Puede abrirse la puerta, pero Mazatlán tiene que llegar con proyectos ejecutivos
• La cercanía con el poder puede facilitar la interlocución, pero no sustituye estudios, permisos, presupuesto ni proyectos técnicamente viables. El antecedente del relleno sanitario muestra el costo de llegar tarde con la carpeta.
Mazatlán, Sinaloa | 24 septiembre 2026 | Mario Martini & Valentina Ramírez | Redacción P23 | Parte II
Mazatlán atraviesa una circunstancia política inédita. Claudia Sheinbaum ocupa la Presidencia de México y su esposo, Jesús María Tarriba Unger, es originario de Sinaloa y ha sido identificado públicamente como el primer Primer Caballero de México. Tarriba no es funcionario público por su condición de cónyuge presidencial y no tiene facultades constitucionales para autorizar obra pública, asignar presupuesto o instruir a dependencias federales.
La circunstancia puede facilitar espacios de interlocución política, pero las decisiones sobre recursos y obra pública corresponden a las instituciones competentes. Para Mazatlán, el punto central es llegar a esas instancias con proyectos ejecutivos completos, presupuestos, estudios, terrenos, permisos, calendarios y fuentes de financiamiento. Una reunión puede abrir una conversación; la carpeta técnica determina hasta dónde puede avanzar una gestión.
El antecedente del nuevo relleno sanitario ilustra el problema. En 2025 se contemplaron 100 millones de pesos para esa obra dentro del Plan Sinaloa, pero el proyecto fue retirado después de que se señalara la falta de un terreno adecuado y de condiciones técnicas para ejecutarlo dentro de los tiempos previstos. Los recursos fueron reorientados a otras obras. La experiencia dejó una lección concreta para la ciudad: contar con recursos anunciados no garantiza que una obra pueda ejecutarse.
En infraestructura sanitaria existen proyectos que sí han avanzado. JUMAPAM informó en agosto de 2026 sobre la rehabilitación del colector Jabalíes Norte mediante PROAGUA 2026, con una inversión superior a 21 millones de pesos y participación de los tres niveles de gobierno. El modelo combina proyecto, gestión, concurrencia de recursos y ejecución. El reto para Mazatlán es ampliar ese esquema hacia drenaje sanitario y pluvial, disposición final de residuos, infraestructura eléctrica, agua potable, saneamiento y movilidad.
La gestión pública necesita documentos concretos. Para cada obra estratégica debería existir una ficha con problema, ubicación, propiedad del predio, proyecto ejecutivo, estudios, permisos, presupuesto, fuente de financiamiento, dependencia responsable, calendario y etapa de ejecución.
Una cartera de proyectos de este tipo permitiría responder de inmediato ante cualquier oportunidad de financiamiento federal o estatal. También permitiría dar continuidad a las obras cuando cambien los gobiernos, los funcionarios o las circunstancias políticas.
La circunstancia alrededor de la Presidencia puede generar interlocución, pero no constituye una vía paralela para decidir sobre recursos públicos. “La influencia puede abrir la puerta. El proyecto ejecutivo es el que permite entrar.”
Mazatlán necesita dejar de presentar solamente una lista de necesidades y construir una cartera permanente de proyectos estratégicos. Si mañana se preguntara cuánto cuesta resolver un colector, construir un relleno sanitario o ampliar la infraestructura eléctrica, la respuesta debería estar en un expediente listo para revisión institucional.
La ciudad no necesita depender de una relación política para gestionar infraestructura. Necesita estar preparada para aprovechar cualquier ventana institucional que se presente, con proyectos técnicamente sólidos, presupuestos sustentados y procedimientos transparentes.