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El pasado lunes 14 de julio el gobierno federal reanudó los trabajos del Tren Maya en el Tramo 5 Sur, que se encontraban en pausa debido a una suspensión judicial, y también arrancó las obras del Tramo 5 Norte, a la altura de Puerto Morelos.
En una entrevista informal ofrecida a medios de comunicación en el Palacio Nacional el 18 de julio, el titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Javier May, informó que tras una sesión del Consejo Nacional de Seguridad, se consideró al proyecto ferroviario como esencial para la “seguridad nacional” y las atribuciones de su ejecución pasaron a cancha de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Esto fue confirmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia matutina el 19 de julio.
Con esta maniobra, el gobierno federal eludió la suspensión judicial sobre las obras que derivó de un recurso de amparo interpuesto por ambientalistas de la organización Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS).
Miguel Anguas, abogado del colectivo Indignación AC, explicó a Periodismo CN que la acción del gobierno no es ilegal, pero la consideró arbitraria.
Foto: Paola Chiomante
Al catalogar el proyecto Tren Maya como de seguridad nacional, señaló que en automático muchas de las cosas preestablecidas en las leyes se pasan por alto, como los trámites administrativos, de evaluación de Impacto Ambiental, licencias, permisos, entre otros.
Con ello, el gobierno tiene la puerta abierta para continuar con los trabajos, aunque no haya cumplido con los requisitos previstos en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y aunque un juez federal haya dictado una suspensión, en amparo de los inconformes.
El abogado señala que, con base en las normas mexicanas, declararlo de ‘seguridad nacional’ también permite hacer reasignaciones presupuestarias no contempladas en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
“Con ese concepto pueden limitar la participación de los pueblos originarios, tanto en la aprobación del proyecto como en la ejecución. Al mismo tiempo, le permite incluir en una obra civil al Ejército, Gobernación y Secretaría de Seguridad”, dijo.
La estrategia jurídica de la Presidencia de la República, detalló, es la aplicación de la Ley de Amparo bajo el precepto de “cuerda separada”, es decir, que el incidente y la suspensión se tramitan por separado.
Conforme a la Ley de Amparo, cuando se inicia un juicio por esta vía, dentro del juicio puede dictarse una medida de protección. En el caso del Tren Maya, la medida cautelar fue suspender los trabajos de manera provisional.
La Ley prevé cómo y en qué casos son aplicables las medidas. Sin embargo, en el artículo 129 de dicha norma indica que el incidente y la suspensión deben tramitarse por separado cuando se ponga en riesgo la seguridad nacional.
De esta manera, si bien los juicios de amparo continúan abiertos, las obras del Tren Maya pueden seguir su curso mientras los casos se resuelven en tribunales.
Con la decisión del Gobierno, aseveró Miguel Anguas, se deja en un estado de indefensión a las comunidades indígenas inconformes con el proyecto.
“Lo que va a pasar es que para cuando esos casos se resuelvan, a favor o en contra, el Tren Maya ya va a estar construido y operando”, agregó.
Las obras: más tala de selva
La reanudación de trabajos tomó por sorpresa a los colectivos ambientalistas de la Riviera Maya, quienes desde enero de 2022 se han manifestado en contra del proyecto.
“Nos reportaron el ingreso de las máquinas de manera furtiva durante la noche, tan furtivamente que saben lo mal que están haciendo”, dijo José Urbina, activista e impulsor de los amparos.
En Puerto Morelos el ingreso de la maquinaria también causó asombro entre los pobladores, toda vez que el Tramo 5 Sur no cuenta con autorización en materia de Impacto Ambiental. De hecho, el trámite de evaluación ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) aún no ha iniciado, pues no ha sido publicado en la Gaceta Oficial.
En las dos secciones del proyecto se iniciaron los trabajos removiendo árboles de lo que era selva virgen.
“Es una disposición de nuestros conocimientos en contra de un calendario político que busca contar con el tren en una fecha, pero ahora, al romper la ley de esta forma, tan flagrante, se convierte en una afrenta a todos los mexicanos”, expuso Urbina.
Foto: Iván Cadena
El colectivo Selvame del Tren, que agrupa a más de una docena de organizaciones ambientales y activistas, no descarta realizar manifestaciones.
Pedro Uc, representante de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Muuch Xiinbal, aseguró que es ya “una costumbre” del titular del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, pasar por alto la Ley y a las comunidades.
“Es un proyecto que se hace en contra de las comunidades mayas, que va a impactar de forma importante el medio ambiente, la vida y seguridad de los pueblos”, dijo.
Uc alegó que resulta extraño que un medio de transporte turístico, como está planteado el Tren Maya, sea considerado de seguridad nacional.
La Asamblea Muuch Xiinbal interpuso amparos para los tramos 2, 3 y 4 del Tren. Sin embargo, ahí los trabajos nunca fueron pausados por no obtener suspensiones de parte de un juez.
“Nunca han respetado los amparos, se los pasaron por el arco del triunfo. Hay un discurso falso de que somos de extrema derecha, que queremos hacerle daño, que los proyectos son del pueblo. Es una mentira cínica y una manera de manipular a mucha gente”, arremetió el activista indígena.
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