Los socavones no son accidentes de la naturaleza sino consecuencias legales y físicas del urbanismo que prefirió ignorar al mar
• El pragmatismo político ignoró estudios oceanográficos de largo plazo y hoy la naturaleza reclama lo que siempre fue suyo.-
• Investigar las remodelaciones de 2004 y 2018 podría revelar errores de diseño, fallas de ejecución y deficiencias de supervisión para corregir.-
• P23 simuló en video sobre lo que ocurriría al puerto con un ciclón #5
Mazatlán, Sinaloa | Viernes 9 de octubre de 2026 | Especial P23
MARIO MARTINI
El mar no pide permiso
El malecón de Mazatlán se está quebrándome a pedazos.
La causa no fue un terremoto ni una explosión. Fue la combinación letal del pragmatismo político y la persistencia del mar que durante todos los días de muchos años estuvo golpeando estructuras que la ingeniería presentó como inamovibles en los discursos de inauguración del renovado malecón, modernas vialidades y lujosas estructuras de hospedaje a pie de playa.
El precio bien lo valía, pensaron algunos: traer el Tianguis Turístico a Mazatlán que por primera vez en la historia saldría de su Acapulco, sede histórica.
El jueves 8 de octubre pasado, otro tramo de la Avenida del Mar cedió ante la fuerza del oleaje y la socavación del subsuelo. El daño se extendió por la zona peatonal, la ciclovía y hasta la propia vialidad. Las primeras estimaciones hablaron de entre 60 a 70 metros afectados; con el avance del deterioro, los reportes locales situaron la extensión cerca de los 100 metros.
Las autoridades cerraron la circulación en ambos sentidos entre las avenidas Insurgentes y De los Deportes, mientras se evaluaba el riesgo para automovilistas, ciclistas y peatones.
Unas horas después, el mismo gobierno municipal anunció la intervención para reparar otro socavón en la zona de Olas Altas, en la parte vieja de la ciudad, a un lado del monumento a La Mujer Mazatleca.
Pero en realidad desde junio se han registrado distintos hundimientos y daños a lo largo del paseo costero. Cada nuevo colapso abre la pregunta que en P23 hemos hecho desde hace años: ¿estamos ante una sucesión de daños puntuales o frente a una vulnerabilidad estructural que la ciudad y sus gobernantes no han querido mirar de frente?
El problema no puede explicarse con una sola causa o echarle la culpa al “mar de fondo”, como si fuera el responsable único de los destrozos o la explicación fácil que encuentra la burocracia para evadir la resistencia humana. .
El oleaje, el movimiento de sedimentos, la filtración de agua, las condiciones del subsuelo, el mantenimiento, la antigüedad de ciertos tramos y las características del diseño pueden interactuar de manera distinta en cada sitio, pero hay algo que no admite discusión: una ciudad que vive del mar no puede seguir tratando al océano como un elemento decorativo del paisaje.
El malecón es una obra de movilidad, una infraestructura turística, un espacio público y un activo económico. También es una estructura instalada en una costa viva, sobre la duna de alimentación de la playa, expuesta a procesos naturales que no desaparecen porque se anclen construcciones con pilotes de concreto de 20 metros de profundidad o más.
Mazatlán creció de cara al Pacífico y buena parte de su desarrollo fue planeado como si el litoral fuera una frontera que podía moverse a placer, pero todo mundo sabe que el mar se mueve, transporta sedimentos, erosiona playas y devuelve la energía de las tormentas.
Lo que hoy se hunde no es solamente una banqueta sino también la necia idea de que una obra puede considerarse segura por su apariencia, su costo o el acto oficial con el que fue inaugurada.
• Adiós a los 60
El malecón de Mazatlán mantuvo su estructura original hasta que fue remodelado en 2004, durante el sexenio federal del presidente Vicente Fox Quesada. Fue un punto de quiebre histórico que transformó la fisonomía clásica del paseo costero porque sustituyó el diseño de piedra e inclinado hacia el mar que había permanecido intacto desde la década de 1960.
El diseño clásico sesentero fue retirado por completo para dar paso a una infraestructura urbana “más adaptada” al crecimiento turístico y vehicular de la época.
El proyecto contó con los permisos y autorizaciones de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) con una vigencia de planeación de hasta 20 años para el desarrollo e intervenciones de la zona costera.
Esta fue la primera gran alteración moderna que modificó los muretes, banquetas y vialidades. Historiadores y ecologistas locales debaten desde entonces si los cambios geométricos realizados a partir de esa administración eliminaron curvas naturales de amortiguamiento, dejando al muelle costero más expuesto al impacto directo del fuerte oleaje a largo plazo. La estructura de 2004 duró 13 años antes de ser modificada de nuevo en 2017 y 2018,
Desafío de la modernidad
La trampa de la modernidad en la Avenida del Mar radicó en una decisión de ingeniería que desafió conscientemente las leyes de la física costera. Para extender las banquetas peatonales, diseñar la nueva ciclovía y presumir espectaculares terrazas voladas hacia el horizonte, la obra civil ejecutada durante la gestión de Quirino Ordaz Coppel y respaldada por Enrique Peña Nieto eliminó los históricos taludes inclinados de la costa, aquellas viejas rampas diagonales de concreto que tenían una función vital: obligar a la ola a deslizarse y perder fuerza de manera gradual antes de tocar la infraestructura urbana.
En su lugar, el proyecto ejecutivo sacrificó la dinámica de la playa para ganar metros de concreto, levantando una muralla estrictamente vertical e inflexible. Al enderezar el talud y sustituirlo por un muro de choque perpendicular, la obra convirtió el paseo costero en un ariete inverso.
El oleaje del Pacífico ya no encuentra amortiguación; choca en seco y redirige su colosal energía hacia la base de la estructura. El agua que rebota golpea los cimientos con violencia, lavando la arena subterránea y creando cavernas invisibles debajo del pavimento. El resultado de este pecado de planeación es la crisis de socavación que hoy mantiene en alerta roja al puerto, dejando el concreto de la principal vialidad turística flotando materialmente en el vacío.
Este colapso estructural está íntimamente ligado a un vacío de legalidad institucional. La prisa política por cortar el listón inaugural antes del Tianguis Turístico 2018 propició al parecer que el megaproyecto se ejecutara sin una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) profunda y adecuada para la magnitud de la obra.
Amparados bajo el argumento técnico de que se trataba del simple ‘mantenimiento urbano‘ de una avenida preexistente, los diseñadores presuntamente evadieron las estrictas evaluaciones de la Semarnat. Se ignoraron estudios oceanográficos de largo plazo y las advertencias de estudios de vulnerabilidad climática que desde 2014 prendieron los focos de alarma.
Al esquivar la ley ambiental para priorizar la estética visual, se construyó una bomba de tiempo: una infraestructura rígida e indefensa ante un Pacífico febril e inédito, cuyos socavones actuales no son accidentes de la naturaleza, sino las consecuencias legales y físicas de un urbanismo que prefirió ignorar al mar.
Amenaza que cambia
La costa de Sinaloa se encuentra expuesta a una combinación de amenazas meteorológicas y oceanográficas. Durante la temporada de ciclones, el oleaje puede intensificarse incluso cuando el centro de un sistema tropical no impacta directamente sobre Mazatlán. El mar de fondo -en efecto- puede recorrer grandes distancias y llegar a la costa con energía suficiente para erosionar playas, afectar estructuras y poner en riesgo a quienes permanecen cerca del litoral.
El calentamiento global añade presión a ese escenario. La ciencia climática advierte que, conforme aumenta la temperatura del planeta, los ciclones tropicales tienden a producir mayores tasas de precipitación y existe evidencia de una mayor proporción de sistemas de categorías 4 y 5. También se ha documentado una intensificación rápida en algunas regiones, aunque atribuir cada episodio individual al cambio climático exige análisis específicos.
No significa que cada huracán vaya a ser más poderoso ni que todos los años habrá más ciclones. Significa que el riesgo puede crecer por la intensidad de determinados fenómenos, por las lluvias extremas, por el nivel del mar y por la exposición de las comunidades.
A esta complejidad se suman los ciclos naturales del océano y de la atmósfera, entre ellos El Niño y La Niña. El Niño puede modificar las condiciones regionales que favorecen la formación y evolución de ciclones, pero sus efectos dependen de la región, la temporada y la interacción con otros factores. No es una explicación universal para cualquier tormenta.
Por eso resulta insuficiente hablar de una “tormenta perfecta” como si se tratara exclusivamente de un fenómeno meteorológico. La verdadera tormenta se forma cuando las amenazas naturales coinciden con decisiones urbanas que aumentan la exposición: construir sobre zonas bajas, reducir los espacios de amortiguamiento, alterar los flujos de agua, ocupar áreas de valor ecológico y postergar la prevención.
El desastre no empieza cuando la primera ola rompe una estructura. Empieza mucho antes, cuando una sociedad conoce sus riesgos y continúa construyendo como si no existieran.
Física del golpe
Para entender los daños del malecón hay que distinguir dos procesos: el impacto del oleaje sobre la estructura y la pérdida de material que le proporciona soporte.
Cuando una ola rompe contra una pared, ejerce fuerzas que dependen de su altura, periodo, velocidad, profundidad del agua y geometría de la estructura. Una superficie vertical puede recibir impactos importantes; una pendiente o una estructura diseñada para disipar energía puede modificar la forma en que esa fuerza se transmite. Sin embargo, no existe una regla simple que permita determinar la seguridad de un malecón observando únicamente la inclinación de su muro.
La socavación es otro fenómeno. El movimiento del agua puede remover arena y sedimentos en la base de una estructura. Si el oleaje encuentra huecos, juntas deterioradas o vías de entrada, el agua puede penetrar detrás de los elementos de protección y arrastrar material del relleno. Al perder soporte, las losas se hunden, se fracturan o colapsan.
La superficie visible puede conservar su apariencia durante un tiempo mientras debajo se desarrolla el daño. Cuando finalmente cede, el derrumbe parece repentino, aunque el proceso haya comenzado mucho antes.
En Mazatlán, los reportes recientes atribuyen los colapsos al oleaje intenso y a la socavación. Es una explicación inicial compatible con los daños observados, pero no sustituye un dictamen técnico sobre cada tramo.
Para conocer las causas concretas se necesitan estudios del subsuelo, inspecciones de las cimentaciones, análisis de las juntas y drenajes, mediciones de la erosión, planos ejecutivos y modelos que reproduzcan las condiciones de oleaje. También es indispensable distinguir los sectores construidos en distintas épocas: el malecón no es una estructura homogénea ni todos sus tramos tienen la misma edad e historia.
Reparar -parchar- sin diagnosticar puede devolver temporalmente la apariencia de normalidad, pero de ninguna manera devuelve la seguridad.ñ estructural.
Pecado original
La vulnerabilidad de Mazatlán no comenzó con el concreto hidráulico ni con las obras de 2018. Tiene raíces más profundas: la transformación de una geografía compuesta por dunas, playas, cerros, esteros, marismas, lagunas y planicies inundables.
La historia urbana del puerto también es la historia de cómo el ser humano fue modificando esos espacios para hacer posible el crecimiento de la ciudad.
Por ejemplo, la Plazuela Machado -Francisco I. Madero-ofrece un ejemplo documentado. Antes de convertirse en uno de los espacios emblemáticos del Centro Histórico, en el lugar existía una laguna. Durante el siglo XIX se impulsaron trabajos para rellenarla y formar la plaza, construida en 1837. La intervención respondió a una lógica urbana de su tiempo: ganar terreno, ordenar el espacio público y ampliar la ciudad.
El problema no consiste en juzgar con criterios actuales cada decisión tomada hace casi dos siglos. Consiste en reconocer que el territorio original tenía una función y que, al modificarlo, también cambiaron los caminos del agua porque la primera ciudad creció a punta de anarquía e invasiones: cada quien se apropió del terreno que quiso y construyó lo que pudo, incluso sin dejar espacio para vialidades y áreas públicas. Los ricos se apropiaron de los cerros para construir mansiones con aljibes que almacenaban el agua de lluvia, toda vez que el puerto solo disponía de algunos ojos de agua dulce.
Algo semejante ocurrió en distintas áreas costeras conforme Mazatlán amplió su puerto, sus asentamientos y sus zonas turísticas. En el sector de Playa Sur se realizaron trabajos de relleno y transformación de terrenos vinculados al desarrollo portuario y urbano. En otras zonas, los humedales y cuerpos lagunares quedaron reducidos por la expansión inmobiliaria y de infraestructura.
La historia específica de cada terreno debe reconstruirse con planos, fotografías aéreas, expedientes portuarios y catastros. No sería riguroso afirmar que toda una colonia, avenida o edificio se levantó sobre una misma laguna sin verificar la cartografía histórica correspondiente.
Pero la tendencia general es conocida: la expansión urbana fue transformando ambientes naturales que regulaban el agua y sostenían el equilibrio de la costa.
Las dunas, por ejemplo, no son montículos de arena inútiles que estorban a la vista. Forman parte de la defensa natural de las playas y participan en la dinámica de los sedimentos. Los humedales y las lagunas pueden almacenar temporalmente agua, reducir ciertos impactos de las inundaciones y ofrecer hábitat a numerosas especies. Cuando esos espacios desaparecen, el agua no desaparece con ellos. Busca otras rutas.
La ciudad puede ganar terreno mediante rellenos, muros y pavimentos, pero ese avance no elimina las condiciones físicas del lugar. Las transforma, y a veces desplaza el problema hacia las calles, las viviendas o las infraestructuras que se construyen después.
La zona de La Machado se inunda con cualquier llovizna y es entonces cuando entendemos que la memoria urbana debería servir para anticipar riesgos, no para decorar discursos turísticos.
Modernidad a cualquier precio
La historia reciente del malecón tiene una dimensión política y presupuestal que debe formar parte de cualquier diagnóstico serio.
En 2017 y 2018, durante las administraciones del alcalde Fernando Pucheta Sánchez y del gobernador Quirino Ordaz Coppel, la Avenida del Mar fue objeto de una transformación presentada como parte de la modernización de Mazatlán.
El proyecto se vinculó con el relanzamiento de la imagen turística del puerto y con la preparación para recibir la edición 43 del Tianguis Turístico, celebrada en abril de 2018. La visita del entonces presidente Enrique Peña Nieto y el impulso federal a la renovación urbana formaron parte del contexto político en el que se promovió la intervención.
La modernización municipal del malecón había contemplado distintas etapas de obra. Posteriormente, el gobierno estatal licitó la sustitución del pavimento de la Avenida del Mar por concreto hidráulico. La adjudicación publicada en agosto de 2018 fue de 119 millones 595 mil pesos; en la inauguración se reportó una inversión de alrededor de 135.9 millones.
La intervención comprendió aproximadamente 6.2 kilómetros, desde el área de Rafael Buelna hasta el monumento del Venadito, en Olas Altas, aunque algunas descripciones del proyecto sitúan la extensión general en 6.5 kilómetros, dependiendo de los puntos de referencia.
La obra buscaba renovar una carpeta de pavimento que llevaba décadas de uso y atender problemas en las redes de agua potable y drenaje. También modificó la configuración del paseo: se ampliaron espacios peatonales, se incorporó una ciclovía y se redujo el espacio destinado a la circulación vehicular en algunos tramos.
La entrega formal se realizó el 29 de noviembre de 2018. La promesa era ofrecer una infraestructura más moderna, funcional y duradera para residentes y visitantes.
Pero el proceso dejó una controversia: la secuencia de intervenciones municipales y estatales, ejecutadas en un periodo relativamente corto, generó dudas sobre la coordinación de las obras, las molestias ocasionadas a comerciantes y usuarios, y el posible costo de volver a intervenir espacios recientemente remodelados.
La remodelación municipal había comprendido cuatro etapas con contratos que, según información publicada por la prensa local, sumaban más de 204 millones de pesos. Esa cifra no puede sumarse automáticamente al costo estatal como si todo correspondiera a una sola obra, ni demuestra por sí misma que los trabajos municipales fueran demolidos en su totalidad. Para establecerlo se requiere comparar contratos, catálogos de conceptos, estimaciones, planos y actas de entrega-recepción.
La pregunta es precisa: ¿qué se construyó en cada etapa, qué se conservó, qué se sustituyó y qué trabajos se superpusieron?
La controversia financiera no termina ahí. También es necesario revisar si el proyecto ejecutivo consideró de manera suficiente la exposición al oleaje, la dinámica de los sedimentos, la erosión y las condiciones del subsuelo. La durabilidad de una obra costera no depende solamente de la resistencia del concreto: depende de la estructura completa, de su cimentación, de su relación con la playa y de las condiciones para las que fue diseñada.
En el debate público ha surgido una crítica específica al cambio de geometría de algunos tramos del malecón. Mientras estructuras anteriores presentaban taludes inclinados, la remodelación incorporó soluciones con elementos proyectados hacia el mar y muros que reciben directamente el impacto del oleaje. Especialistas y representantes del sector turístico han pedido revisar si la obra tiene la capacidad necesaria para soportar esas condiciones.
La geometría de los muros, las cimentaciones, los volados, los drenajes, los materiales, las condiciones del terreno y el mantenimiento deben analizarse en conjunto. Solo un dictamen independiente puede establecer si existieron errores de diseño, fallas de ejecución, deficiencias de supervisión o si los daños obedecen a una combinación de factores.
La modernización fue presentada como una inversión para el futuro. Hoy, menos de ocho años después de la inauguración, algunos tramos requieren evaluación y reparación.
Señales de alerta
Mazatlán no carece de diagnósticos sobre su vulnerabilidad. Uno de los más relevantes es el estudio de vulnerabilidad elaborado por Paisajes y Personas Resilientes A.C., con la participación de Conselva y el Instituto Municipal de Planeación, y el apoyo de organizaciones financiadoras.
El estudio identifica amenazas como inundaciones fluviales y costeras, deslizamientos y erosión litoral. Sus resultados señalan que 102 mil 377 habitantes se encuentran en zonas con condiciones de vulnerabilidad alta o muy alta, distribuidos en 2 mil 349 manzanas.
El análisis también identifica 755 instalaciones urbanas y 56.64 kilómetros de vialidades clave expuestas a distintas amenazas.
Las cifras no significan que todas esas personas, instalaciones o calles vayan a sufrir daños en un mismo evento. Son indicadores de exposición y vulnerabilidad que permiten reconocer dónde se necesitan medidas de prevención, preparación y adaptación.
El horizonte de 2030 plantea otro desafío: el estudio estima una posible pérdida de 21 mil 241 hectáreas de vegetación y un aumento de la población expuesta a condiciones de vulnerabilidad, hasta alcanzar alrededor de 144 mil 307 personas, bajo los escenarios considerados. Esas proyecciones dependen de sus supuestos y no deben leerse como un destino inevitable.
El diagnóstico también advierte sobre la presión que enfrenta el agua. La disponibilidad de agua superficial en la cuenca del río Presidio se ha reducido de manera importante, mientras el acuífero presenta un déficit estimado de 22.10 hectómetros cúbicos anuales.
Es otra pieza de la misma ecuación. Una ciudad puede crecer en hoteles, condominios y visitantes mientras sus fuentes de agua, sus suelos y sus ecosistemas soportan una presión creciente.
El turismo representa empleo, ingresos y oportunidades para miles de familias. Pero su crecimiento necesita una base territorial capaz de sostenerlo. Si se degrada el entorno del que depende la actividad económica, el atractivo turístico termina expuesto al mismo deterioro.
El estudio de vulnerabilidad advierte, además, sobre riesgos climáticos a largo plazo. Bajo sus escenarios, hacia finales de siglo la temperatura podría aumentar hasta 4.6 grados Celsius y la precipitación anual disminuir alrededor de 13.4 por ciento. También se anticipan fenómenos hidrometeorológicos extremos más intensos o frecuentes y otros efectos asociados al cambio climático.
Son proyecciones, no pronósticos meteorológicos para una fecha concreta. Su valor consiste en mostrar qué puede ocurrir si no se reducen los factores que aumentan la exposición y no se adoptan medidas de adaptación.
La advertencia fundamental ya está escrita: el desarrollo urbano debe incorporar el riesgo climático en sus decisiones, desde los permisos de construcción hasta la conservación de ecosistemas, la gestión del agua y la protección de infraestructura.
Con los datos del estudio, en 2025 P23 modeló lo que ocurriría si un huracán categoría 5 tocará tierra por Mazatlán. La simulación corresponde a una fecha arbitraria: 19 de octubre de 2027, año en el que los científicos consideran como el punto de quiebre del puerto por cambio climático:
De acuerdo con las estadísticas del estudio, habría alta mortandad y pérdidas materiales:
La ciudad que crece contra su propio territorio
Mazatlán enfrenta una paradoja. Su mayor activo es el litoral: la playa, el paisaje, el malecón, el puerto y la posibilidad de vivir y trabajar frente al Pacífico. Al mismo tiempo, ese territorio concentra algunos de sus principales riesgos.
La expansión urbana y turística ha multiplicado la presión sobre la costa. Los edificios, las vialidades y las superficies impermeables modifican el flujo del agua; los rellenos cambian la topografía; la pérdida de vegetación reduce funciones ecológicas; y la ocupación de zonas bajas aumenta la cantidad de personas y bienes expuestos.
No todas las obras producen el mismo efecto ni toda intervención sobre la costa es necesariamente perjudicial. La cuestión es si cada proyecto se evalúa dentro del sistema completo: playa, dunas, humedales, cuencas, drenaje, sedimentos, nivel del mar y crecimiento urbano.
Un muro puede proteger un tramo y, al mismo tiempo, alterar el movimiento de arena o trasladar la erosión hacia otra zona. Una avenida puede mejorar la movilidad y, si no incorpora un drenaje adecuado, agravar los escurrimientos durante lluvias intensas. Un desarrollo puede generar ingresos y empleo, pero también elevar la demanda de agua y aumentar la exposición si se instala en una zona vulnerable.
La ciudad necesita revisar sus instrumentos de desarrollo urbano, sus atlas de riesgo, las restricciones de construcción en zonas expuestas y los criterios de autorización de obras costeras. También necesita hacer públicos los estudios que respaldan las decisiones y explicar a la ciudadanía qué riesgos se identificaron, cuáles se aceptaron y cómo se prevé reducirlos.
La infraestructura gris —muros, concreto, tuberías, pavimentos y drenajes— seguirá siendo necesaria. Pero debe complementarse con infraestructura natural: restauración de dunas y humedales, protección de la vegetación costera, recuperación de espacios de absorción y manejo integral de las cuencas.
No se trata de regresar a una ciudad sin calles ni edificios. Se trata de construir con conocimiento del territorio en el que vivimos.
La prevención suele ser menos visible que una inauguración. No tiene siempre una placa, un corte de listón ni una fotografía política. Sin embargo, es la inversión que puede evitar que una reparación se convierta en emergencia y que una emergencia termine en tragedia.
Del rescate a la adaptación
Ante cada hundimiento aparece la urgencia inmediata: acordonar el área, cerrar la circulación, evaluar el daño y reparar. Son acciones indispensables para proteger a la población.
- El primer paso debe ser un diagnóstico independiente y público de los tramos afectados, que determine las causas de cada daño y establezca si existen puntos con vulnerabilidad semejante. Ese diagnóstico debe incluir estudios geotécnicos, hidráulicos y estructurales, así como una revisión de las condiciones de oleaje y del movimiento de sedimentos.
- El segundo es publicar y revisar los expedientes de las obras de 2017-2018 y de las reparaciones posteriores: proyectos ejecutivos, modificaciones, contratos, supervisiones, garantías, estimaciones y actas de entrega. La revisión debe determinar si la infraestructura cumple las especificaciones con las que fue contratada y si las condiciones actuales corresponden a los riesgos previstos.
- El tercero es dejar de intervenir el malecón como si cada tramo fuera un problema independiente. La costa funciona como un sistema. Una solución diseñada para un punto puede tener consecuencias en otro; por eso las decisiones deben apoyarse en estudios de dinámica litoral y en una estrategia integral.
- El cuarto consiste en revisar los instrumentos de planeación de Mazatlán frente a escenarios de lluvias extremas, inundaciones, erosión y aumento del nivel del mar. Los atlas de riesgo y los estudios de vulnerabilidad deben actualizarse, contar con presupuesto y orientar permisos, inversiones y protocolos de protección civil.
- El quinto es proteger y recuperar los espacios naturales que todavía amortiguan los impactos. Las dunas, los humedales, las lagunas y la vegetación costera no son terrenos sobrantes a la espera de ser urbanizados. Son parte de la infraestructura de seguridad de la ciudad.
También debe considerarse una herramienta que resulta incómoda para los intereses inmobiliarios: no construir donde el riesgo es inaceptable, limitar densidades donde la exposición es alta y establecer reglas de adaptación para las zonas que ya están ocupadas.
Costo de la indiferencia
Las proyecciones climáticas describen escenarios condicionados por decisiones humanas, emisiones, cambios en el territorio y capacidad de adaptación. No anuncian una condena inevitable.
La ciudad necesita mantener su vocación turística y portuaria sin sacrificar los sistemas naturales que la sostienen. Necesita infraestructura durable, pero también una política urbana capaz de reconocer límites. Necesita inversiones, pero con evaluación de riesgos, transparencia y rendición de cuentas.
La pregunta para los gobiernos no es si el mar seguirá golpeando la costa. Lo hará. La pregunta es si las autoridades continuarán reaccionando después de cada daño o si comenzarán a prepararse antes de que ocurra.
La pregunta para los constructores no es únicamente cuánto cuesta levantar una estructura. Es cuánto tiempo debe durar, bajo qué condiciones fue diseñada y cómo se comprobará su desempeño.
La pregunta para los ciudadanos tampoco puede limitarse a quién tiene la culpa del último socavón. Debemos exigir que se investigue, que se publiquen los resultados, que se determinen responsabilidades cuando corresponda y que las decisiones futuras incorporen el conocimiento científico disponible.
Una ciudad costera no puede prometer que el mar nunca la dañará, pero si puede reducir la exposición, conservar las barreras naturales, evitar construcciones inadecuadas y diseñar infraestructura para riesgos conocidos.
Si cada colapso se atiende como un accidente aislado, con parches, el siguiente encontrará el mismo vacío de planeación. Si cada reparación se convierte en una oportunidad para revisar el diseño, transparentar el gasto y adaptar la ciudad, el daño puede convertirse en una lección porque la naturaleza no está cobrando una deuda moral, está respondiendo a procesos puramente físicos.
El mar no está invadiendo Mazatlán: está interactuando con una costa que transformamos con fines politicos más que ambientales.
¿Aún estamos a tiempo para convivir con el océano? ¿Debe realizarse una auditoría técnica y financiera independiente de las obras del malecón y publicarse íntegramente sus resultados?
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