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Llegamos a lo que en épocas pasadas
denunciaban Günther Anders y Theodor Adorno:
nos convertimos en apéndices del mundo de la mercancía.
Enzo Traverso
Contra la desesperada esperanza, Lidia, la esquiva tormenta, no visitó las cuencas de nuestros once ríos. Y el vivo deseo de citadinos y gente del campo sinaloense, de ver llover copiosamente, aunque el agua inunde calles y desborde ríos, arroyos y acequias, no lo pudimos disfrutar. Lidia buscó las tierras de los jefes Tenamaxtli (Jalisco) y Nayar (Nayarit) para culminar su indecisa dirección y evadió una ansiada cita en el territorio de Ayapin (Sinaloa). Con ello las resecas presas de nuestro estado, sedientas se quedan. Pero el mes de octubre no concluye su primera parte y aún alimenta una flaca esperanza de lluvias y de que las aguas de arroyos y quebradas canten y bailen la canción de la vida.
Hay expertos que nos dicen que el ciclo agrícola 2023-24 es el más crítico en la historia de nuestra agricultura, en materia de almacenamiento de agua. Y volteando a los registros que marcaron el vital líquido de nuestras presas, encontramos que el tercer milenio nos recibió con una sequía que apenas aportó el 35.3 por ciento de almacenamiento de agua. Y por si fuera poco lo que nos deparó el año 2000, dos años después volvieron los dolores de cabeza al detenerse el registro hídrico en apenas el 35 por ciento. Después de los furtivos e inútiles coletazos que nos dedicó Lidia, nos encontramos con la mala noticia de que nuestras presas no cuentan ni con un 30 por ciento de su capacidad de almacenar agua.
Los más optimistas plantean posibilidades de lluvias en lo que resta de octubre y no faltan quienes señalan que las precipitaciones se trasladarán para noviembre y diciembre. Y si a deseos vamos, yo también quiero que las cabañuelas regresen en enero próximo. Pero puede no suceder. La situación que se observa hasta hoy, lleva a que las instituciones especializadas en la agricultura y la administración del agua, estén pensando en la drástica disminución de la superficie dedicada al maíz blanco: de 520 mil 904 hectáreas en el ciclo 2022-23 a una superficie que no superaría las 200 mil.
Basta imaginar esa disminución para tropezarnos con un triste panorama en el campo abandonado, con centenares de miles de brazos sin trabajo, sin el derrame de dinero que alegra los hogares de trabajadores y sin las cosechas que alimentan el comercio y la industria local, y el consumo internacional. Las hortalizas sufrirían también la anemia a la que obliga una sequía de la dimensión que ahora vivimos. Y la ocupación caería verticalmente, para dejar sin empleo y sin ingresos a decenas de miles de obreros agrícolas. Las ciudades no verían llegar tampoco importantes montos de divisas que genera habitualmente nuestra agricultura de exportación y tampoco el porcentaje de los salarios que acá se quedan temporada a temporada.
Y al no llover también impactará a la economía subterránea, a la economía ilegal, a la llamada economía canalla. Si no llovió lo suficiente en la sierra, los cultivos de mariguana y de amapola perecerán en un alto porcentaje o su rendimiento caerá en picada. Aunque no seamos partidarios de dichas actividades, no dejaremos de reflexionar en que, si faltan ingresos en esas latitudes, las familias que allí viven sufrirán la falta de alimentos. No se requiere de mucha ciencia para concluir en que ello puede llevar a esas zonas a una crisis de inestabilidad preocupante.
Reorganizar el ciclo agrícola 2023-24 es bueno y encontrar la opción para cultivos que consuman menos agua como el frijol, garbanzo y el cártamo, sería una alternativa inteligente. Pero históricamente estamos fallando de cabo a rabo. A pesar de las sequías del año 2000 y 2002, no se ha legislado tan radicalmente para preservar los recursos hídricos como patrimonio de la Nación. No contamos con un marco legal a nivel federal que garantice que el agua es un derecho humano y que no debe haber familia o grupo social que esté excluido del acceso a este vital recurso. Compañías refresqueras y cerveceras no han demostrado en Puebla, en Baja California y otros rincones del país, el peligro de permitir que gobiernen sobre el agua disponible.
Urge la rectoría del Estado en la administración del agua. Una simple pregunta sobre la administración del escaso 29 por ciento del agua disponible en las presas de Sinaloa, nos pone en un serio predicamento. Los módulos de riego no son espacios donde la democracia sea moneda de alta circulación, ni tampoco donde se atienda a pie juntillas las políticas de Estado sobre la distribución del agua. ¿Ante los apuros que impone la actual sequía, qué pasará en esas aduanas del vital líquido? Lo recomendable no sería esperar a lo que pueda pasar, porque en otros años los productores más débiles han quedado en el mayor desamparo frente a quienes controlan esas aduanas del agua.
Si 15 de los 18 municipios de Sinaloa padecieron sed en este año y las autoridades aliviaron la situación con pipas (no siempre suficientes), esa alerta no se ha extinguido. Ojalá llueva en el ocaso de este año, pero con ello o sin este milagro, el Estado está obligado a establecer prioridades en la administración del agua disponible. Y al hablar del derecho humano al agua, la que se dedique al consumo humano no puede considerarse en segundo o en último término. Todas las ciudades y todos los asentamientos humanos, por más humildes y pequeños que sean, deben tener garantizado el consumo de agua para sus necesidades elementales. Nunca como hoy ha tomado mayor fuerza y claridad que la democracia en la administración y uso del agua, es la mejor garantía de la supervivencia humana. Vale.
Fotos de archivo con fines ilustrativos/Línea Directa
X(Twitter) @Oscar_Loza
