Chayito Torres: entre el beneficio de la duda y el peso del pasado

El Registro Público de la Propiedad en Mazatlán ha sido  por décadas un territorio político donde la confianza del gobernador suele traducirse en nombramientos estratégicos. En ese espacio de poder se encuentra hoy María del Rosario “Chayito” Torres Noriega, quien vuelve al centro de observación pública ante la posible existencia de un esquema irregular de cobro de “cuotas voluntarias” para agilizar trámites registrales.

La evidencia: depósito por mil pesos

La denuncia no proviene de empleados anónimos, sino de una fuente de alta credibilidad, cuya trayectoria profesional le permite conocer a profundidad la operación registral y sus rutas formales e informales. Entregó a Paralelo 23 una fotografía con dos elementos: una nota escrita a mano con el texto “BanCoppel – $1,000 – 4169…6501” y un recibo oficial de depósito —realizado el 15 de julio de 2023— a nombre de Sinayka Jannette Alvarado, supuesta empleada del Registro Público.

El número final de la tarjeta (…6501) -dada de alta en cuentas de este medio para verificar su vigencia- coincide en ambos documentos. Las fuentes sostienen que este depósito es la puerta de entrada a un “servicio exprés” para agilizar trámites que, en teoría, son gratuitos o deberían tardar 2 o 3 días, pero para presionar la iguala los demoran entre 10 y 30 días.

El modus operandi

De acuerdo con la fuente denunciante, las cuotas oscilan entre 500 y varios miles de pesos, dependiendo de la urgencia del trámite, bajo la popular regla de medición: de acuerdo al tamaño del sapo es la pedrada”. En promedio:

• Un trámite normal tarda: 2 o 3 días.
• Un trámite “atorado” tarda entre 15 y hasta 30 días”, lo que complica la inscripción decescriturasbynoriteccion de la propiedad.
• Con depósito previo:  puede resolverse el mismo día.

Hasta eso —explicó la fuente—, te entregan los documentos sólo con la palabra de depositar en Bancoppel la cantidad acordada. Es decir, fían porque saben que tienes que regresar…”

Un esquema sencillo, casi burdo, operado por un grupo de empleadas cercanas a la titular, entre ellas:

• Anita Sánchez
• Sinayka Jannette Alvarado (titular de la cuenta BanCoppel)

En Mazatlán operan 47 notarías públicas, según registro oficial del Colegio de Notarios de Mazatlán.. Cada una presenta en promedio unos 20 asuntos semanales. Una cuota mínima de $1,000 por trámite representaría, de confirmarse, ingresos irregulares superiores a 940 mil pesos semanales.

El mecanismo, sostiene la fuente, incluye también “donaciones en especie”: escritorios, papelería, sillas y otros insumos para la oficina.

Chayito Torres: el beneficio de la duda… y el peso del pasado

No existe evidencia que vincule directamente a la titular en la operación del esquema. Pero su nombre aparece, nuevamente, en la línea del tiempo de decisiones administrativas que han marcado patrimonialmente a Mazatlán.

Como secretaria del Ayuntamiento en el gobierno panista de Carlos Felton González, Torres Noriega fue la responsable legal de atender la demanda del grupo AREH por la cancelación de una gasolinera en Palos Prietos. Nunca contestó la demanda. El juez falló a favor del empresario. El Ayuntamiento fue condenado a pagar 42 millones de pesos, cifra que después creció por actualización e intereses.

Tampoco se probó dolo entonces. Pero la omisión nunca fue aclarada.

Más tarde, fue señalada por el pago a un abogado cercano para gestionar la desincorporación del Fuerte 31 de Marzo. El trámite fracasó. El dinero sí salió.

Hoy, en el Registro Público, vuelven a surgir irregularidades —no necesariamente cometidas por ella, pero sí por personal bajo su jerarquía directa.

Es posible que sus subalternos actúen por cuenta propia. Es posible que Torres Noriega no esté al tanto de estas prácticas. Es posible, incluso, que haya sido sorprendida por el esquema.

Pero en una dependencia donde la seguridad jurídica es la columna vertebral del patrimonio sinaloense, el beneficio de la duda pesa tanto como la acusación directa.

La responsabilidad final —administrativa, moral y política— recae inevitablemente en quien encabeza la oficina.

Lo que el Registro debería ser

El Registro Público de la Propiedad y del Comercio tiene la obligación de:

• Proteger la seguridad jurídica.
• Registrar actos legales.
• Emitir certificaciones sin costo adicional.
• Garantizar transparencia en tiempos y procesos.

Cualquier práctica que condicione la agilidad de los trámites al pago de cuotas o bienes en especie contraviene este mandato y erosiona la confianza de los ciudadanos.

Paralelo 23 mantiene bajo resguardo la evidencia entregada. Las investigaciones continúan.