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- Alcalde de Mazatlán, el mayor agresor de periodistas en la historia del municipio.-
- Podría pasar 8 años en la cárcel por obstaculizar, impedir o reprimir la libertad de expresión.-
Una de las tareas esenciales y urgentes del Instituto de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas es vencer la indolente e ineficaz burocracia que por inercia sigue aplicando arcaicas prácticas en seguridad y procuración de justicia.
Cuando la vida de una persona está en riesgo, los trámites o denuncias judiciales deberían pasar a segundo plano, privilegiando en todo momento la seguridad de activistas, comunicadores y sus familias. Es decir, tanto el Instituto como las Secretarías de Seguridad Pública estatal y municipales y la Fiscalía General deben poner al frente de sus prioridades planes conjuntos de prevención que eviten las agresiones y generen las mejores condiciones para el desempeño pleno de sus labores que son de utilidad pública. Pero ¿por dónde empezar?
Un buen comienzo sería difundir los alcances de la Ley de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de Sinaloa -aprobada a fines de mayo anterior- que establece una serie de acciones para evitar llegar a la protección extrema que incluye cautiverio domiciliario, destierro o silencio de las víctimas. Esta debería ser la última trinchera del Instituto, aunque desafortunadamente hoy sigue siendo inevitable.
- Servidores municipales, los principales agresores
Este conocimiento de la ley no solamente debe concentrarse en miembros de organismos de derechos humanos o agrupaciones de periodistas sino entre quienes tienen la responsabilidad de brindar seguridad pública e impartir justicia, particularmente entre servidores públicos municipales, responsables de la mayoría de las agresiones, según reconocimiento del subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas y el coordinador de la Unidad Federal de Medidas de Protección, Enrique Irazoque. Esto ocurre como efecto multiplicador por la descalificación sistemática y generalizada que hace el presidente de la república contra periodistas que critican su proyecto de nación.
Los servidores públicos del Ayuntamiento de Mazatlán y el alcalde de Morena Luis Guillermo Benítez Torres son una muestra:
- El 25 de julio de 2019, el autor de Observatorio presentó queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Sindicatura en Procuración de Mazatlán y denuncia penal por acoso y amenazas en la Unidad del Ministerio Público de lo Penal Especializada en Delitos de Tramitación Común, así como denuncia civil por difamación y daño moral contra el alcalde Benítez Torres y quien resulte responsable.
- El 23 de septiembre de 2019, el alcalde acusó a Rodolfo Madero, propietario de Televisoras del Pacífico, como un “empresario mañoso”, tratando de desacreditar algunos reportajes en su contra. Sin tener competencia y franca revancha, el alcalde ordenó a Protección Civil Municipal clausurar la construcción del condominio mixto Camino al Mar, propiedad del empresario, provocándole pérdidas millonarias.
- El 15 de junio de 2022, finalmente el juez de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región sur de Sinaloa vinculó a procesó a Jorge Abraham N, ex jefe de comunicación social de Benítez Torres, por los delitos de amenazas ante el trabajo periodístico y violación a la intimidad personal del periodista Felipe Guerrero. Este servidor público al parecer es el autor de las agresiones y campañas de desprestigio en redes sociales contra periodistas.
- El Colectivo de “Periodistas Por la Libertad de Expresión y la Paz” documentó por lo menos 13 agresiones y bloqueos contra la prensa cometidos solamente en los primeros 6 meses de la administración municipal (2018-2021) por servidores públicos municipales y el mismo alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, el mayor agresor de periodistas de todos los tiempos, quien hace unas semanas, fiel a sus estilo pendenciero, intimidó públicamente a dos reporteros del diario Noroeste a quienes lanzó baladronadas: “…ya se dónde vives…” y “no voy a responder y menos a ti…” cuando lo inquirieron por los 819 millones de pesos que no solventó ante la Auditoría Superior de la Federación. Por estas infortunadas expresiones bien puede ser demandado por las víctimas, amparadas en la nueva ley que en el artículo 9 determina:
Las autoridades estatales y municipales, en la esfera de sus respectivas competencias, tienen la obligación de proteger a personas defensoras de los derechos humanos y a los periodistas…”
Con que dejen de agredir nos damos por bien servidos”, dijo Irazoque en reciente reunión de coordinación con fiscalías estatales y el Instituto en la CdMx.
De no cumplir con esta garantía, cometerían “Delitos Contra la Libre Expresión y Personas Defensoras de Derechos Humanos”, adicionados al Código Penal de Sinaloa como efecto de la aprobación de la ley:
Se aplicarán de seis meses a cuatro años de prisión y de doscientos a trescientos días multa, a quien:
- Utilizando violencia evite se ejerza la actividad periodística o de personas defensoras de derechos humanos; y
- Obstaculice, impida o reprima la libertad de expresión o la actividad realizada por personas defensoras de derechos humanos.
Cuando la falta “sea cometida por un servidor público en el ejercicio de sus funciones, la pena se aumentará hasta en el doble”. Es decir, 8 años de prisión y de cuatrocientos a seiscientos días de multa”.
Están avisados.
Fotos de archivo con fines ilustrativo
Saludos cordiales
MM
