Medio siglo de guerra militar que no frena al narco en México
• Batallas de una misma guerra que, al usar idéntica receta, están condenadas al fracaso.-
• Casi 60% del presupuesto 2027 se aplica al despliegue de tropas y menos del 1.5% a tareas de inteligencia e investigación.-
ESPECIAL P23 | NOVIEMBRE 2026
MARIO MARTINI
México lleva medio siglo combatiendo el narcotráfico con la misma estrategia que privilegia la fuerza militar y el combate armado.
Desde la Operación Cóndor en el Triángulo Dorado hasta el despliegue extraordinario de tropas en Sinaloa, la respuesta institucional ha recurrido reiteradamente a más soldados, aeronaves, armamento de última generación y ocupación territorial como estrategia de disuasión.
Pero tanto el conflicto como el enemigo cambiaron: las organizaciones criminales dejaron de ser pequeños grupos dedicados al cultivo, producción y trasiego de drogas, para transformarse en consorcios y estructuras internacionales con alta capacidad financiera, redes de información, vigilancia tecnológica, comunicaciones digitales y mecanismos de coordinación que les permiten operar, anticiparse, adaptarse e incluso volverse a inventar.
Mientras que el Estado sigue destinando una proporción muy importante de sus recursos al despliegue de la fuerza convencional (cerca del 60 por ciento del presupuesto total).
1975: inicio de una historia que no termina
En los años setenta, los caminos de la sierra sinaloense se convirtieron en escenario de una de las mayores ofensivas militares contra la producción de drogas.
El objetivo de la Operación Cóndor, desplegada entre 1975 y 1976 en la región del Triángulo Dorado -Sinaloa, Chihuahua y Durango- fue erradicar cultivos de marihuana y amapola mediante operaciones terrestres y aéreas.
El Archivo General de la Nación documenta que aquella campaña dio paso a una política permanente de persecución de la producción y distribución de drogas, sostenida principalmente por las Fuerzas Armadas y las instituciones federales de procuración de justicia.
La ofensiva consiguió destruir plantíos, detener o matar narcotraficantes y decomisar sustancias. Sin embargo, no terminó con el negocio sino todo lo contrario: provocó la modernización de la organización criminal que amplió sus redes con nuevas estrategias de operación, multiplicó cultivos en varios estados e instaló su puente de mando en la ciudad de Guadalajara, abandonando para siempre su característica fundacional de organización familiar y rural.
La historia posterior, incluido la metástasis de los grandes cárteles, demuestra que la erradicación de cultivos y la captura de operadores no equivalen a desmantelar las estructuras que sostienen el negocio transnacional.
2027: el presupuesto habla
El 11 de noviembre, la Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027. En el sector integrado por Defensa, Marina y Seguridad y Protección Ciudadana, la bolsa asciende a 331 mil 416 millones de pesos.
La distribución institucional concentra 185 mil 706 millones en la Secretaría de la Defensa Nacional, 81 mil 223 millones en Marina y 64 mil 487 millones en la SSPC.
Es decir, más de la mitad del dinero se encuentra bajo la administración de Defensa, mientras que Marina y Seguridad y Protección Ciudadana concentran el resto.
Pero lo verdaderamente importante no es solamente cuánto recibe cada dependencia, sino a qué funciones se destina el dinero.
De acuerdo con la clasificación funcional utilizada en este análisis presupuestal, el bloque de Seguridad Nacional y Defensa concentra aproximadamente 194 mil 337 millones de pesos: 58.64 por ciento del total. Casi seis de cada diez pesos.
No significa que todo ese dinero se utilice exclusivamente para comprar armamento o desplegar tropas. Incluye funciones más amplias de defensa y seguridad nacional. Pero permite dimensionar el peso que conserva el componente militar en la distribución del gasto.
La inteligencia: una proporción marginal
El Centro Nacional de Inteligencia tiene asignados 4 mil 310 millones de pesos para 2027. Es aproximadamente 1.30 por ciento del presupuesto conjunto de las tres dependencias.
A ello se agregan 554.6 millones para Plataforma México, infraestructura tecnológica de información y coordinación policial.
La Guardia Nacional, por su parte, tiene un programa de 25 mil 119.7 millones de pesos para servicios de operación destinados a la prevención, investigación y persecución de delitos, pero no queda claro si todo ese monto es para inteligencia porque incluye actividades operativas más amplias.
También hay una limitación importante: el presupuesto público no permite identificar con precisión cuánto destinan Defensa y Marina a sus capacidades internas de inteligencia militar y naval, pues parte de esos recursos se encuentra incorporada en programas generales.
Por eso, el 1.30 por ciento identifica la asignación específica del CNI, no el costo total de todas las actividades de inteligencia del Estado mexicano.
El enemigo aprendió a utilizar tecnología
La transformación de las organizaciones criminales no es una especulación, todos los días la confirma su operación y equipos: drones para vigilancia y reconocimiento; seguimiento en tiempo real de transporte de armas y drogas; clonación de uniformes y equipo táctico; uso de criptomonedas para operaciones internacionales; explosivos y minas personales; lanzagranadas y fusiles calibre .50, son herramientas de grupos armados en distintas regiones del país.
Un análisis de ACLED, difundido en septiembre de 2026, documentó incidentes con drones utilizados por organizaciones criminales en 17 entidades federativas entre enero de 2021 y agosto de 2026. Sinaloa figura entre los estados con mayor presencia de drones armados, junto con Guerrero y Michoacán.
La tecnología permite observar movimientos de grupos rivales, vigilar territorios, transportar sustancias y, en determinados casos, ejecutar ataques.
En noviembre, el problema volvió a hacerse visible en Mazatlán. Durante operativos realizados en la zona de Palmillas, Marina reportó el aseguramiento de un dron y artefactos explosivos improvisados, además de armamento de alto calibre.
La evolución tecnológica incluye utilización de inteligencia artificial, sistemas de comunicación, herramientas digitales, vigilancia electrónica, geolocalización y mecanismos de coordinación que modifican las condiciones de operación de las organizaciones criminales.
El Estado también dispone de tecnología y ha comenzado a fortalecer sus sistemas antidrones, pero el problema no es que las instituciones carezcan por completo de esos recursos, sino que su capacidad de inteligencia, investigación, análisis e integración tecnológica no crece a la velocidad de su adversario.
El tamaño del despliegue
El 9 de noviembre, durante una reunión de alto nivel celebrada en Mazatlán, la Secretaría de la Defensa Nacional informó que mantenía 22 mil 667 efectivos desplegados en Sinaloa, equivalentes al 23 por ciento de su despliegue institucional nacional.
El gobierno federal y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana anunciaron en esa misma reunión una inversión extraordinaria de 900 millones de pesos para patrullas, vehículos blindados y equipamiento táctico en Sinaloa. La cifra incluye capacidades aéreas, aeronaves no tripuladas, sistemas antidrones y más de mil 700 vehículos.
A noviembre de 2026, el gobierno federal mantiene un despliegue histórico de al menos 26,069 elementos federales en Sinaloa (con 22,667 efectivos reportados por la Sedena, 2,566 elementos operativos en tierra de la Marina y más de 836 agentes de inteligencia e investigación de la SSPC). Con base en la población oficial del estado de 3,102,935 habitantes, esta fuerza equivale a una proporción de 840.14 elementos federales por cada 100 mil habitantes, ocho veces más del número sugerido por la INU para policías locales.
Al sumar las corporaciones locales (1,200 policías estatales y 3,840 policías municipales), el estado cuenta con una fuerza de seguridad conjunta de 31,109 elementos operativos; es decir, 1 agente por cada 100 sinaloenses.
FORTAMUN
Tres municipios concentran el 63.48% de todo el FORTAMUN en Sinaloa: Culiacán lidera la asignación con $1,037.48 millones de pesos en 2026 (proyectado a $1,093.30 millones en 2027), seguido por Mazatlán con $537.88 millones ($566.82 millones en 2027) y Ahome con $485.90 millones ($512.04 millones en 2027).
En conjunto, los 20 municipios de Sinaloa deben destinar un piso mínimo obligatorio de $649,378,903 pesos en 2026 y $684,320,648 pesos en 2027 directamente a seguridad pública.
La fuerza no sustituye al conocimiento
No se trata de retirar a los militares ni de desconocer la necesidad de proteger a la población. Tampoco de minimizar la importancia de los operativos, las capturas o los aseguramientos.
Se trata de discutir la distribución de los recursos públicos y las capacidades que estamos construyendo.
Una organización criminal no desaparece necesariamente cuando se captura a su jefe. Puede sustituirlo, fragmentarse, reorganizarse y continuar operando si conserva sus redes financieras, logísticas, tecnológicas y de protección.
Por eso, la inteligencia militar y policial debe ser capaz de identificar relaciones, anticipar movimientos, seguir el dinero, penetrar las estructuras, proteger las comunicaciones institucionales y coordinar investigaciones que permitan desarticular organizaciones completas.
Desde 1975 hemos repetido una respuesta basada en la ocupación territorial y la confrontación. Medio siglo después, el país necesita demostrar que puede hacer algo más que desplegar fuerza.
El Estado no puede seguir comprando armas para combatir otra batalla de la misma guerra.
Ilustraciones: IA| P23
PARALELO 23 | Periodismo Democrático y Tropical
