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Unos con gusto y otros con angustia, pero todos estamos esperando el desenlace de lo que la Auditoria Superior del Estado (ASE) decidirá en dos temas cruciales para el Químico: La cuenta pública y los contratos para comprar luminarias en más de $ 500 millones de pesos.
De entrada, hay que tener claro que se trata de dos cosas diferentes que pueden traer consecuencias legales diferentes.
Si el Congreso del Estado (CE) rechaza la cuenta pública, la ASE se verá obligada a tener que presentar la denuncia penal correspondiente para que la Fiscalía General del Estado (FGE) determine si hay delito que perseguir.
De ser así, si alguno de los implicados tiene fuero, la FGE deberá solicitar al CE el desafuero respectivo. Ya es un camino que el CE ha recorrido y no será nuevo ni complicado.
En el caso anterior la cabeza de turco; es decir, al que tendrían que quitarle el fuero si o si, sería al Químico quien deberá responder del desastre en el uso del dinero público detectado por la ASE.
El rechazo de una cuenta pública por el CE es el primer paso para que se eche a andar el procedimiento penal ya que en ese caso la ASE no tiene facultades para decidir si presenta o no la denuncia penal correspondiente sino que está obligada a hacerlo.
El otro flanco abierto contra el Químico son las denuncias presentadas ante la ASE por algunos regidores del ayuntamiento y el Observatorio Ciudadano de Mazatlán (OCM) por adjudicaciones directas de contratos para compra de luminarias por poco más de $ 500 millones de pesos.
En esas denuncias se sostiene que las adjudicaciones directas son ilegales y constituyen faltas administrativas graves que ameritan las sanciones correspondientes.
Los hechos relacionados con esas faltas administrativas también pueden constituir algún delito de manera que, además de las sanciones administrativas (destitución, inhabilitación, multas, reparación del daño económico) y si la ASE resuelve que las denuncias son procedentes, deberá presentar un documento ante la FGE o la Fiscalía Anticorrupción para que inicien las carpetas de investigación respectivas.
De nuevo, si alguno de los denunciados por la ASE ante la FGE tiene fuero, se deberá solicitar al CE el correspondiente desafuero.
Las faltas administrativas denunciadas por los regidores y el OCM no desaparecen si, en su desesperación, el Químico da por terminado el último contrato celebrado para comprar las luminarias. Los hechos relacionados con esas faltas administrativas ya se materializaron y las sanciones no pueden evadirse de un plumazo.
Es importante tener en mente que, al menos en las denuncias presentadas por el OCM, no solo se está pidiendo que se sancione a los servidores públicos involucrados, sino también a la empresa y sus representantes legales porque la ley así lo permite.
Lo anterior quiere decir que si proceden las denuncias del OCM, no será exclusivamente contra los servidores públicos, sino que se extendería a los particulares involucrados, generando un precedente importante que, de alguna manera, disuadirá a otros particulares de enredarse en el futuro en faltas administrativas graves.
En pocas palabras, si las cosas siguen como van, puede que al Químico le hagan un doble play y el castigo que muchos esperan venga de las dos vías a que me he referido.
Karma dicen algunos. Veremos.
*Director Fundador del Bufete Álvarez & Asociados y presidente de Acciones Colectivas de Sinaloa A.C.
Foto: Cortesía Sinaloa en Línea
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