En Mazatlán tirar basura es gratis porque la autoridad no aplica reglamentos ni sanciona
• Normas municipales contemplan multas de hasta 20 UMA por arrojar residuos en la vía pública y drenajes, además de sanciones ambientales que pueden alcanzar 20 mil UMA.-
• La falta de resultados abre interrogantes sobre la responsabilidad de la autoridad.-
Ciudad, Sinaloa | 14 de noviembre de 2026 | Investigación especial | Redacción P23
En Mazatlán tirar basura es gratis en la práctica, no porque esté permitido sino porque, a pesar de que existen reglamentos que prohíben arrojar desperdicios en calles, playas, canales y espacios públicos, la aplicación efectiva de las multas no parece corresponder a la dimensión del problema. La basura se acumula, los canales vuelven a llenarse después de las jornadas voluntarias de limpieza y los infractores siguen encontrando pocas razones para modificar su conducta.
El artículo 12, fracción II, del Bando de Policía, Buen Gobierno y Justicia Cívica de Mazatlán clasifica como falta contra la higiene y la salud pública arrojar basura, escombros, sustancias fétidas, animales muertos y desperdicios orgánicos o químicos en la vía pública, lugares públicos, privados y playas. La infracción se sanciona conforme al artículo 19, fracción IV, con una multa de 6 a 10 Unidades de Medida y Actualización (UMA). Con el valor diario de 117.31 pesos vigente en 2026, representa entre 703.86 y 1,173.10 pesos.
La sanción aumenta cuando los residuos afectan la infraestructura urbana. El artículo 12, fracción XXII, del mismo Bando prohíbe arrojar basura en alcantarillas y bocas de tormenta, así como contaminar el drenaje pluvial o sanitario con materiales que dificulten el saneamiento del agua. En estos casos se aplica el artículo 19, fracción V, que establece multas de 11 a 20 UMA, equivalentes a 1,290.41 y 2,346.20 pesos. La quema de basura y residuos también está prohibida por el artículo 12, fracción XIV, y remite a esa misma escala sancionadora.
El Bando no se limita a establecer multas. Su artículo 27 permite sancionar al reincidente hasta con el doble del máximo de la multa aplicable, dentro de los límites legales. El artículo 29 contempla que, cuando el infractor no pague la multa, ésta pueda conmutarse por arresto administrativo de hasta 36 horas o trabajo comunitario, conforme a las condiciones previstas en el ordenamiento. Es decir, existen mecanismos para evitar que la infracción quede sin consecuencia.
El Reglamento Ambiental y de Cambio Climático del Municipio de Mazatlán refuerza estas disposiciones. Su artículo 103 obliga al Ayuntamiento a formular el Programa Municipal para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos. El artículo 104 establece que el gobierno municipal es responsable del servicio público de manejo integral de residuos, que comprende barrido manual y mecánico, recolección, transporte, tratamiento y disposición final. No es una responsabilidad que pueda trasladarse exclusivamente a los ciudadanos.
El artículo 109 ordena a la autoridad ambiental clausurar los tiraderos de residuos a cielo abierto que funcionen clandestinamente e imponer las sanciones correspondientes. El artículo 111 prohíbe arrojar, depositar o quemar basura y residuos en vías públicas, áreas comunes, playas, parques, jardines y áreas verdes, además de establecer otras prohibiciones sobre el manejo inadecuado de desperdicios.
Las sanciones ambientales están previstas en el artículo 172 del mismo reglamento: amonestación, multas de 10 hasta 20 mil UMA, clausura temporal o definitiva, requerimiento de reubicación, revocación de permisos o licencias y arresto administrativo de hasta 36 horas. El monto debe determinarse atendiendo a la gravedad de la conducta y los criterios del artículo 173, entre ellos el impacto en la salud pública, el daño ecológico, la reincidencia, la intención o negligencia y el beneficio obtenido por el infractor. No significa que cualquier persona sorprendida arrojando una bolsa de basura deba recibir automáticamente la multa máxima: la sanción requiere un procedimiento y una resolución debidamente fundada y motivada.
El problema de Mazatlán, entonces, no es que carezca de normas. Es que la cadena de aplicación de la ley presenta una falla que la propia administración municipal ha reconocido. El 7 de julio de 2026, la alcaldesa interina y hoy Sindica Procuradora Minerva Osuna Zavala declaró que era necesario dar facultades sancionadoras a las direcciones de Ecología y Servicios Públicos para castigar a quienes arrojan basura en calles y canales pluviales.
La información publicada ese día precisó que ambas dependencias podían levantar actas administrativas, pero debían turnarlas al Juzgado Cívico, instancia competente para calificar las infracciones e imponer las sanciones. La alcaldesa interina reconoció que alrededor de 50 canales habían sido limpiados y que algunos volvían a llenarse de residuos apenas un día después. La declaración no demuestra por sí misma que el Juzgado haya dejado de sancionar, pero sí obliga a conocer cuántas actas recibió y cuántas multas resolvió.
El artículo 5 del Bando establece que el Juzgado Cívico es competente para calificar las infracciones e imponer las sanciones correspondientes. El artículo 4 también reconoce a los inspectores ecológicos como autoridades ejecutoras. Por tanto, la falta de facultades para imponer multas directamente desde las direcciones operativas no significa que el municipio carezca de una instancia sancionadora. Lo que debe esclarecerse es si los expedientes se integran, se remiten oportunamente, se resuelven y se cobran. La distribución de competencias no puede convertirse en una excusa para que la infracción termine sin consecuencias.
La responsabilidad alcanza también a los servidores públicos. El artículo 180 del Reglamento Ambiental dispone expresamente que cuando las violaciones a sus disposiciones sean cometidas por empleados municipales, o cuando por culpa o negligencia de éstos se cause perjuicio al ambiente, se procederá conforme a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa.
Su artículo 49 considera falta administrativa no grave incumplir las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas, así como no supervisar que los subordinados cumplan sus obligaciones.
El artículo 75 contempla sanciones que pueden incluir amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación temporal. Si existen otras conductas expresamente tipificadas como graves, deberán investigarse y acreditarse sus elementos. La falta de una multa, por sí sola, no prueba automáticamente una responsabilidad grave: es necesario establecer qué funcionario tenía la obligación concreta de actuar y qué omitió.
La paradoja ambiental de Mazatlán tiene otro antecedente de peso. El 1 de julio de 2026, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ejecutó la clausura total y definitiva del basurón municipal de Urías. La resolución administrativa había impuesto al Ayuntamiento una multa de 10 millones 444 mil 60 pesos por irregularidades en la operación del sitio, incumplimientos de la NOM-083-SEMARNAT-2003 y falta de caracterización de los lixiviados durante los cinco años anteriores. El Ayuntamiento promovió un juicio de nulidad, pero el Tribunal Federal de Justicia Administrativa confirmó la legalidad de la actuación de Profepa. La clausura se ejecutó después de esa resolución.
La contradicción es evidente: el gobierno municipal está obligado a hacer cumplir los reglamentos ambientales entre la población, pero también debe responder por sus propias obligaciones en materia de residuos. No puede exigir cultura cívica sin demostrar eficiencia administrativa, ni reclamar corresponsabilidad ciudadana mientras la aplicación de la ley permanece sin resultados transparentes.
Lo que el Ayuntamiento debe responder es cuántas actas levantó Ecología, cuántas recibió el Juzgado Cívico, cuántas terminaron en multas, cuánto dinero ingresó a Tesorería y cuántos tiraderos clandestinos fueron clausurados. También debe informar si existen investigaciones administrativas por incumplimiento de las obligaciones de los funcionarios responsables.
Porque cuando tirar basura no tiene consecuencias, el infractor aprende que puede seguir haciéndolo. Cuando la autoridad no aplica sus propios reglamentos, la impunidad se convierte en una invitación a ensuciar. Y cuando los canales se obstruyen, las calles se inundan y los espacios públicos se deterioran, la factura no la paga solamente quien arroja los desperdicios: la pagan todos los mazatlecos.
Mazatlán no necesita más campañas de recolección voluntaria de basura, lo que necesita es que el gobierno cumpla y haga cumplir la ley.
EDITORIAL P23
La autoridad no puede exigir cultura cívica mientras administra la impunidad. Los reglamentos no son piezas decorativas para los archivos municipales: son obligaciones que deben cumplirse. Si el ciudadano que ensucia debe responder, también debe hacerlo el funcionario que, teniendo atribuciones y obligaciones, omite actuar. La ley debe funcionar en ambas direcciones.
Tu opinión importa.
