Nuevas reglas para medios: ¿Derecho de las audiencias o riesgo de censura?
• La propuesta agita las aguas entre proteger a los consumidores de noticias y preservar la libertad de expresión.-
• Radio y televisión advierten riesgos de censura indirecta; el gobierno sostiene que busca garantizar el derecho a una “información veraz”.-
Mazatlán | 28 de julio de 2026 | Mario Martini
La consulta pública sobre los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, abierta del 27 de julio al 21 de agosto, ha colocado nuevamente en el centro del debate una de las discusiones más delicadas de toda democracia: ¿hasta dónde puede llegar el Estado para proteger el derecho de las audiencias sin invadir la libertad editorial de los medios de comunicación?
El anteproyecto, elaborado por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), plantea nuevas obligaciones para concesionarios de radio y televisión. Entre ellas destacan la separación clara entre información y opinión, la identificación expresa de la publicidad, la creación obligatoria de defensorías de las audiencias, la adopción de códigos de ética y mecanismos más ágiles para el derecho de réplica. También contempla sanciones económicas para quienes incumplan los lineamientos.
La propuesta llega apenas unos meses después de la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), lo que ha intensificado el debate sobre quién debe regular los contenidos difundidos por los medios electrónicos, cuáles son los límites constitucionales de esa intervención y quién o quiénes determinarán las sanciones.
Contexto
El proyecto establece que las estaciones deberán identificar de manera visible cuándo un contenido corresponde a información, opinión o publicidad; además, cada concesionario deberá contar con una Defensoría de las Audiencias, encargada de atender quejas y emitir recomendaciones en un plazo máximo de 20 días.
Si el medio no atiende esas recomendaciones, el caso podrá ser turnado a la CRT, que tendrá facultades para imponer sanciones administrativas y económicas. Las multas propuestas oscilan entre 0.01% y 1% de los ingresos anuales de la concesionaria, dependiendo de la gravedad de la infracción.
Entre los objetivos oficiales también figuran fortalecer la accesibilidad para personas con discapacidad, combatir la desinformación y garantizar que el público conozca cuándo consume contenidos patrocinados o expresiones de opinión.
Dos visiones enfrentadas
El gobierno federal sostiene que los lineamientos no constituyen censura previa, ya que no impiden la difusión de contenidos antes de su transmisión. Argumenta que buscan armonizar dos derechos constitucionales: la libertad de expresión y el derecho de las audiencias a recibir información clara, diferenciada y verificable.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que el propósito es fortalecer la autorregulación mediante códigos de ética y defensorías internas, dejando las sanciones como un recurso excepcional cuando un medio incumpla de manera reiterada sus obligaciones.
En sentido contrario, la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) y diversas organizaciones civiles advierten que el proyecto puede abrir la puerta a una censura indirecta, al permitir que una autoridad administrativa determine cuándo una información fue presentada correctamente como noticia u opinión.
También critican que, tras la desaparición del IFT, el nuevo órgano regulador opere bajo una estructura con mayor influencia del Poder Ejecutivo, reduciendo -afirman- los contrapesos técnicos e institucionales.
El antecedente
No es la primera vez que México enfrenta esta discusión. En años anteriores, lineamientos similares fueron impugnados por concesionarios y terminaron bajo revisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El debate jurídico nunca desapareció; simplemente vuelve ahora bajo un nuevo diseño institucional.
La consulta pública permanecerá abierta hasta el 21 de agosto, periodo durante el cual ciudadanos, especialistas, universidades, empresas y organizaciones podrán enviar observaciones antes de que la autoridad determine la versión definitiva de los lineamientos.
Editorial P23
La discusión no debería reducirse a un falso dilema entre libertad de expresión y derechos de las audiencias. Ambos forman parte del mismo sistema de libertades reconocido por la Constitución. El desafío consiste en encontrar un equilibrio donde el ciudadano reciba información transparente sin convertir al Estado en árbitro del contenido editorial.
La transparencia fortalece al periodismo; la censura lo debilita. Pero también es cierto que la desinformación, la publicidad disfrazada de noticia y la manipulación deliberada erosionan el derecho ciudadano a estar informado. En medios impresos del siglo XX surgió la “gacetilla” como información pagada, principalmente de temas políticas. Los medios estaban obligados a colocar al pie de la nota, presentada en un recuadro para diferenciarla un poco del resto de las noticias, la leyenda “inserción pagada”. Ahora el desafío de control va sobre medios que opinan e informan, reduciendo capacidades del auditorio para diferenciar un género y otro. A primera vista parece un acto paternalista desde el poder para “cuidar” a los espectadores que, entonces, son tratados como incapaces patológicos para discernir.
Se avecina otra larga discusión sobre la colisión anunciada de derechos sobre la libertad de expresión y la protección de los consumidores de noticias.
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