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El presidente de un país debe ver por la nación entera, no sólo para quienes piensan como él, por mucho que disponga de una mayoría importante. López Obrador tendría que haber valorado los resultados de la manifestación del domingo, y disponerse a establecer un diálogo constructivo.
Por el contrario, vimos a un presidente que siguió denostando a quienes participaron, sin querer ver que la movilización es muy representativa, muestra a una sociedad dispuesta a defender sus derechos y a dar la batalla frente a lo que considera un exceso, en este caso, la minimización y neutralización del INE.
Fue el propio presidente quien lanzó el reto en noviembre anterior: vénganse al zócalo, dijo a los organizadores de la primera marcha, considerando que no tenían capacidad para hacerlo, y que la amplitud de esa plaza histórica los aplastaría políticamente.
Ahora que los inconformes demostraron peso, consistencia, el presidente sigue en sus trece y descalifica a un sector importante y representativo de la sociedad.
Manifestación en Mazatlán. Foto: VM.
Un país civilizado aprovecha estas oportunidades para construir diálogos y consensos. Un presidente con ánimo constructivo ofrecería cambios hasta encontrar puntos de contacto entre su posición y las ajenas. Ceder parcial o totalmente no es deshonroso cuando se hace para favorecer al país, pero evidentemente no existe esa disposición. Ya ha habido oportunidades en que el gobierno dice aceptar el diálogo y termina cancelando porque lo único que acepta es la sumisión.
Como en la ocasión anterior, López Obrador responderá con una megamarcha que sólo demuestra cuán aceitadas están las estructuras gubernamentales, que no le aporta nada a la sociedad, como no sea el mensaje para excitar a sus seguidores y que por el contrario, le cuesta mucho al país. Desde ahora se sabe que pueden acarrear a cientos de miles.
Con todo, lo más grave no es que haya un presidente autoritario, incapaz de aceptar que en un país como el nuestro pueden y deben convivir muchas voces. Lo más lamentable es que sus seguidores, que lucharon a lo largo de sus vidas por que el gobierno respetara la ley y los derechos de la ciudadanía, hoy son apasionados denostadores de quienes piensan diferente y exigen los cambios que antes fueron bandera de sus luchas.
Exigir respeto a la ley y a la constitución no puede tener como respuesta la acusación de corruptos, como lo han hecho el presidente y sus corcholatas. Se puede entender que quieran defender su punto de vista, que quieran permanecer en el gobierno, son derechos que tienen, pero la agresión y la descalificación no abonan a una convivencia sana.
Y mientras el presidente y el gobierno se dedican a combatir a los que piensan diferente, en diversos puntos del país se sigue dando la dolorosa sangría, con asesinatos de diversa índole, lo que no impedirá que cualquier martes de estos, en la Mañanera vuelvan a aparecer cifras optimistas que nos colocan en los niveles de tranquilidad de Dinamarca o Finlandia, países de los que ya copiamos sus eficientes sistemas de salud.
Pero volviendo al tema, pese a las filtraciones interesadas, ayer no se publicaron las reformas legales que el presidente le pidió al Congreso (su Plan B), en una evidente estrategia para dejar menos tiempo a la oposición para que interponga sus recursos de inconstitucionalidad, y sobre todo a la Corte, para que pueda tomar decisiones modificatorias.
Manifestación Zócalo de la CdMx.
¿Puede haber gracejadas en este asunto tan dramático? Juzgue usted: el gobierno del presidente López Obrador, que al no poder cambiar la Constitución a su gusto sacó por leyes generales las reglas que contradicen los preceptos de la carta máxima, se quejó porque el ministro Alberto Pérez Dayán suspendió la posible aplicación del Plan B en las elecciones de los estados de México y Coahuila. Se trata de cambios extemporáneos para esas elecciones, dijo el ministro. Lo cómico es que el gobierno lópezpbradorista dice que esta decisión es un “fraude a la constitución”. Deben saber de qué hablan.
