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Sistema Anticorrupción exige transparencia al Ayuntamiento de Mazatlán por permisos, usos de suelo y proyectos inmobiliarios

Recomienda crear 2 micrositios públicos con información sobre proyectos inmobiliarios en el municipio y entorno del sitio Ramsar de El Verde Camacho

Mazatlán, Sinaloa | 12 junio 2027 | Joaquín Rodriguez | Parte I

Mazatlán enfrenta uno de los debates territoriales más importantes de los últimos años. El Comité Coordinador del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción de Sinaloa emitió dos Recomendaciones No Vinculantes dirigidas al Ayuntamiento para fortalecer la transparencia en la gestión del territorio y la información pública relacionada con el Sitio Ramsar 1349 Playa Tortuguera El Verde Camacho, una de las áreas ecológicas más sensibles del noroeste mexicano.  

La intervención del Sistema Anticorrupción ocurre en un contexto de fuerte expansión inmobiliaria hacia el norte de Mazatlán, donde desarrolladores impulsan proyectos residenciales y turísticos en zonas cercanas a uno de los humedales costeros más importantes del Pacífico mexicano.

La preocupación institucional se centra en la necesidad de garantizar que las decisiones sobre crecimiento urbano, licencias, cambios de uso de suelo y autorizaciones se realicen bajo criterios de legalidad, transparencia y sustentabilidad.

Alerta por la mala gestión del territorio

El propio Sistema Anticorrupción advierte que la mala gestión territorial puede incrementar los riesgos de desastre ante fenómenos hidrometeorológicos cada vez más intensos.

Permisos de construcción, cambios de uso de suelo o desarrollos autorizados en áreas vulnerables pueden aumentar la exposición de la población a inundaciones, erosión costera y otros efectos asociados al cambio climático. Por esa razón, el Comité Coordinador aprobó las recomendaciones dirigidas al Ayuntamiento el pasado 27 de mayo de 2026.  

Recomendaciones

La primera recomendación plantea que el Ayuntamiento publique de forma permanente, georreferenciada y accesible para cualquier ciudadano las licencias de construcción, autorizaciones urbanísticas y cambios de uso de suelo que se otorguen dentro del municipio.  

La segunda solicita la creación de un micrositio especializado para el Sitio Ramsar 1349, donde pueda consultarse información relacionada con permisos, resolutivos ambientales, licencias de construcción, parámetros de ocupación del suelo, factibilidades de servicios y demás instrumentos vinculados con la administración territorial del humedal.  

De acuerdo con la exposición del propio Sistema Anticorrupción, actualmente no existen mecanismos suficientes de transparencia que permitan verificar el cumplimiento integral del marco jurídico aplicable a este humedal de importancia internacional.  

El CPC y la sociedad

Las recomendaciones no se quedaron en el ámbito gubernamental.

Durante las últimas semanas, integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC) han desarrollado un proceso de socialización y análisis con diversos sectores de Mazatlán, entre ellos cámaras empresariales, colegios de ingenieros, colegios de arquitectos, integrantes del Consejo Ciudadano del Instituto Municipal de Planeación (Implan), académicos, investigadores, organizaciones ambientalistas y representantes de la sociedad civil.

El propósito ha sido abrir una discusión pública sobre la necesidad de transparentar la gestión del territorio, fortalecer los mecanismos de vigilancia ciudadana y garantizar que el crecimiento urbano del municipio se realice dentro del marco legal vigente.

¿Por qué el Ramsar

La preocupación tiene fundamento. El Sitio Ramsar 1349 Playa Tortuguera El Verde Camacho fue inscrito en la lista internacional de humedales protegidos el 2 de febrero de 2004 y comprende una superficie de 6 mil 454 hectáreas. Se trata de un ecosistema de alta fragilidad ecológica que alberga poblaciones de tortuga golfina, tortuga carey, tortuga laúd, manglares y numerosas especies protegidas por la legislación ambiental mexicana.  

México forma parte de la Convención Ramsar desde 1986 y, al tratarse de un tratado internacional ratificado por el Estado mexicano, sus disposiciones tienen respaldo constitucional y obligan a las autoridades a proteger los humedales de importancia internacional.  

La Convención establece como principio central el denominado “uso racional” de los humedales, es decir, que cualquier actividad económica o urbana debe garantizar la conservación de las características ecológicas del ecosistema.  

Caso que activó la agenda

Dentro de este debate aparece uno de los proyectos más controvertidos del norte de Mazatlán: Mazalaya Beach Condos.

La obra contemplaba cuatro torres residenciales, departamentos de lujo y amenidades turísticas en Playa Delfín. Sin embargo, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) resolvió negar la Manifestación de Impacto Ambiental correspondiente al considerar que el proyecto no era ambientalmente viable.

El caso ha sido citado por organizaciones ciudadanas como ejemplo de la tensión existente entre el crecimiento inmobiliario y la protección ambiental en el entorno del humedal.

Preeminencia federal

La legislación ambiental mexicana establece un principio fundamental: cuando se trata de Áreas Naturales Protegidas, humedales Ramsar o ecosistemas costeros, la autorización federal prevalece sobre cualquier permiso local.

La ficha técnica elaborada sobre el régimen jurídico del Sitio Ramsar 1349 señala:

Sin Manifestación de Impacto Ambiental aprobada por la autoridad federal, cualquier autorización municipal relacionada con construcción o uso de suelo puede quedar jurídicamente comprometida debido a la prevalencia del orden federal en materia ambiental.  

Asimismo, la Semarnat es la instancia facultada para dictaminar las Manifestaciones de Impacto Ambiental, mientras que la Profepa tiene atribuciones para inspeccionar, clausurar y sancionar obras que incumplan la normatividad aplicable.  

Quince días bajo reflectores

La emisión de estas recomendaciones coloca ahora la atención pública sobre la respuesta que ofrecerá la presidenta del Ayuntamiento de Mazatlán Estrella Palacios. Y se produce en medio de la mayor crisis política de Sinaloa con expedientes abiertos en cortes de Estados Unidos sobre nexos de sus autoridades con el crimen organizado. En este expediente están incluidos presuntamente todos los candidatos que acompañaron en la fórmula al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya en la elección de 2021, según información de la Alianza de Abogados de México. Y en este contexto hay alertas en la actividad inmobiliaria que pudiera estar vinculada al delito de lavado de dinero.

Más allá de una disputa administrativa o política, el debate involucra preguntas de interés público:

  • ¿Cómo se evalúan los proyectos que buscan instalarse cerca del Sitio Ramsar?
  • ¿Qué información está disponible para los ciudadanos?
  • ¿Qué documentos respaldan los permisos otorgados?
  • ¿Existen mecanismos suficientes para garantizar que el crecimiento urbano no comprometa uno de los ecosistemas más valiosos del país?

Las próximas semanas serán decisivas para conocer la postura oficial del gobierno municipal y también para saber si Mazatlán apuesta por un modelo de crecimiento sustentado en la transparencia o en la opacidad.


Editorial P23

Nadie critica la necesidad de inversión, empleo y desarrollo, pero lo que no debe permitirse es que se haga al costo que sea por rentabilidad política o económica de corto plazo. El crecimiento urbano debe realizarse respetando la ley, los ecosistemas estratégicos y el derecho ciudadano a conocer cómo se toman las decisiones sobre el territorio. Varias administraciones, entre ellas la de Mazatlán, decidieron poner freno de mano a la transparencia y rendición de cuentas que son herramientas ciudadanas que pueden detener inversiones millonarias que dan lustre político al gobernante, aún sea pasando por encima del medio ambiente lente y las leyes internacionales que lo protegen. Lo hemos dicho una y mil veces: Mazatlán no aguanta más carga urbana y, sin embargo, la autoridad municipal autoriza la factibilidad de servicios sin explicar de dónde sacará el agua para el próximo lustro o los miles de millones que necesita el drenaje sanitario de la ciudad. Tu opinión cuenta.

Raquel Zapién, integrante te del CPC

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