¿Amerita Químico Benítez juicio político?/Parte 3

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Viola amparos y hace escarnio del Poder Judicial de la Federación.-
Es la suya, la administración más demandada de la historia.-
Paga con dinero de mazatlecos más de 6.5 mdp en multas por desacato judicial.-
Fue multado en lo personal por $408,336.00 ¿Pagaría de su bolsa?.-

Nota de redacción: Cuando muchos lo aplaudían y veneraban, Paralelo 23 publicó con regularidad algunos hechos que presuntamente constituyen violaciones a la ley por parte del presidente municipal de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres. Hoy publicamos la tercera parte de la serie “¿Amerita Juicio Político?” con información difundida en tiempo y forma. Incluso en la noche del 30 de julio 2022, recibimos denuncia de los vecinos del Fraccionamiento Paseo de los Olivos por la violación a la suspensión definitiva 408/2020 otorgada por el Juez Octavo de Distrito contra la empresa Munsa, elaboradora de Tostaditas Blancas, protegida por la autoridad municipal, que ha violado amparos una y otra vez. El siguiente artículo circuló el 31 de agosto de 2020, a 22 meses de haber iniciado la administración municipal.-

Mazatlán, Sin. 31 agosto 2020.-El Químico Luis Guillermo Benítez Torres, conocido en su tierra como “el químico”, pasará a la historia del municipio por ser el alcalde más demandado por los ciudadanos y haber violado sentencias definitivas de amparo contra actos de gobierno. El suyo ha sido un gobierno municipal de puertas cerradas hasta para los tribunales federales que al parecer se han conformado con aplicar hasta la fecha sanciones económicas por 6.5 millones de pesos por desacato de orden judicial.

Como nunca en la historia política de Mazatlán, por impericia, ineficacia, necedad, alcoholismo y corrupción –que tampoco es asunto nuevo en la administración pública municipal-, el gobierno de Benítez Torres se ha distinguido por tener un número sin precedente de expedientes judiciales vigentes en instancias federales y estatales, tanto penales como civiles, laborales y administrativas que ya costaron a los mazatlecos más de 6.5 millones de pesos en multas por la cínica y sistemática violación a la ley y no acatar sentencias del Poder Judicial de la Federación del que en privado hace escarnio y en público confirma su absoluta falta de respeto al estado de derecho.

Esta administración, supuestamente amparada por el manto salvador de la cuarta transformación, ha cometido toda suerte de excesos en materia social, laboral y humana. Un ejemplo: Mónica Guadalupe Arellano Gurrola jamás imaginó que por negarse a dar like a las publicaciones del Químico Benítez en redes sociales perdería 13 años de antigüedad en la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado. Este es solo un caso de muchos más que ejemplifican la baja calidad moral y capacidad administrativa de la actual administración pública municipal que prometió combatir corrupción, mentira, traición, pero en su lugar impuso terror y misoginia que distingue a servidores de alto nivel, empezando por el mismo alcalde.

Multas a cuenta del erario

Durante los primeros 22 meses de la administración municipal –hasta el mes de agosto 2020- se presentaron diversas demandas contra el presidente Benítez Torres y otros servidores públicos municipales, quienes llevaron al gobierno municipal a los tribunales por falta de sensibilidad política, respeto al estado de derecho y capacidad para gobernar. Varias son las multas pagadas con recursos de los mazatlecos por negarse a ejecutar sentencias o respetar amparos de la justicia federal. La siguiente es la lista de algunos expedientes jurídicos resueltos y por resolverse que terminaron en multas por más de 6.5 millones de pesos:

Acciones Colectivas de Sinaloa (ACS) presentó denuncia contra el Acuario Mazatlán, según los expedientes 29/15 del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado y 53/2015 del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado
Observatorio Ciudadano de Mazatlán (OCM) vs el Ayuntamiento- expediente 113/20, Juzgado Décimo de Distrito.
Gustavo Rojo, director del OCM vs Ayuntamiento, expediente 114/20.
ACS vs Ayuntamiento (basurón), expedientes 14/14 y 16/14 en el Juzgado Octavo de Distrito.
ACS vs Ayuntamiento (rastro municipal), expediente 17/14, Juzgado Décimo de Distrito.
Vecino de Flamingos vs Ayuntamiento, expedientes 932/2017 juzgado octavo de distrito y 904/2017 Juzgado Noveno de Distrito.
David Alvarez vs Ayuntamiento, expediente 6/2018, Juzgado Octavo de Distrito.
En tres juicios de Acciones Colectivas se han impuesto multas al Ayuntamiento por $6’539,924.55 (seis millones quinientos treinta y nueve mil novecientos veinticuatro pesos 55/100 M.N.).

Por negarse a perforar pozos y verificar contaminación en las proximidades del basurón se impusieron multas al Ayuntamiento por $3’364,638.50 (tres millones trescientos sesenta y cuatro mil seiscientos treinta y ocho pesos 50/100 M.N.), como sigue:

Expediente 16/2014, Juzgado Octavo de Distrito, multa del 27/junio/2017 por $7,549.00. El juez octavo de distrito ordenó perforar pozos para que la Comisión Nacional del Agua pudiera corroborar la calidad del agua y determinar si hay contaminación en la zona del basurón. El Ayuntamiento se negó a hacerlo.

El 12 de abril de 2019, la licenciada Kelsey Vanesa Guardado Gutiérrez, apoderada legal de Acciones Colectivas AC, solicitó al juez hacer efectivo el apercibimiento contra el Ayuntamiento que no hizo las acciones correspondientes para determinar si hay o no contaminación en las inmediaciones del basurón. Nuevamente fue multado el Ayuntamiento el de 12 de abril 2019 por $9,672.00

El 10 de mayo fue nuevamente requerido el Ayuntamiento y multado. El 10 de julio fue emplazado Francisco González Plascencia, apoderado legal del Ayuntamiento en la Dirección de Asuntos Jurídicos del gobierno municipal, quien pagó multa por $11,829.00. Otra multa por $13,518.40 del mismo asunto se encuentra en proceso de cobro. El 7 de noviembre se hizo efectiva la multa por $14,363.00 y otra el 4 de julio por $1,612.00

El 09 de julio de 2019 fue emplazado nuevamente después de una inspección en la que se “advirtieron residuos peligros dispersos en el basurón”. El director general de delitos federales de protección al ambiente ordenó la intervención de Profepa. De esta inspección se derivó la multa por $15,208.00 que fue pagada el 10 de julio 2019. Por el mismo caso de contaminación de agua otra multa por $16,053.00 fue efectiva el 7 de agosto 2019. El 06 y 15 de agosto fueron aplicadas un par más por $2,535.00 y $3,380.00.

El 18 de septiembre el Ayuntamiento pagó otra por $4,225.00 y está en proceso una más por $24,502.10. El 10 de octubre 2019 pagó otra por $29,572.00

El 20 de enero 2020, el SAT calculó una multa en $2,602,292.00 que está en proceso de cobro y otra del 10 de febrero 2020 por $608,328.00 que también está en proceso de cobro.

En otro caso de Acciones Colectivas vs Ayuntamiento, por manejo de residuos sólidos en el basurón, en juicio de acción colectiva, bajo el expediente 14/2014 del Juzgado Octavo de Distrito, el gobierno municipal fue multado por $2’059,345.30 (dos millones cincuenta y nueve mil trescientos cuarenta y cinco pesos 30/100 M.N.), algunas fueron ya pagadas y otras están en proceso de cobro:

El 18/julio/2017 fue multado por $7,549.00;
22/febrero/2019 por $9,672.00;
22/abril/2019 $11,828.60;
21/mayo/2019 $12,674.00
17/junio/2019 $13,518.40
09/julio/2019 $15,208.20
01/agosto/2019 $16,053.10
09/septiembre/19 $ 16,898.00
02/octubre/2019 $21,123.00
20/enero/2020 $1,951,719.00.

En juicio con expediente 17/2014 de Acciones Colectivas contra el Ayuntamiento, radicado en el juzgado décimo de distrito por demanda de incumplimiento de las normas de salud aplicables al rastro municipal, instalación del horno incinerador para la disposición final de los productos generados por el rastro y reparación del daño al ambiente causado por el derrame de aguas residuales al drenaje general de la ciudad, el juez federal multó al Ayuntamiento por reiterado desacato:

02/mayo/2019 $8,449.00
31/mayo/2019 $16,898.00
28/junio/2019 $8,449.00
04/julio/2019 $21,123.00
10/octubre/19 $12,674.00
24/octubre/19 $84,490.00
12/noviembre/19 $168,980.00
2/diciembre/19 $84,490.00
4/diciembre/19 $6,336.75
18/diciembre/19 $8,449.00
21/enero/2020 $168,980.00
31/enero/2020 $118,286.00

Por este mismo juicio, el 6 de marzo pasado el alcalde Benítez Torres fue multado en lo personal por $260,640.00 y $147,696.00 que están en proceso de cobro. Habrá que comprobar si los paga de su bolsa o del erario público. En este juicio se han impuesto multas al Ayuntamiento, por $1’115,940.75 (un millón ciento quince mil novecientos cuarenta pesos 75/100 M.N.)

Otros juicios

Como nunca antes en la historia del municipio, ciudadanos agraviados por el presidente municipal y/o servidores públicos de su administración agotaron todas las instancias posibles, pero al no tener respuesta fueron obligados a demandar en tribunales:

Bajo los expediente 155/2020 y 142/2020, 18 personas tramitaron amparo colectivo en el juzgado octavo de distrito para impedir modificaciones al mercado municipal José María Pino Suárez. El asunto se encuentra en etapa de pruebas.

También siguen su curso los expedientes 156/2020 en el Juzgado Octavo Distrito y expedientes 163/2020 y 150/2020, radicados en el Juzgado Décimo de Distrito contra demolición y modificaciones al mercado. Sobre el mismo tema, están los expedientes 157/2020 y 81/2020 en el Juzgado Noveno de Distrito,

Por desalojo de ambulantes del mercado Pino Suárez, hay varios expedientes en el Tribunal de Justicia Administrativa por resolverse, entre ellos el 405/2020. Sobre este caso, hay otro juicio de amparo de vendedores ambulantes del mercado en el Juzgado Décimo de Distrito, expediente 88-2020-v-1 del 3 de marzo 2020.

Jumapam

Por despido injustificado, hay demandas en la Junta de Conciliación y Arbitraje contra la Junta de Agua con expedientes 133/2017 y 750/2017, así como las de Mónica Guadalupe Arellano Gurrola, Anibal González Constantino Elizabeth Ocampo Ibarra, Marcial Hernández Jiménez y Jazmín Cruzita (expedientes 334/2017, 146/2017 y 752/2017)

Destaca la demanda laboral del Supervisor “A” Gustavo Franco García, quien falleció por Covid-19 el 25 de mayo pasado, presuntamente contagiado del virus en el desempeño de sus labores, y a quien sus jefes negaron indemnizar. Viuda e hijos presentaron demanda en la Junta de Conciliación y Arbitraje.

El “humanismo” del Químico

Varios son los casos de trabajadores y directivos que fueron despedidos injustificadamente, renunciaron a la administración municipal por negarse a cometer actos ilícitos o murieron en cumplimiento del deber, no sin antes padecer humillaciones de jefes incompetentes, arrogantes y, por supuesto, deshonestos. El caso más ilustrativo es el del Supervisor “A” de la Juampam Gustavo Franco García, quien fue obligado a trabajar por el gerente de administración hasta unos días antes de morir de insuficiencia respiratoria aguda el 25 de mayo de 2020 a causa del virus SAR-COV-2, según acta de defunción en nuestro poder. A pesar de evidenciar negligencia laboral, la junta negó pagar la indemnización que por ley corresponde a su viuda e hijos. En cambio liquidó generosamente al gerente de cobranza que no cumplió con su promesa de recuperar cartera vencida.

Otro caso similar ocurrió en el Instituto de Cultura, convertido en una verdadera “camorra”, de donde salieron varios maestros de música e integrantes de la solvente Camerata de Mazatlán. El violinista Sergio Sánchez de la Rocha fue despedido por una denuncia de “acoso sexual”, interpuesta por alumnas de bajo rendimiento que nunca la probaron como tampoco permitieron al maestro defenderse. Fue despedido sin más ni más una semana antes de salir de vacaciones de Semana Santa del año pasado. Pero si el despido no fuera suficiente, por órdenes del director del Centro Municipal de las Artes, Juan Manuel Flores Vázquez, le retuvieron salarios devengados, humillándolo y obligándolo a tocar en las plazas públicas para comprar algunas latas de sopa y frijoles para comer de la caridad pública. Como otros maestros y músicos fue amenazado con “boletinarlo en todas las orquestas del país para que no pudiera volver a trabajar”. Vive en la ciudad de México, esperando que la situación cambie para probar su inocencia.

Por no dar like

El 8 de febrero pasado, el gerente comercial de la Jumapam, José Diego Ávila Barrón, creó el grupo de Whatsapp “participantes de encuesta”, integrado por directivos, empleados y trabajadores de la paramunicipal para responder la encuesta que publicó el portal de noticias Sinaloa en Línea sobre la aceptación o rechazo de internautas sobre la eventual candidatura de Benítez Torres al gobierno del estado. En las conversaciones en poder de P23 se lee la orden: “me acaba de llegar este enlace obligatorio, favor de entrar y darle que sí”.

El 25 de marzo, Mónica Guadalupe Arellano Gurrola presentó demanda ante el ingeniero en sistemas Juan José Fuentevilla De Cima, titular del Órgano Interno de Control de Jumapam, por “violación a los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del artículo séptimo de la ley de Servidores Públicos del Estado de Sinaloa” y le pidió que iniciara “procedimiento administrativo sancionador, previsto en los artículos 90, 91, 92, 94 y demás relativos a esta ley en contra de Ana Bárbara Velarde Morales, jefa de Atención Múltiple, y Alma Delia Balderas Cervantes Pascual, encargada de cajas”, presuntas opperadoras directas de la presión laboral.

La denunciante ingresó a la junta hace aproximadamente 13 años, desempeñándose como cajera, encargada de cortes y reconexiones, secretaria de gerencia auxiliar de archivos, último cargo que desempeñó antes de ser despedida en febrero pasado “por no compartir y ser afín a las instrucciones proselitistas que se hacen en el grupo de la Gerencia Comercial”.

Explica con pruebas en mano que en este grupo de Whatshaap “se dio la instrucción obligatoria de compartir una liga y dar like mediante el cual se le reiteraba el apoyo al presidente municipal de esta ciudad, señor Luis Guillermo Benítez Torres, lo cual no acepté ya que no soy militante de algún partido político, situación que fue motivo de mi despido injustificado en el mes de marzo del presente año”.

El párrafo dos del artículo séptimo de la Ley de Servidores Públicos del Estado de Sinaloa especifica que todo servidor público deberá “conducirse con rectitud, sin utilizar su empleo cargo o comisión para obtener o pretender obtener algún beneficio o provecho o ventaja personal o a favor de terceros, ni buscar o aceptar compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u organización”.

En tanto que el artículo 134 de la Constitución precisa con claridad que “los recursos económicos de que disponga la federación, estados, municipios, Distrito Federal y los órganos político- administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados”.

El mismo artículo prohíbe “la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”.

Más adelante, en el numeral cuatro establece que “los funcionarios públicos deberán conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros, ni buscar o aceptar compensaciones, prestaciones dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u organización”.

Caso Síndico

Por su puesto, la demanda de la Síndico Procurador Elsa Bojórquez Mascareño contra el presidente Benítez Torres y varios de sus funcionarios por “violencia política de género” es otro tema. El Tribunal Estatal Electoral de Sinaloa aceptó “como acreditada y fundada la demanda y resolvió en favor de la agraviada”. El lunes pasado, el Químico ofreció disculpas después de que el Tribunal volvió a emplazarlo ante la inejecutoria de sentencia del presidente municipal que argumentó que la impugnación ante el TEPDF la aplazaba. El caso está en la Sala Superior de Guadalajara

Están también las demandas penales por amenazas y fraude interpuestas por dos periodistas y los ex directores del Instituto de Cultura Oscar Blancarte Pimentel y Marsol Quiñonez Castro, respectivamente. Y, por supuesto, están vivas todas las demandas laborales y daño moral de ciudadanos, empresarios y ex trabajadores ofendidos por el estilo personal de gobernar de Benítez Torres, considerado por muchos como el más nefasto presidente municipal de la historia de Mazatlán que sin embargo confirmó que aspira a ser gobernador del estado “para hacer en el estado lo mismo que estamos haciendo en Mazatlán” (dixit).

Y finalmente, pero no menos importante, destaca el asunto especial que tiene sobre un polvorín a decenas de familias del fraccionamiento Paseo de los Olivos, vecinas a la empresa Tostaditas Blancas, cuyo propietario, Juan Manuel Barraza, es compadre del Químico a quien le han otorgado presuntamente permisos municipales para reabrir silos que estaban clausurados por autoridades federales. Hay una denuncia en la Procuraduría de Defensa al Medio Ambiente.