignidad, lo que hace injustificable el abandono de cuerpos en instalaciones forenses colapsadas.
Reparación y no repetición: Garantizar mecanismos que eviten que las negligencias institucionales sigan ocurriendo.
El elevado número de desaparecidos no es solo una estadística; es una herida abierta en Quintana Roo. Mientras el Congreso aprueba presupuestos millonarios y se preparan las cifras para el 2027, el fiscal Raciel López Salazar le debe a las víctimas y a sus familias mucho más que excusas: les debe verdad, les debe justicia y les debe a sus seres queridos de vuelta en casa.
Sin embargo, el Fiscal de Quintana Roo vuelve a pedir un presupuesto de 2 mil 500 millones de pesos para 2027, para cumplir con las promesas que en los ejercicios anteriores no ha cumplido como es fortalecer infraestructura de la institución, ampliar su capacidad operativa y agilizar la atención de más de mil carpetas de investigación que recibe cada semana.
Para 2026 también le pidió al Congreso 2 mil 500 millones de pesos, pero solo le autorizaron mil 800 millones.
Ahora, si el Congreso le cumple con los dos mil 200 millones de pesos, ahora sí dice que cumplirá la construcción de un almacén de evidencias, un cementerio forense, nuevas instalaciones periciales, la ampliación de oficinas en Cancún, así como la contratación de más personal especializado, adquisición de patrullas, armamento, equipo táctico, uniformes y recursos para viáticos y combustible.
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