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- Guardia Militar, sin quitarle ni una coma.-
- Nuevo Reto del Crimen a la sociedad y al gobierno.-
- Beatriz Paredes ¿rostro del PRI?.-
Como ordenó el presidente, los diputados de Morena aprobaron reformas legales que militarizan a la Guardia Nacional, sin meterse a las honduras de modificar la Constitución. Es una huizachada, pues la adscripción civil de esa corporación policíaca quedó inscrita en la Constitución, por cierto con el voto de Morena.
El presidente tiene razones para insistir en su proyecto de militarización. Más allá de su preferencia por trabajar con la milicia, está el fracaso en la lucha contra la inseguridad. La disposición constitucional para regresar a los soldados a sus cuarteles al fin del sexenio no es viable porque la violencia no ha sido sometida, y pedir a los demás partidos una posposición es ajeno a la mentalidad lópezobrdorista.
El jefe del control político del Senado, Ricardo Monreal, dijo hace unos días que pretender adecuar una disposición constitucional a través de reformas a leyes reglamentarias es inviable jurídicamente, como lo sabe hasta un estudiante de primer año en la carrera de derecho. En las próximas semanas tendrá la oportunidad de demostrar congruencia entre sus conocimientos y su práctica política.
Durante las últimas décadas México ha emprendido una tortuosa carrera por la legalidad. La sociedad civil exige y paulatinamente consigue, mientras la clase política cede y maniobra para recuperar privilegios, pero los avances son importantes. Por eso es tan llamativo que desde la misma Presidencia de la República se impulsen maniobras tan claramente antijurídicas.
¿No hay alguien en todo Morena que se dé cuenta de las aberraciones en que está incurriendo su fracción legislativa? El espíritu de cuerpo, la unidad de propósitos y la real politik no debieran estar por encima de las convicciones, sobre todo cuando se trata de militantes de la izquierda que toda su vida pugnaron por la legalidad frente a gobiernos que la burlaban y la combatían.
Cuando el gobierno de Enrique Peña Nieto planteó legislar para que diesen al Ejército garantías legales para actuar más libremente en materia de seguridad, la izquierda votó en contra sin detenerse a analizar la propuesta que, por supuesto, era mala. Hoy, muchos de aquellos defensores de la acción civil votan o respaldan la iniciativa actual del presidente, que va mucho más lejos de lo que intentó el propio Peña Nieto.
Era previsible que Morena le obsequiase esa aprobación a su guía y líder (sin mover ni una coma), como es previsible que la oposición y otras fuerzas acudan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a buscar la declaratoria de inconstitucionalidad de lo aprobado la madrugada de este sábado en San Lázaro. Habrá que esperar a lo que pase en el Senado, donde el presidente también tiene mayoría y puede repetir lo ocurrido en San Lázaro, incluso en el remoto caso de una rebelión Monrealista. Será difícil que el zacatecano decida finalmente romper con AMLO y más aún que le pueda quitar al presidente los votos que le garantizan esa mayoría.
Como ya se viene haciendo costumbre, la polémica se dirimirá en la Corte. Por eso es que el presidente ha sido tan insistente en sus señalamientos contra los ministros, en una campaña de arrinconamiento para que los apoyadores de la Cuarta Transformación presionen y obliguen al otorgamiento de ese aval.
Como se vivió con la Ley Eléctrica, no es necesario siquiera ganar la votación: con que haya cuatro ministros que no voten por la inconstitucionalidad, las cosas van a quedar como las apruebe el Poder Legislativo.
Eso, más que la posible desaparición de la prisión preventiva oficiosa, es lo que ha llevado al presidente a presionar abierta y descaradamente a los ministros que él llevó a la SCJN. “Me equivoqué al proponerlos”, dijo, “porque se han ido por lo jurídico y no por la justicia y la transformación”. Más claro ni el agua: si no votan para evitar la inconstitucionalidad de sus medidas, serán traidores a la patria y quedarán fuera del círculo “transformador”.
Son tiempos estelares, dice la propaganda de Morena. Por lo que estamos viendo, son tiempos regresivos, en los que queda atrás la noción de legalidad.
- MUERTE DE ROSARIO LILIÁN, UN DESAFÍO DE LOS CRIMINALES
El 30 de agosto, cuando se conmemoraba internacionalmente el día de la Lucha contra la desaparición forzada, Rosario Lilián Rodríguez Barraza, una de las muchas madres rastreadoras que sufren su condición en nuestra entidad, fue secuestrada y asesinada como respuesta a su esforzada búsqueda del hijo que le habían desaparecido tres años atrás.
La señora había participado en una misa oficiada precisamente para rogar por la aparición de su hijo Fernando Abixahy Ramírez Rodríguez, y poco tiempo después la interceptaron, cerca de su casa en la colonia Palos Blancos, de La Cruz de Elota. Horas después su cuerpo fue encontrado sin vida. ¿Sabe usted qué dijo la fiscalía? Que no recibió ninguna denuncia por la desaparición. Ergo, no hubo ninguna búsqueda ni se abrió ninguna investigación y los delincuentes actuaron absolutamente a sus anchas.
Es cierto que sin denuncia las autoridades no están obligadas a actuar, pero en un lugar como La Cruz de Elota, una noticia de esas corre por todos los rumbos, excepto aquellos en que se encuentra la autoridad. Peor aún: nadie en La Cruz ha tenido la percepción de que se esté trabajando en la investigación. Nadie ha visto una movilización extraordinaria ni un rastreo o cosa por el estilo. La única respuesta es la consabida apertura de una “carpeta de investigación”, en cuyo contenido seguramente no ha ingresado nada más allá de las acciones burocráticas de las actas levantadas en el lugar de los hechos.
Este es uno de los retos más abiertos de parte de los criminales a la sociedad y al gobierno.
Desde su campaña, el gobernador Rubén Rocha Moya dio indicios de que se interesaba por el tema de las rastreadoras, un drama repetido por todo el territorio sinaloense que normalmente parece invisible para cualquier autoridad. Ese interés, sin embargo, no fue suficiente para que las instancias correspondientes establecieran programas específicos, una política pública que ayudara de manera concreta a estas mujeres que literalmente dan la vida por encontrar a sus hijos, hermanos y demás parientes oficialmente desaparecidos, pero que en el fondo todos tememos que ya hayan sido asesinados.
Es una pena que la actitud inicial del gobernador en este tema, se tenga que continuar con pésames y compromisos difíciles de cumplir, porque no hay tareas preventivas ni vigilancias efectivas que disuadan a los delincuentes. Por el contrario, la impunidad les permite y alienta a actuar con más descaro, con más certeza de que no les va a pasar nada.
Mientras tanto el gobierno federal ya encontró la manera de burlar las fórmulas matemáticas: hoy, dijo el presidente en su informe, hay menos delitos de carácter federal. Me quedó muy grabada una expresión triunfalista de un subsecretario de Economía del gobierno del Carlos Salinas, quien en su momento festejó que en esa administración se hubiese multiplicado el número de empresas exportadoras. ¿Cómo lo logramos? Antes sólo se contabilizaba el producto exportado; hoy también consideramos exportador al que vendió el cartón en que ese producto va envuelto, y también a los impresores y a los que proporcionan los demás servicios asociados a esa exportación. Treinta años después, los que no son iguales, nos dicen que han bajado los delitos porque la mayor parte de los asesinatos “son del fuero común”. Así, con otra reclasificación como la de Salinas, tenemos mejores cifras en seguridad.
Este caso vuelve a exhibir a la Fiscalía General de Justicia del Estado, que no puede someter ni siquiera a los criminales que incurren en casos notorios. No hay perspectivas de justicia para Rosario Lilián, como no las ha habido para Luis Enrique Ramírez Ramos ni para tantas otras víctimas de esta violencia ciega y de la impunidad que la cubre.
- QUE EL QUÍMICO SE IRÁ “POR SU VOLUNTAD”
Entre los desprecios presidenciales y medidas desesperadas como la ruptura del contrato firmado y operado con Azteca Lighting, al alcalde Luis Guillermo Benítez Torres se le ha venido una larga lista de especulaciones que coinciden en que finalmente dejará la Presidencia Municipal, y que además lo hará “voluntariamente”; es decir, sin necesidad de medios coactivos como el juicio político o el encausamiento por las muchas cuentas mochas que se le atribuyen en este y en su pasado periodo gubernamental. Se iría precisamente para evitarlos.
Son muchos los elementos que se van acumulando: desde la irregularidad de las lámparas adquiridas con holgura y sin apego a la ley, hasta la falta de respuesta a observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación, por cantidades superiores a los ochocientos millones de pesos, sin hablar de los gastos excesivos en el Instituto de Cultura, patrocinador de la fiesta permanente o los viajes inacabables y lujuriosos, si nos atenemos a la definición de lujuria como abundancia o exuberancia.
Motivos hay, el problema es que nadie quiere irse de la abundancia, de la sensación de plenitud que dan el poder y el dinero, amén de un carácter terco e irracional que convence a su poseedor de que todo cuanto ha hecho está bien hecho.
- BEATRIZ PAREDES RANGEL
Con la difícil situación en que se encuentra el PRI, muchos nos preguntamos qué destino puede tener una postulación como la de Beatriz Paredes Rangel, quien anunció que buscaría ser candidata de su partido y de la coalición opositora, a la Presidencia de la República.
De entrada ese anuncio tuvo la virtud de mostrar una cara distinta a la del vapuleado Alejandro Moreno, Alito, quien a pesar de ser objeto de severas madrizas al estilo de “entra, recibe y sal”, ha insistido en considerarse precandidato presidencial.
Beatriz Paredes es, en efecto, un personaje importante. En el Senado de la República ha dado batallas épicas, centrado el debate en las cosas que importan, aunque desde luego, el mayoriteo automático termina por imponerse. Es una de las voces más centradas en el concierto político nacional, que mucho necesita de ese tipo de orientaciones.
No le ayuda la marca. Los políticos formados bajo la vida partidista tradicional están fuera de mercado y cuesta mucho trabajo volverlos a colocar, pero al menos ha dado una sacudida al espectro nacional.
En 1992, cuando el PRI todavía era el partido dominante y se daba el lujo de hacer “travesuras” metaconstitucionales, Beatriz Paredes vino a reforzar la campaña de Renato Vega Alvarado por la gubernatura de Sinaloa. Al regreso de una gira por Rosario y a bordo de la típica suburban, advirtió al propio Renato y a los candidatos a alcaldes de la región que no debían esperar “ayudas extras…Si perdemos, nos chingamos”.
Cuando nos enteramos, publicamos la expresión en la Domingrilla de El Sol del Pacífico. No sólo era una advertencia inusual. Además iba aderezada con una palabrota que las mujeres de la política no usaban en público, no en esos niveles. Inmediatamente después de la publicación, diversos políticos enviaron mensajes al CEN priísta, culpando a sus respectivos enemigos internos por la filtración. La respuesta de la señora fue simple: “Que se sepa: es que es cierto”.
Fotos de archivo con fines ilustrativos
