¿Como anillo al dedo la crisis forense en México?: homicidios, en pausa
• En el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, México enfrenta una crisis que ya no cabe en una cifra: más de 132 mil personas permanecían desaparecidas o no localizadas en el registro oficial en marzo; mientras, decenas de miles de restos humanos esperan turno en los Semefos del país.-
• En Sinaloa las familias buscan a sus ausentes y les responden con balazos.-
30 de agosto de 2026 | Valentina Ramírez Especial P23
Hay una fotografía -que se multiplica por miles- que se repite en las calles y plazas de México: una madre sostiene en un bastidor improvisado el rostro de alguien que falta. Y también lo trae impreso en la ropa y el corazón.
Lo lleva en una lona, en una ficha de búsqueda, en una playera, en el teléfono celular. Lo coloca en un tendedero frente a una oficina pública, sobre una mesa, en una marcha, en un altar. A veces lo lleva hasta el monte, donde escarba la tierra con una pala, un pico, con las manos y un fierro que entierra y huele.
La fotografía no es lo único que queda cuando la persona ya no está. Queda la indiferencia, el rechazo y, a veces, la muerte. Por eso ¿a quién molestan los desaparecidos?
Este 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, México vuelve a mirar una herida que lleva décadas abierta. Pero en esta conmemoración de 2026 hay una diferencia: la discusión ya no puede limitarse a cuántas personas faltan sino a una pregunta llana y directa:
¿Qué está haciendo el Estado para encontrarlas, identificarlas y explicar qué ocurrió con ellas?
La ONU estableció el 30 de agosto como Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas en 2010. Este año, además, se cumplen dos décadas de la adopción de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. El lema de 2026 es:
Las víctimas primero. Acciones ya”, una exigencia que coloca en el centro el derecho a la verdad, la justicia y la reparación.
Y México llega a esta fecha con una pregunta que sigue sin respuesta.
132 mil ausencias registradas
El último dato oficial que pudo documentarse ante organismos de Naciones Unidas —con corte al 12 de marzo de 2026— contabilizaba 132 mil 061 personas desaparecidas y no localizadas en México: 123 mil 046 desaparecidas y 9 mil 015 no localizadas. De ese universo, 102 mil 835 eran hombres y 28 mil 823 mujeres.
La cifra no es estática ni sencilla. Paralelo 23 documentó en marzo que el registro nacional había llegado a 132 mil 534 personas desaparecidas, pero también que 46 mil 742 registros —36 por ciento— habían sido clasificados como “datos insuficientes”. La discusión dejó entonces de ser solamente estadística: cuando un expediente carece de información suficiente, la familia enfrenta además el riesgo de quedar atrapada en un sistema que no sabe cómo continuar la búsqueda. La desaparición tiene, por eso, una segunda dimensión:
- la desaparición administrativa.
Una persona puede seguir existiendo para su familia y, al mismo tiempo, perder visibilidad dentro de los mecanismos institucionales que deberían encontrarla.
El otro cementerio: los que fueron encontrados pero siguen sin nombre
Otro agravante: la crisis tiene un espejo. Mientras miles de familias buscan personas desaparecidas, miles de restos humanos esperan que alguien pueda devolverles un nombre.
El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU señaló en abril de 2026 que las estimaciones oficiales disponibles para ese momento hablaban de aproximadamente 72 mil restos humanos sin identificar, frente a unos 52 mil registrados durante la visita del Comité a México en 2021. También documentó estimaciones de más de 4 mil 500 fosas clandestinas con más de 6 mil 200 cuerpos y 4 mil 600 restos humanos, aunque advirtió que las cifras varían según la fuente.
La crisis forense en México que es un indicador claro del avance de la desaparición, opera sin embargo, como el cuello de botella que retrasa que la estadística de homicidios dolosos se dispare en un instante, bajo la certeza policial:
Al no haber cuerpo, no hay delito”
Dicho en términos del cinismo ante la desgracia: la crisis forense les vino como anillo al dedo para sostener que:
los homicidios van a la baja y la estrategia de seguridad está funcionando”
Sinaloa: la tierra que se traga los nombres
En Sinaloa, la crisis tiene una dimensión particularmente dolorosa.
Paralelo 23 ha documentado durante este año la desaparición desde distintos ángulos: la crisis nacional, las cifras, los hijos que quedan, los casos individuales, las fosas y los restos humanos.
En junio publicamos “La tierra que guarda dos historias”, sobre territorios sinaloenses donde la misma tierra que conservan vestigios de antiguos habitantes también han comenzado a revelar fosas clandestinas.
En julio, “Los muertos a los que nadie reza” documentó la otra cara de la crisis: personas que dejaron de ser nombres para convertirse en restos óseos, prendas y perfiles genéticos que esperan identificación.
Ahora aparece un dato que vuelve a colocar el problema frente a nosotros.
En el norte de Sinaloa, la fundadora de las Rastreadoras de Desaparecidos de El Fuerte y Zona Norte, Mirna Nereida Medina Quiñónez, señaló este 30 de agosto:
existen alrededor de 700 cuerpos sin identificar en espacios de resguardo y fosas comunes de Ahome, Juan José Ríos, El Fuerte y Choix.
Para las autoridades de los tres niveles, 700 cuerpos son una estadística pasiva, pero para una familia son 700 posibilidades de que una termine su martirio.
El riesgo de buscar
Reza el refrán que el que busca encuentra, que es utilizado como una advertencia para alguien que insiste en esculcar y que ante tal existencia encontrará algo sorprendente malo. Esta reflexión popular aplica a las madres buscadoras que escarban la tierra en busca de un indicio que lo lleve a recuperar la memoria de un hijo, de un hermano o de un padre, sabiendo que en ese instante el drama explotará al mismo tiempo en tristeza, pero también en reposo para el alma.
La paradoja más brutal de esta crisis ocurrió apenas un día antes de esta conmemoración.
El 29 de agosto, en Culiacán, Alma Rosa Rojo Medina, fundadora del colectivo Voces Unidas por la Vida, fue atacada a balazos junto con una de sus hijas. Ambas resultaron heridas y fueron reportadas estables.
La Fiscalía General del Estado abrió una investigación por tentativa de feminicidio y una de las líneas consiste en determinar si la agresión está relacionada con la labor de Rojo Medina como buscadora.
Alma Rosa busca a su hermano Miguel Ángel, desaparecido desde 2009. Lleva 17 años buscando.
Aprendió a rastrear cerros y montes. Aprendió técnicas forenses. Aprendió a reconocer señales en la tierra.
Y ahora también tiene que aprender a protegerse de quienes podrían querer detener su búsqueda, como lo han hecho muchas mujeres que pensaban que no hacían mal a nadie al querer encontrar a sus hijos..
No es un caso aislado. Las buscadoras o rastreadoras se han convertido en una de las expresiones más visibles de la crisis de desapariciones en México. Son familiares, no policías. No son peritos. No son fiscales.
Y, sin embargo, con frecuencia terminan haciendo tareas que corresponden al Estado e incluso, ya abuelas, estudian carreras universitarias en derecho o medicina legal. Varias de ellas les dan cátedra en territorio a los policías de investigación.
Búsqueda que no termina
El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU ya había advertido que México debía fortalecer las instituciones, las búsquedas y las investigaciones; mejorar la coordinación entre autoridades; remover obstáculos para llevar los casos ante los tribunales y enfrentar la crisis forense. También pidió reconocer el papel de las víctimas y atender sus necesidades de protección.
En 2026, el propio Comité concluyó que existen indicios bien fundados de que desapariciones forzadas han ocurrido y continúan ocurriendo en distintos momentos y partes del territorio mexicano, aunque no encontró elementos para afirmar que exista un único ataque generalizado que abarque todo el país.
La precisión es importante: no toda desaparición en México puede calificarse jurídicamente como desaparición forzada.
Pero la crisis de desapariciones —incluidas aquellas en las que existe participación, autorización, apoyo o aquiescencia estatal— exige respuestas diferenciadas, investigación y verdad.
Los hijos que desaparecen
Paralelo 23 documentó en abril pasado el impacto de las desapariciones sobre niñas, niños y adolescentes: familias fragmentadas, pérdida de ingresos, incertidumbre y una infancia que crece sin saber si su padre, madre o familiar volverá.
La desaparición no termina cuando deja de aparecer en las noticias, ni tampoco cuando cambia el tablero del registro. Y menos termina cuando aparece un resto sin identificar o cuando una madre deja de buscar.
Son víctimas que casi nunca aparecen en la ficha de búsqueda, no llevan fotografía en una lona, no tienen número de expediente propio, pero viven todos los días con la desaparición.
Termina —si algún día termina— cuando la familia conoce la verdad y cumple con el debido sepulcro de su familiar fallecido. Y la travesía para llegar a este momento de paz puede durar meses, años, lustros o décadas.
Editorial P23
“Como anillo al dedo”, es la más cruel expresión de la crisis forense en México porque implica detener las búsquedas o hacerlas con la certeza de que lo que encuentren tardará una eternidad burocrática en ser analizado. Y ese largo período dejará el espacio libre a la afirmación histórica del procurador Eduardo Medina Mora , ducha en medio de la guerra declarada por Felipe Calderón al narco tráfico: “vamos ganando, aunque no lo parezca…” Comenta, nos interesa conocer tu opinión
México no necesita más cifras.
Este 30 de agosto, las fotografías vuelven a ocupar plazas, palacios de gobierno y calles.
En Culiacán, el colectivo Sabuesos Guerreras colocó cientos de rostros y nombres de personas desaparecidas frente al Palacio de Gobierno y proyectó sus fotografías sobre el edificio.
