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El dolor es una ausencia;
es el tiempo que se detiene.
Gabriela Riveros
El Senado de la República confirma que el Ejército seguirá en las calles hasta 2028. La votación es clara: 87 senadores a favor y 40 en contra. Atrás quedan compromisos de campaña de Andrés Manuel López Obrador y también como presidente. En sus discursos, buscando el voto, propuso el regreso de los militares a los cuarteles. Y por esa razón, entre otras, muchos fuimos a las urnas a votar por él. En la memoria están tatuados viejos y nuevos agravios cuya responsabilidad descansa en el Instituto armado o la comparte: 2 de octubre de 1968 y la noche del 26 de diciembre en Iguala, Guerrero.
Siendo ya presidente López Obrador, al crear la Guardia Nacional, se comprometió a formar personal civil para que en 2023 sustituyeran a los militares que en el primer momento formarían las filas de esa institución. Hasta hoy no ha iniciado la formación de esos policías. No lo cumplirá en la fecha que se impuso ni en lo que le queda de tiempo a su sexenio. No hubo ni hay voluntad para ello. Más allá de la intención de cumplir la palabra empeñada, creo que hay desconfianza del presidente hacia el personal civil policial, empezando por los puestos de mando.
No se escucharon las voces autorizadas ni los señalamientos de sectores importantes de distintos puntos de la geografía nacional y de diversa actividad económica y social. Hubo declaraciones de instancias internacionales y de especialistas de ese nivel en el tema de la seguridad. En toda democracia debe haber oídos receptivos a las razones que expresan no sólo la oposición, sino todos los ciudadanos y sectores que tengan una opinión diferente. No fue el caso nuestro. La decisión tomada en el Senado obliga a una reflexión ciudadana que no vimos ni por asomo en esa alta tribuna republicana.
¿A qué seguridad se refieren legisladores y el presidente? ¿A la llamada seguridad pública? Porque la seguridad pública la han entendido los gobiernos en general, incluido el mexicano, como las medidas policiales que garantizan el funcionamiento del Estado y donde las estadísticas del crimen y conductas antisociales juegan un papel relevante en el discurso de los gobernantes, pero no necesariamente en sus preocupaciones.
Hay otro concepto de seguridad al que han contribuido instancias internacionales, entre ellas la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. El IIDH ha venido trabajando el tema desde finales del siglo pasado. Y en 2007 acuñó esta definición:
Nos referimos a la seguridad ciudadana como aquella situación política y social en la que las personas tienen legal y efectivamente garantizado el goce pleno de sus derechos humanos y en la que existen mecanismos institucionales eficientes para prevenir y controlar las amenazas o coerciones ilegítimas que pueden lesionar tales derechos. Un Estado democrático de derecho tendrá garantizado el ejercicio de todos los derechos humanos, pues es el responsable de que opere la seguridad ciudadana.”
¿Cómo otorga un Estado de Derecho Democrático la seguridad ciudadana? A través de todas las instituciones que son parte de su cuerpo. Cuando la idea se circunscribe sólo a la seguridad pública y se encarga la tarea a las corporaciones policiales, a las fuerzas armadas (caso de México) y las fiscalías, ni la visión del problema es completa, ni las medidas tocan la totalidad del fenómeno ni los resultados serán los que se obtienen con la estrategia de seguridad ciudadana.
Foto de archivo/Cortesía Alcaldes de México
A la reforma que permite prorrogar la permanencia del Ejército en las calles no la antecede ningún análisis sobre la crisis humanitaria en México: homicidios, desapariciones forzadas y desplazamientos internos. Tampoco el compromiso desde el Estado para resolver la crisis mencionada. Y como rayo en cielo sereno nos dan el consuelo de que habrá un informe semestral al Congreso de la Unión sobre las actividades de las fuerzas armadas en la calle. Con un acuerdo de última hora que llevó el fin de completar los votos que hacían falta para alcanzar las dos terceras partes del pleno: se mejorarán los presupuestos de las policías locales preventivas.
Y como el trato desde la Federación hacia las policías preventivas municipales no es el mejor, vale preguntar si los fondos serán entregados a los municipios o se seguirán controlando desde el centro del país. Se compran patrullas, armas y equipo táctico, no por las necesidades que el servicio demanda, sino por las ocurrencias (etiquetas) de quien administra esos fondos. Con esa “autonomía” municipal sólo daremos traspiés en la solución de la crisis de seguridad que vivimos. También es muy importante preguntar ¿Cuándo empieza la formación de personal civil para fortalecer la Guardia Nacional? La promesa gubernamental se fijó como plazo para cumplir la tarea el año 2023. De nuestra parte, creyendo en la filosofía de la 4T, reivindicamos la sabiduría del Artículo 21 Constitucional y sostenemos que sólo el fortalecimiento de las policías civiles, en el marco de un Estado de Derecho Democrático y del concepto de seguridad ciudadana, puede abrir la alternativa que la ciudadanía demanda en materia de seguridad. Vale.
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