Harfuch deberá explicar ante juez federal omisiones en la búsqueda de Carlos Emilio
• El Juzgado Noveno de Distrito admitió el amparo 1184/2026-IV promovido por la madre del joven desaparecido en Mazatlán; la demanda señala tres incumplimientos de la SSPC, entre ellos no localizar a dos testigos solicitados por la FGR.
Mazatlán, Sinaloa | 14 de noviembre de 2026 | Director: Mario Martini | Redacción P23
La búsqueda de Carlos Emilio Galván Valenzuela, desaparecido en Mazatlán el 5 de octubre de 2025, escaló a los tribunales federales. La jueza Viridiana Quiroz Ángel, titular del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, admitió a trámite el juicio de amparo indirecto 1184/2026-IV, promovido por Brenda María Valenzuela Gil contra el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar Hamid García Harfuch, y otros mandos de esa dependencia, por presuntas omisiones en las investigaciones.
La demanda, presentada por el abogado Carlos Escobedo Suárez en representación legal de Brenda Valenzuela, identificada en el expediente como víctima indirecta, señala tres actos reclamados: la omisión de supervisar la ejecución de diligencias ordenadas por el Ministerio Público Federal; la falta de ejecución de esos mismos actos de investigación, y la omisión de localizar a dos testigos cuyos testimonios podrían contribuir a esclarecer lo ocurrido el día de la desaparición. El documento judicial identifica entre las autoridades responsables al titular de la SSPC, al subsecretario de Inteligencia e Investigación Policial y a responsables de las áreas de investigación de delitos de alto impacto y mandamientos ministeriales y judiciales.
El punto más delicado del reclamo es que la Fiscalía General de la República había solicitado a la SSPC localizar a dos personas consideradas testigos clave para reconstruir los hechos del 5 de octubre de 2025. Según el comunicado de la organización Defensorxs que acompaña a la familia, hasta la admisión del amparo la dependencia no había conseguido localizarlas ni acreditado las actividades necesarias para cumplir esa instrucción ministerial. La controversia coloca bajo escrutinio judicial no solamente los resultados, sino también la ejecución y supervisión de diligencias concretas dentro de la investigación.
La resolución judicial otorgó a las autoridades señaladas un plazo de 48 horas para rendir sus informes previos, en los que deberán pronunciarse sobre las omisiones reclamadas, además de los informes justificados correspondientes.
Sin embargo, la jueza negó inicialmente la suspensión provisional solicitada por la representación de la víctima indirecta, al considerar que concederla podía dejar sin materia el juicio.
La defensa interpuso un recurso de queja ante los Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Penal de la Ciudad de México, que deberán revisar esa determinación y decidir si procede una medida judicial que obligue a la SSPC a realizar las diligencias reclamadas antes de que concluya el amparo.
EDITORIAL P23
Hay una pregunta que las autoridades federales no pueden esquivar: ¿de qué sirven los centros de inteligencia, los despliegues militares y las detenciones anunciadas diariamente si una instrucción ministerial para localizar a dos testigos sigue sin resultados acreditados? El caso de Carlos Emilio exhibe una contradicción institucional que merece explicaciones. No se trata de una disputa administrativa ni de un favor solicitado por una familia: se trata de una investigación por desaparición forzada y del derecho de las víctimas, directas e indirectas, a la verdad y a la justicia. La inteligencia del Estado debe servir para encontrar personas, no solamente para exhibir operativos espectaculares. Una madre no tendría que litigar para conseguir que las instituciones hagan su trabajo. Tu opinión importa.
