Unidad de Inteligencia Financiera bloquea cuentas de “el pity” Velarde Cárdenas y socio
• La medida alcanza a su socio Jorge Armando Lizárraga y a varias empresas; un juez negó la suspensión provisional a Operadora de Bares Veliz.-
• El ex funcionario promovió un amparo contra el bloqueo.-
Mazatlán, Sinaloa | 7 de septiembre de 2026 | P23
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incorporó a Ricardo “El Pity” Velarde Cárdenas, exsecretario de Economía de Sinaloa durante el gobierno de Rubén Rocha Moya, a la Lista de Personas Bloqueadas, una medida que inmoviliza sus cuentas y le impide realizar operaciones financieras mientras se desarrolla el procedimiento correspondiente. La acción, identificada con el acuerdo 326/2026, también alcanza al empresario Jorge Armando Lizárraga Angulo y a sociedades mercantiles en las que ambos aparecen como socios.
Entre las empresas afectadas aparecen Grupo Privé, Impulsora de Proyectos Veliz, Operadora La Movida Sí Me Gusta, El Muchacho Alegre en el Pacífico Norte y Operadora de Bares Veliz (OPV). Esta última está relacionada con establecimientos del sector restaurantero y de entretenimiento en Mazatlán.
Los reportes consultados por P23 señalan que Velarde y Lizárraga mantienen participación en al menos ocho empresas, mientras que algunos de los negocios involucrados comenzaron operaciones antes de que Velarde ocupara cargos públicos.
Medida ya llegó a los tribunales.
Velarde presentó un amparo el 25 de agosto para impugnar su inclusión en la lista de personas bloqueadas y este lunes un Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México se declaró incompetente y ordenó que el asunto sea enviado a los juzgados federales de Sinaloa. Lizárraga también promovió un amparo contra el acuerdo 326/2026. En el caso de Operadora de Bares Veliz, un juez federal negó la suspensión provisional solicitada para dejar sin efecto el bloqueo, al considerar que debía prevalecer el interés público relacionado con las facultades de investigación de la UIF.
El expediente vuelve a colocar bajo escrutinio público a Velarde, cuya salida del gabinete de Rocha Moya ocurrió en octubre de 2025, después de la desaparición en Mazatlán de Carlos Emilio Galván Valenzuela, joven de 21 años originario de Durango, quien había acudido con familiares al establecimiento Terraza Valentino. Velarde era copropietario del negocio. El gobierno estatal informó entonces que aceptaba su renuncia para facilitar el esclarecimiento del caso.
La investigación sobre Carlos Emilio tuvo posteriormente una precisión relevante: la Vicefiscalía de la Zona Sur informó que las cámaras mostraban al joven salir por su propio pie del establecimiento acompañado por dos hombres y abordar posteriormente una camioneta; la autoridad señaló que no había evidencia de que la desaparición hubiera ocurrido dentro del bar. La investigación sobre su paradero continuó.
La nueva acción de la UIF, por tanto, no equivale por sí misma a una acusación penal ni a una sentencia contra Velarde, Lizárraga o las empresas señaladas. Se trata de un bloqueo dentro del ámbito financiero y de un procedimiento que está siendo combatido por la vía judicial.
Ser incluido en la Lista de Personas Bloqueadas no determina responsabilidad penal; corresponde a los tribunales resolver las impugnaciones y a las autoridades competentes establecer, en su caso, responsabilidades.
Contexto
Ricardo Velarde Cárdenas ocupó la Secretaría de Economía de Sinaloa entre noviembre de 2024 y octubre de 2025, después de haber estado al frente de Turismo. Durante su paso por el gabinete estatal participó en actividades de promoción económica y turística y compareció ante el Congreso del Estado.
Ahora, casi un año después de su salida del gobierno, sus negocios y los de su socio enfrentan un procedimiento financiero que deberá resolverse en los tribunales. La primera batalla ya produjo un resultado adverso para una de las empresas: OPV no obtuvo la suspensión provisional del bloqueo.
Editorial P23
El caso merece seguimiento por una razón sencilla: cuando un empresario pasa de ocupar una posición dentro del gobierno a enfrentar una medida de la autoridad financiera federal, la explicación no puede quedarse en el titular ni convertirse en condena anticipada. Los ciudadanos tienen el derecho de saber si en este caso hubo negocios favorecidos por su paso en la administración estatal. Opina.
Foto de portada de archivo.
