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Por Mario Martini
El gobierno mexicano tiene por lo menos tres caminos para cumplir con el artículo 21 constitucional y evitar que la disputa por el control del Cártel de Sinaloa escale en el país y el extranjero:
- Como si se tratara del desfile del 16 de septiembre, las fuerza combinada debe mostrar músculo bélico en las calles y carreteras con tanquetas artilladas, rinos, helicópteros blackhawks, aviones Beechcraft de combate tierra-aire -táctica de disuasión le llaman, confinando a los delincuentes en zonas donde puedan matarse a placer para que los ciudadanos inocentes no corran peligro y la vida cotidiana de la población transcurra con normalidad.
- Autorizar la solución final que consiste en una matanza nunca antes vista en el país desde la revolución mexicana, bajo el argumento de combatir al terrorismo. El Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas puede disponer de todas las capacidades del Estado mexicano para lanzar una embestida definitiva por aire, mar y tierra contra las fracciones que disputan a sangre, terror y fuego el control absoluto de lo que alguna vez fue la monolítica Federación de Sinaloa. Para garantizar el éxito y minimizar daños colaterales, el presidente debe olvidarse del nacionalista discurso de autonomía soberana y solicitar la colaboración de fuerzas especiales estadounidenses que se dejen venir con toda la inteligencia policial y tecnología bélica que requiere una operación quirúrgica que reduzca la sangría en tiempo y forma, y
- Retomar el histórico control del mercado de drogas y negociar la paz al costo que sea, sentando en la mesa a “mayos” y “chapos” para leerles la cartilla, olviden agravios, perdonen traiciones y acuerden la pax narca del pasado que a todo mundo conviene. Se trata de hacer a la voz de ya un enérgico llamado presidencial a estarse sosiegos.
Foto: Relatos e Historia de México
Si eligen el 3, Andrés Manuel López Obrador y Rubén Rocha Moya no harían nada distinto a lo que hicieron sus antecesores en aras de la paz social, incluyendo al venerado general Lázaro Cárdenas, quien como Comandante Militar de la zona del Pacífico y luego secretario de la Defensa Nacional (1942 a 1945) tenía muy claro que el gobierno debía seguir controlando la producción y tráfico de marihuana y heroína que demandaba el ejército norteamericano de la segunda guerra mundial. En el último año de su gobierno -1940-, hizo algo verdaderamente revolucionario: promulgó el “Reglamento Federal de Toxicomanías” que eliminó los delitos de drogas y autorizó tratar a los adictos como enfermos y no como criminales. El comercio de pequeñas cantidades de drogas, incluida marihuana, cocaína y heroína, fue despenalizada con el propósito de desarticular el mercado negro que creció geométricamente al finalizar la guerra y fue controlado por jefes militares de las zonas de producción. Si le hubieran hecho caso al “tata”, otro gallo nos cantara, pues la prohibición que vino inmediatamente después fue el caldo de cultivo para que germinara el poderoso imperio criminal de nuestros días, valuado moderadamente en unos 50 mil millones de dólares al año, dos veces más al ingreso de divisas por exportación de petróleo (24 mil 980 millones de dólares en 2023).
En 1942 el coronel Rodolfo T. Loaiza, gobernador de Sinaloa, denunció ante el mismo Secretario Cárdenas que el general Pablo Macias Valenzuela, jefe de la Tercera Región Militar, controlaba el mercado negro de drogas, asociado con los gangsters norteamericanos Benjamín “bugsy” Seagal y Charles “lucky” Luciano. Loaiza fue asesinado el lunes de carnaval de 1944 y el pistolero Rodolfo “el gitano” Valdés siempre sostuvo que lo ejecutó por órdenes del general.
Miguel Alemán (1946-1952) declaró a la prensa que las drogas generaban divisas al país, por lo que se hizo de la vista gorda para que el tráfico fluyera hacia Estados Unidos, como lo hicieron quienes después ocuparon la silla presidencial. Todos, en mayor o menor medida, negociaron con los traficantes a cambio de paz social, financiamiento político y no pocos hicieron grandes fortunas con los criminales a quienes controlaron hasta el gobierno de Carlos Salinas de Gortari.
Ante tal descaro, el gobierno de Estados Unidos apretó al gobierno mexicano porque el mercado había alcanzado escandalosas ganancias en 1975 por unos diez mil millones de pesos, el doble de la producción agrícola del Valle de Culiacán. Tras una reunión secreta entre Pedro Ojeda Paullada, procurador general de la república, y Sheldon Vance, asesor del Departamento de Estado norteamericano, en 1976 se puso en marcha la Operación Cóndor que utilizó químicos defoliantes para fumigar plantíos y persiguió a los líderes criminales, encabezados por Miguel Ángel Félix Gallardo, protegido del gobernador sinaloense Leopoldo Sánchez Célis hasta que fue capturado en 1989.
Después del rotundo fracaso de la mayor estrategia militar antidrogas, el gobierno mexicano prefirió hacer mutis y seguir beneficiándose del mercado de estupefacientes, dorándole la píldora a los estadounidenses con la Iniciativa Mérida que fue un engaño de ida y vuelta. En los siguientes 50 años, el negocio de drogas prosperó en todo el continente, Europa, Asia y Oceanía, surgiendo otros cárteles que disputaron la supremacía del narcotráfico. Luego vino Felipe Calderón (2006-2012), quien sin medirle el agua a los camotes dio otro manotazo al avispero como respuesta desesperada a la pérdida de control sobre los grupos criminales que habían tomado gran parte del territorio nacional y ponían o quitaban presidentes municipales, diputados o gobernadores a su antojo. Los delincuentes habían tenido 30 años para preparase, armarse, organizarse y expandiese para combatir al gobierno, superándolo en capacidad de fuego, comunicaciones y estrategia. El país sufrió la segunda sangría más grave de su historia en tiempos de paz.
Está visto que las rupturas criminales no son para siempre y que la violencia no conviene ni a delincuentes ni al gobierno que tiene la obligación de cumplir con el artículo 21 constitucional: “…la seguridad pública es la función a cargo del Estado que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos”
Hay tres caminos, de los tres ¿cuál debería tomar el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas?
Saludos cordiales
MM
