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- Del asesinato del gobernador Loaiza al quinto transitorio constitucional.-
- ¿Habrá resultados diferentes haciendo lo mismo?.–
Primera parte
Con la extensión del plazo para que las fuerzas armadas permanezcan en tareas de seguridad nacional, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador hace suponer que restaurará la paz social con la misma estrategia militar violenta y represora que ha fracasado en casi medio siglo para combatir los efectos sociales del tráfico de drogas y crimen organizado en México. #Estado de excepción le llamaron en el gobierno de José López Portillo y así lo siguen justificando en el actual. El tiempo lo dirá.
Con la aprobación de 18 congresos locales para modificar la reforma constitucional de 2019 que había fijado la salida del ejército en materia de seguridad pública en 2022, emergió nuevamente la violación constitucional que se encima al artículo 89, fracción sexta, que faculta al presidente de la república a utilizar a todas las fuerzas armadas cuando lo requiera. Es decir, toda esta movilización legislativa era innecesaria.
El esperanzador reconocimiento constitucional de la Guardia Nacional (GN) para instaurar la paz en México pasó en 3 años a una profunda decepción: de 2019 a la fecha han ocurrido 124 mil 414 asesinatos, casi 3 mil 500 feminicidios y más de 35 mil personas desaparecidas.
- Unidos por la misma estrategia
Previo a su asesinato en 1944, los militares Rodolfo. T Loaiza, gobernador del estado, y Pablo Macías Valenzuela, jefe de la tercera región militar, se acusaron mutuamente de coordinar el mercado negro de drogas. Ambos lo hicieron saber al general Lázaro Cárdenas que había dejado la presidencia y ocupaba la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Foto:Rodolfo T. Loaiza/Paralelo 23
Para acallar los rumores, Loaiza solicitó la intervención de fuerzas federales para destruir plantíos de amapola y marihuana en los altos de Sinaloa. Las acusaciones terminaron con el asesinato del gobernador y el relevo de Macías Valenzuela en el gobierno del estado. Desde entonces, los militares no se han ido de la vida de los sinaloenses.
Nada diferente ocurre hoy en el teatro de guerra con la GN de Andrés Manuel López Obrador a lo que ocurría en 1977 cuando el presidente José López Portillo puso en marcha la Operación Cóndor en Sinaloa.
Treinta y cuatro años después, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa declaró:
Vamos ganando la guerra contra el crimen organizado”, fundamentando su dicho en dos “logros indiscutibles”:
- Su gobierno capturó o asesinó a 21 de los 37 capos más buscados que operaban en México.
- De los más de 100 mil homicidios extra oficiales registrados entre 2007 y 20012 “sólo el 5 por ciento correspondió a elementos de fuerzas armadas o policías y otro 5 por ciento a daños colaterales”, así considerados los asesinatos de víctimas inocentes, entre ellos unos 3 mil niños. Antes como ahora, la ascendente estadística en homicidios y la extensión de la operación criminal en la vida pública nacional confirman el fracaso de la estrategia.
En su penúltimo informe a la nación, Calderón Hinojosa expuso el costoso fracaso de la estrategia para combatir lavado de dinero, tráfico de armas, trata de personas y trasiego de droga. Su gobierno –como el de hoy- eligió la ruta bélica sin invertir en inteligencia policial que consiguiera afectar las estructuras financieras del crimen organizado.
- Violaciones de las fuerzas militares
En su libro El poder y la sombra, Luis Astorga expone:
El enfoque prohibicionista de ciertos fármacos tiene como lógico corolario la participación directa, abierta y legítima de los militares en la dirección y operativos del combate antidrogas.
Las Fuerzas Armadas son el instrumento coercitivo para preservar la seguridad nacional, y si se establece como dogma de observancia universal que el tráfico de drogas es una amenaza a la seguridad nacional, la consecuencia directa de ello es el empeñamiento de militares en su combate.
De esta manera, la Operación Cóndor en México (1975–1978) fue el primer ensayo en el continente americano de una estrategia antidroga dirigida por militares, que encuentra antecedentes históricos en 1938, cuando los militares de la 4ª Zona Militar apoyaron la destrucción de cultivos de adormidera en Sonora. Posteriormente, le tocaría el turno a Colombia con la Operación Fulminante (1978–1980).
La denominada «guerra contra las drogas» constituye una de las seis principales áreas que forman parte del esquema de «guerra de baja intensidad» y, por ende, conflicto armado no convencional.
La intervención creciente de las Fuerzas Armadas se constata con Ernesto Zedillo Ponce de León (1994–2000) y, paradójicamente, con los gobiernos de alternancia de primera y segunda generación de Vicente Fox y Felipe Calderón, respectivamente, que apuestan por la militarización no sólo del combate al narcotráfico, sino incluso de la seguridad pública.
Con la emergencia del terrorismo en la nueva agenda de seguridad de Estados Unidos y la combinación de amenazas transnacionales (como el denominado «narco–terrorismo») se consagra y consolida la participación directa de las Fuerzas Armadas y la cooperación entre Estado”
- Pax narca en Sinaloa
Sin más sobresaltos que los de cualquier negociación financiera, el tráfico de drogas y el poder político sinaloense convivieron sin contratiempos –con excepción del asesinato del gobernador Loaiza en 1944- hasta mediados de enero de 1977 cuando el diario local Noroeste de la familia Clouthier-Carrillo anunció la puesta en marcha de la Operación Cóndor en el noroeste mexicano:
La más gigantesca movilización militar y policiaca contra el tráfico de drogas que se haya realizado en México, con la participación de 10 mil soldados al mando del general José Hernández Toledo, viejo militar herido el 2 de octubre de 1968 en la fatídica noche de Tlatelolco, y Carlos Aguilar Garza de la PGR”.
En efecto, el primero de enero de 1977 comenzó oficialmente la embestida contra los traficantes de drogas del entonces conocido triángulo crítico que luego fue popularmente conocido como triángulo dorado y hoy pretenden rebautizar por decreto como triángulo de la bondad.
Irrumpieron en el cielo mexicano 39 aviones, 13 helicópteros Bell 212 con capacidad para 15 personas armadas, 14 helicópteros de 4 plazas con herbicida, 7 aviones Cessna 185, 3 aviones para fotografiar 625 kilómetros cuadrados para ubicar plantíos.
Instalaron retenes carreteros para detener a criminales en fuga y habilitaron también 11 bases aéreas cerca de las zonas productoras para facilitar el transporte de 5 mil solados y 350 agentes de la Policía Judicial Federal de tiempo completo ¡Fue una embestida espectacular que llenó de optimismo a sus creadores!
En su último informe, el entonces gobernador del estado Alfonso G. Calderón aseguró que debido a la Operación Cóndor “el tráfico de drogas y las mafias fueron liquidadas en un 80 por ciento”. Luego llegó Antonio Toledo Corro al gobierno de Sinaloa y el tráfico de drogas volvió a la normalidad, bajo el argumento de a mi no me toca perseguir delitos federales. Y no los persiguió.
- Parte de guerra
Después de 10 años de la Fuerza de Tarea Cóndor en Sinaloa, la Sedena resumió los resultados en un lacónico parte de guerra:
2 mil 600 soldados comisionados, 27 civiles y 19 militares muertos; 2 mil 19 traficantes consignados y 224 mil 252 plantíos destruidos.
No incluyó a los 100 mil desplazados que huyeron del terror, la muerte o las violaciones de mujeres y niñas y mucho menos registró la desaparición forzada de decenas de pobladores de la sierra que seguramente fueron enterrados en el mar, según versiones del dominio popular. Todavía en 2012 había denuncias de unos 5 mil desparecidos en el país, varios cientos eran consecuencia de la fuerza de tarea militar en la Sierra Madre Occidental.
En 6 meses de iniciada la Operación Cóndor se promovieron 930 amparos contra autoridades militares, federales y estatales que violaron derechos humanos de la población civil.
- Daños colaterales
El Operativo Sierra Madre de 2008 —secuela del Plan Cóndor— fue criticado por grupos nacionales e internacionales de derechos humanos por el impactante asesinato de dos mujeres y dos menores en el retén militar del poblado Joya de los Martínez, municipio de Sinaloa de Leyva.
De 2007 a octubre de 2011, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos publicó informes detallados sobre 90 casos concretos y 5 mil 800 denuncias contra miembros del ejército, ignoradas todas por el presidente Felipe Calderón que las consideró como «daños colaterales de una guerra sin cuartel que estamos ganando».
Fotos de archivo con fines ilustrativos
Continuará
Las policías locales fueron abandonadas y entregadas en muchos casos al crimen organizado. Sin recursos presupuestales ni voluntad política dentro de unos años estaremos pidiendo otra prórroga para que el ejército siga en las calles. Saludos cordiales.
Porqué no se habla de la corrupcion.impunidad de los tres órdenes de gobierno?
La administración de justicia
El fortalecimiento de las policías
La transparencia y rendición de cuenta.
Los soldados no son policía ni desean, son el ejecutivo y el legislativo con sus programas y proyectos que se les ordena.