Químico Benítez Torres actuó contra mazatlecos y pagó con recursos públicos más de $219.5 mdp en juicios “perdidos”

Read Time:16 Minute, 16 Second

Signos del mal gobierno de Morena en Mazatlán: sospechosa defensa jurídica, terrorismo laboral y desprecio por la ley.-
En 46 meses aumentó 15 veces el monto de indemnizaciones y multas pagadas por resolutivos condenatorios e incumplimiento de sentencias.-

Mazatlán, Sinaloa 14 de septiembre 2022.-A los pocos días de iniciar su gobierno, Luis Guillermo Benítez Torres, conocido como un químico bonachón que llegaba todas las mañanas con una bolsa de pan de Malpica a las tertulias mañaneras de la Fonda Santa Clara, hoy Fonda de Chalío, reveló muy temprano los complejos íntimos de una vida mediocre que, agazapada, esperaba el momento para mostrar el verdadero rostro que sorprendió a tofo mundo. En unos cuantos días se volvió contra amigos de toda la vida e incluso contra familiares en un vuelco inesperado que lo llevó a una vertiginosa espiral de excesos, soberbia, prepotencia, abuso e injusticias, traicionando sin vacilar el credo de la difundida transformación que lo llevó al poder.

La primera señal ocurrió el 23 de noviembre de 2018 cuando sin averiguar mandó cortar el agua del estadio Teodoro Mariscal –concesionado a la familia de su amigo y contertulio de Olas Altas Antonio Toledo Ortiz– por un supuesto adeudo de agua por 3 millones de pesos. No solamente tuvo que pedir más tarde disculpa pública, ordenado por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, sino que pagó del erario público un poco más de los millones del supuesto adeudo. De ahí para adelante no habría vuelta atrás: el poder en manos de la estulticia e ignorancia.

Como ninguna otra en la historia de este municipio, la administración Morenista -que arribó al poder con muchas expectativas de progreso, bienestar y justicia social- fue demandada judicialmente por diferentes motivos y en un ambiente de absoluta sospecha “perdió” en 46 meses de gobierno juicios que representaron un quebranto a las finanzas municipales por más de $219 millones 539 mil 046.00 pesos, que pudieron aplicarse a mejorar servicios de agua potable, drenaje y seguridad, por mencionar solamente 3 de los más afectados por falta de recursos presupuestales para obra pública directa (también sin precedente: solamente el 3 por ciento del presupuesto 2022 fue asignado a este propósito y 97 por ciento a gastos operativo y personales).

Dispuesto a violar el estado de derecho a la menor provocación, dueño de supina ignorancia, soberbia, extrema limitación intelectual, nula habilidad política, pero con la tesorería municipal a su disposición, el presidente municipal gobernó en tribunales en contra los mismos mazatlecos y pagó con dinero público millonarias multas y sanciones como efecto de una política de terrorismo laboral, desprecio absoluto por la ley, irrespeto a tribunales, negligencia, incapacidad o complicidad de la Secretaría del Ayuntamiento –particularmente durante el período de José de Jesús Flores Segura- y de la Dirección de Gobierno y Asuntos Jurídicos –por la que pasaron Luis Antonio Aguilar Colado, Cielo Rosa Mucharraz Elías y la actual Verenice Oleta Benítez- que del primero de enero 2019 al 31 de agosto 2022 recibieron gran cantidad de resolutivos condenatorios en juicios de amparo, desacato judicial, acciones colectivas y demandas laborales. Perdieron de todas, todas (hay que precisar que algunos expedientes fueron heredados por administraciones anteriores, pero el Químico fue responsable de cometer desacato judicial al negarse a cumplir sentencias).

Frivolidad y excesos.

Por las multas lo conocereís

La evolución de los montos revisados por P23 refleja, sin duda, el curso de una administración ineficiente que aplicó el terrorismo laboral como norma de gobierno, violó derechos de terceros y, en un acto de soberbia impresionante, retó a las autoridades judiciales estatales y federales, siempre en contra de los intereses de los ciudadanos.

Del primero de enero de 2019 -primer año de gobierno- al primer semestre de 2022, el Ayuntamiento “perdió” –entre comillas por la sospecha- juicios que le costaron a los mazatlecos por 182 millones 971 mil 111.43 pesos y recibió multas por desacato judicial por otros $36 millones 567 mil 935.55 pesos.

En los 46 meses revisados por P23, los mazatlecos pagaron más de $213 millones 738 mil 606.00 pesos, repartidos de la siguiente manera:

2019: $36 millones 567 mil 935.55 pesos en multas por desacato en 3 juicios de acciones colectivas y $7,546,356.16 por resolutivos condenatorios de diversos juicios.
2020: $5 millones 775 mil 440.21 por resolutivos condenatorios de diversos juicios, principalmente laborales.
2021: $55 millones 342 mil 790.50 pesos, al final del primer período de gobierno, por resolutivos condenatorios en juicios laborales, de amparo y administrativos.
2022: sorprende, sin embargo, que en los primeros 6 meses de este año pagaron $114 millones 326 mil, 524.49 pesos por sentencias adversas en juicios laborales, de amparo y administrativos.

Las erogaciones de la hacienda pública crecieron 15 veces en el período de estudio, lo que amerita otro análisis desde las aristas sicológica y sociológica del comportamiento del alcalde, quien tiene también la distinción histórica de ser el mayor agresor de periodistas en todos los tiempos.

Pero además del significativo quebranto financiero provocado por la deficiente o convenenciera defensa jurídica, emerge la sospecha de complicidad con la publicación que da cuenta que la ex titular de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento, Cielo Rosa Mucharraz Elías, dejó del cargo para contratarse con el Grupo AREH, empresa que demandó al Ayuntamiento por daños y perjuicios y en fastrack –con la intervención directa y públicamente difundida del alcalde- recibió indemnización por 142 millones de pesos y “perdonó” 111 millones más de intereses. El mismo Secretario del Ayuntamiento, Edgar González, deslizó esta posibilidad, lo que provocó 3 demandas en su contra y la exigencia de renuncia del mismo presidente del grupo empresarial.

En la columna Sótanos y Altares del 21 de junio 2022, el periodista Ismael Bojórquez, director del Semanario Río 12, publicó fragmentos de la carta que el empresario Juan José Arellano Hernández, presidente de Grupo AREH, circuló en redes sociales el desistimiento de la demanda contra el actual secretario del Ayuntamiento, Edgar González, y mencionó la contratación de la ex funcionaria municipal:

En su gestión –decía la carta–, un servidor púbico ha vulnerado sistemáticamente ese respeto, incumpliendo con su obligación de conducirse de manera proba hacia con los ciudadanos, puesto que de forma maliciosa ha expuesto públicamente al Grupo con afirmaciones falsas y tendenciosas”. Se refería a Edgar González, al cual le cayeron días después tres demandas en su contra, empujadas desde el piso 15 de la Torre BUKS, propiedad de los Arellano. Una de ellas firmada por Cielo Rosa Mucharraz Elías, quien había sido directora de asuntos jurídicos del Ayuntamiento hasta que llegó Edgar González a la secretaría y, al ser “renunciada”, se incorporó de lleno y sin pudor a la nómina del Grupo ARHE. González ha declarado que el área jurídica del Ayuntamiento dejaba perder las demandas en contra de la comuna, afectando el patrimonio de los mazatlecos”.

Hasta aquí la cita textual de la columna.

El adiós.

Casos “perdidos”

Ante esta sospecha generalizada, Paralelo 23 documentó las indemnizaciones que por ineficiencia o presunta complicidad pagó la administración municipal. La siguiente elección se hizo de manera aleatoria por monto, persona-empresa y tipo de juicio, predominando en todos los casos los laborales:

2021

Enero: $8,507,812.42/30 resolutivos condenatorios

Osuna Gutiérrez Víctor Manuel $5,000,000.00 (abono a juicio de nulidad con número de expediente 389/17-ii)
Navarrete Ochoa Edith Jacquelinne $121,900.00 (6to pago de emolumento para dar cumplimiento al laudo dictado en el juicio laboral núm. tmca-099/2008 según folio 3416)
Inmobiliaria Marítima Dolores, S.A. De C.V. $146 mil 642.00 y $435,509.64 (pago juicio de nulidad no. 367/2019 y 686/2019 según folio DGAJ/2217/2021, DGAJ/093/2022 y DGAJ/051/2022)
Guzmán Narcio Manuel $442 mil 313.12 (cuarto pago de emolumento para dar cumplimiento al laudo en el juicio laboral núm. tmca-024/2011 según folio 3311)
Inmobiliaria Lagaso, S.A. DE C.V. 233993 (pago juicio de nulidad no. según oficio DGAJ/2216/2021 y DGAJ/087/2022))
Figueroa Garzón Paulita Madeline $139,054.62 (7mo. y último pago de emolumento para dar cumplimiento al laudo dictado en el juicio laboral núm. tmca-019/2012 según folio 3415)

Febrero: $21,055, 925.24/14 resolutivos

Osuna Gutiérrez Víctor Manuel $16,593 mil 260.60 (abono a juicio de nulidad no. 389/17-ii según oficio no. dgaj-272/2022)
Nafta y Lubricantes Sc De RL De C.V. $3,000,000.00 (juicio de sentencia no 1981/14)
Desarrolladora E Inmobiliaria Náutica El Cid S.A. De C.V. 327490 (pago juicio de nulidad no. 400/2019 según oficio DGAJ/231/2022)
Desarrolladora E Inmobiliaria Náutica El Cid S.A. De C.V. $256,077.00 (pago juicio de nulidad no. 400/2019 según oficio DGAJ/230/2022)
Guzmán Narcio Manuel $442,313.12 (5to y último pago de emolumento en el juicio laboral núm. tmca-024/2011 según folio 3311)
Desarrolladora E Inmobiliaria Náutica El Cid S.A. DE C.V. 256077 (pago juicio de nulidad no. 980/2018 según oficio DGAJ/230/2022)

Marzo: $3,808,064.22/27 resolutivos

Díaz Benítez Amaranta $500,000.00 (primer pago juicio de nulidad número 1855/2018 según oficio DGAJ/533/2022)
Osuna Vásquez Eduardo $127,836.75 (primer pago de emolumentos dejados de percibir del 14 de febrero de 2018 al 15 de agosto de 2021 de acuerdo a oficio enviado por la dirección de asuntos jurídicos de fecha 16 de marzo de 2022 para dar cumplimiento al laudo dictado por el tribunal municipal de conciliación y arbitraje de Mazatlán en el expediente TMCA 54/2018)
Desarrolladora Inmobiliaria Náutica El Cid, S.A. DE C.V. $255,045.00 (pago juicio de nulidad no. 401/2019 según oficio DGAJ/458/2022)
Plaza Internacional Mazatlán, S.A. DE C.V. $108,476.81 (primer pago de juicio de nulidad núm. 741/2018 según oficio DGAJ/353/2022)
Ochoa Carbajal María Estela $251,251.26 (pago complemento y vales de despensa dejado de percibir del 01/03/17 al 15/09/20 para dar cumplimiento a la resolución condenatoria dictada dentro)
Uruchurtu Bustamante Guillermo $23,033.19 (pago juicio de amparo 321/2021 según oficio DGAJ/419/2022)

Abril: $26,160,974.54/31 resolutivos

Nafta Lubricantes SAPI DE CV $23,206,099.50 (pago juicio sentencia)
Valadez Saucedo Jesús $238,300.00 3ER (pago emolumento juicio laboral núm. TMCA/55/2013 según folio 290)
Díaz Benítez Amaranta $500,000.00 2DO (pago de juicio de nulidad 14855/2018)
Plaza Internacional Mazatlán, SA DE CV $108,476.81 (pago de juicio de nulidad 741/2018)

Mayo: $16,368,860.23/32 resolutivos

Rodríguez Moreno Carlos Eduardo $9,258,460.99 pago juicio de amparo no. 1007/2014 según oficio DGAJ/953/2022
Pelayo Osuna Sergio Fernando $425,980.00 1er pago juicio sumario civil servidumbre legal expediente 175/2016 según oficio DGAJ/1040/2022)
Desarrolladora Inmobiliaria Náutica El Cid, S.A. DE C.V. $255,045.00 (pago juicio de nulidad no. 401/2019 según oficio DGAJ/458/2022)
Flores García Vicente $199,854.37 (10mo y último pago de emolumento de juicio de nulidad no. 1474/2018 según folio 114)

Junio: 7,323,432.04/60 resolutivos

Rodríguez Moreno Carlos Eduardo $1,028,717.88 (pago de convenio)
Loeza Flores Baldemar $1,522,789.03 (pago indemnización y emolumentos dejados de percibir del 16 de mayo de 2017 al 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a oficio DGAJ/1265/2022 enviado por la dirección de gobierno y asuntos jurídicos de fecha 17 de junio de 2022 para dar cumplimiento a la resolución condenatoria dictada dentro del juicio de nulidad núm.: 1443/2017).
Osuna Gutiérrez Víctor Manuel $2,583,280.65 (2do pago parcial del juicio de nulidad expediente 389/17-ii según oficio DGAJ/1347/2022)
Plaza Internacional Mazatlán S.A. DE C.V. $108,476.81 4to pago juicio de nulidad no. 741/2018 según oficio DGAJ/353/2022

Julio: $10,237,274.04/21 resolutivos

Rodríguez Moreno Carlos Eduardo $1,028,717.88 (juicio de amparo 1007/2014)
Osuna Gutiérrez Víctor Manuel $2,583,280.65 (tercer pago juicio de nulidad no. 389/17-ii según oficio DGAJ-1544/2022)
Pelayo Osuna Sergio Fernando $425,980.00 (tercer pago relativo al convenio celebrado entre el h. ayuntamiento de Mazatlán y el c. Sergio Fernando Pelayo Osuna para cumplimiento a la sentencia definitiva dictada dentro del juicio sumario civil servidumbre legal 175/2016 radicado ante el juzgado cuarto civil de esta ciudad).
Nafta Y Lubricantes SAPI DE CV $4,759,772.71 (liquidación convenio).
Diconsa SA DE CV $412,869.75 (3ER pago convenio)
Gasolinera Y Servicios Mazatlán S.A. DE C.V. $18,942.72 (pago juicio de nulidad no. 491/17-iii según oficio DGAJ/1384/2022

Agosto: $20,038,442.18/21 resolutivos

Diconsa SA DE CV $412,869.75 (5to pago convenio)
Osuna Gutiérrez Víctor Manuel $2,583,280.65 (4to pago de juicio de nulidad no. 389/17-11 oficio DGAJ 1544/2022)
Calderón Alarcón Mario Arturo $15,000,000.00 (primer pago por concepto de indemnización derivado del convenio celebrado entre el H. Ayuntamiento y Mario Arturo Calderón Alarcón para dar cumplimiento a la sentencia dictada dentro del juicio de nulidad 2123/2018 radicado ante el tribunal de justicia administrativa para el estado de Sinaloa).
Plaza Internacional Mazatlán S.A. DE C.V. $108,476.81 (6to y último pago de juicio de nulidad no. 741/2018 según oficio DGAJ/353/2022)
Pelayo Osuna Sergio Fernando $425,980.00 (pago juicio sumario civil servidumbre legal expediente 175/2016 según oficio DGAJ/1040/2022)

2022

Enero: $263,921.02/19 resolutivos

Destacan los 170 mil pesos a Navarro Salcido Silvia por concepto del “primer pago –de tres- de emolumento para dar cumplimiento al laudo dictado en el juicio laboral núm. TMCA-112/2014 según folio 2542”

Febrero: $767,695.01/31 casos

Segundo pago por 170 mil pesos y tercer pago por 160 mil 311.64 a Navarro Salcido Silvia; a Osuna Lizárraga Delma por 184 mil 045; y 75 mil 870 a Pesca Integral De Alta Mar S.A. De C.V.

Marzo: 5,461,523.73/22 resolutivos

Martínez Ochoa Gustavo Alberto $276,800.00 (primer pago de emolumento dictado en el juicio laboral no. TMCA-94/2011 según folio 2711)
Nafta y Lubricantes S C DE REL DE CV $5,000,000 (abono a juicio de nulidad no. 1981/1141)

Abril: $737,030.07

Cruz Rivas José Eduardo: 143943.89
Martínez Ochoa Gustavo Alberto: primer pago de 3 por 276mil 800

Mayo: $5,160, 516.34/14 resolutivos

López Aguirre Santos Guillermo $131,274.13 pago de emolumentos dejados de percibir del 01/01/21 al 12/05/21 de acuerdo a convenio realizado para concluir el conflicto laboral bajo el exp. núm. TMCA-107-a/2020, como encargo asuntos jurídicos adscrito al departamento de Tribunal de Conciliación de Trabajadores).
Segundo abono a Nafta y Lubricantes SAPI De C.V.: 5,000,000.00
López Aguirre Santos Guillermo: 131274.13 por conflicto laboral

Junio: 5,172, 322.90/21 resolutivos

Nafta Y Lubricantes SAPI DE CV: $5,000,000.00
Carvajal Rodríguez Misael: 82047.19 por juicio de amparo

Julio: $3,229, 867.58/7 resolutivos

Nafta Y Lubricantes SAPI DE CV: $3,000,000.00

Agosto: $3, 448,628.83/21 resolutivos

Tirado Motta José Hugo dos abonos de $199,000.00 c/u (pago de emolumento dejado de percibir del 07 ene 2008 al 22 jun 2015 para dar cumplimiento al laudo dictado en el juicio laboral núm. tmca-32/2008 según folio 3117)
Nafta Y Lubricantes SAPI DE CV $3,000,000.00 (abono de juicio de sentencia no 1981/14)

Septiembre: $16,692, 517.53/49 resolutivos

Osuna Gutiérrez Víctor Manuel: $13,000,000.00
Nafta Y Lubricantes SAPI De C.V.: $3,000,000.00
Tirado Motta José Hugo: 199000 (tercer pago de emolumento dejado de percibir del 07 ene 2008 al 22 jun 2015 para dar cumplimiento al laudo dictado en el juicio laboral núm. TMCA-32/2008)

Octubre: $4,063, 783.68/25 resolutivos

Figueroa Garzón Paulita Madeline: $139,054.62
Nafta Y Lubricantes SAPI De C.V.: 3,000,000.00
Grupo Administrador Inmobiliario: $423,354.86 (juicio de amparo)

Noviembre: $4, 224,205.61/17 resoluctivos

Gpo Administrador Inmobiliario, Sociedad Anónima De Capital Variable: $423,354.86 (juicio de amparo)
Octavo pago Nafta Y Lubricantes SAPI DE CV: $3,000,000.00

Diciembre: 6,122, 778.27/30 resolutivos

Tercer pago Guzmán Narcio Manuel: $442313.12 (demanda laboral)
Lic. Granados Tiznado Jorge: $146,642.00 (pago juicio de nulidad no. 981/2018 según oficio DGAJ/2215/2021)
Padilla Cutiño Rudi Rubén: 685,782.07 (pago de emolumento dictado en el juicio laboral núm. tmca-086/2011 según folio 052)
Noveno pago Nafta y lubricantes SAPI DE CV: $3,000,000.0

Sus trofeos

Acciones colectivas

El Ayuntamiento fue emplazado a juicio en 2014 –en el gobierno del panista Carlos Felton- por la asociación Civil Acciones Colectivas de Sinaloa A.C. por la contaminación ambiental del basurón y daños a la salud causados a las personas que habitan en la cercanía. Otra demanda también del 2014 fue por la contaminación ambiental y daños a la salud generados por la operación del viejo Rastro Municipal. Por estos casos se abrieron 3 expedientes.

Por desacato judicial del gobierno actual en estos casos, se han impuesto multas al Ayuntamiento –la mayoría ya pagadas- por $36,567,935.55 (Treinta y seis millones quinientos sesenta y siete mil novecientos treinta y cinco pesos 55/100 M.N.)

Otros casos

El mismo día en que el Químico rindió su primer informe de gobierno –octubre 2019-, el licenciado Amílcar Asael Estrada Sánchez, Juez Octavo de Distrito, lo multó a él y a sus colaboradores por incumplir la sentencia de instalar sistemas de seguridad en los cruces ferroviarios urbanos de la ciudad, así como hacer una campaña informativa. Las sanciones por este caso vigente pudieran ser separación del cargo, inhabilitación o prisión. Hasta la fecha este resolutivo judicial ha sido incumplido.
El Juzgado Octavo de Distrito confirmó el 20 de octubre de 2020 que “desde el 7 de febrero de 2015 el Acuario de Mazatlán solamente puede cobrar al público por los servicios públicos de recreación que presta, los impuestos, derechos o productos que se establecen en la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa y en las disposiciones de las leyes fiscales aplicables por la cantidad de treinta y tres pesos con veintitrés centavos moneda nacional ($33.23 M.N,.), según artículo 1 del Decreto Municipal número 11, expedido el 23 de enero de 2015”. Ni un peso más. La sentencia fue ignorada puntualmente.
El 26 de septiembre de 2020, Juez Octavo de Distrito otorgó la suspensión definitiva a los menores de edad del fraccionamiento Paseo de Los Olivos que demandaron amparo de la justicia federal para que sean respetados sus derechos a la salud y a un medio ambiente sano.

Sin embargo, las empresas Munsa Molinos, Productos Manuel José e Industrias de Maíz y Trigo Blanca, todas Sociedades Anónimas de Capital Variable, han contado con el apoyo y complicidad del alcalde Benítez Torres, vinculado al propietario de las empresas. Este caso sigue su curso en tribunales federales.

Por supuesto, no son todos los que están ni están todos los que son.