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Son corresponsales de guerra sin reconocimiento | Parte III

• La guerra es la misma, la protección no

Sinaloa | 28 junio 2026 | Mario Martini | Parte III

En las guerras reconocidas del mundo, los corresponsales no son enviados al frente únicamente con una libreta y una cámara. Detrás de cada cobertura existe una estructura diseñada para proteger la vida de quienes documentan los conflictos.

Las grandes agencias internacionales y corporaciones informativas proporcionan a sus reporteros entrenamiento especializado en zonas de combate, cursos de primeros auxilios tácticos, protocolos de supervivencia, equipos balísticos certificados, comunicaciones satelitales, monitoreo permanente y seguros médicos capaces de financiar evacuaciones de emergencia a otros países.

Además, reciben compensaciones económicas por riesgo, cobertura psicológica posterior a las coberturas y respaldo institucional para enfrentar las consecuencias físicas y emocionales de trabajar en escenarios de violencia extrema.

La lógica es sencilla:

Si la información es un bien público, quienes la producen deben contar con mecanismos de protección adecuados.

Sin embargo, la realidad cambia radicalmente cuando se observa la situación de miles de periodistas independientes alrededor del mundo y, particularmente, la de quienes cubren la violencia cotidiana en Sinaloa.

Aquí no existen corresponsalías de guerra formales. No hay programas permanentes de capacitación táctica. No abundan los seguros especializados. Tampoco existen esquemas sólidos que garanticen atención médica, apoyo psicológico o reposición de equipos dañados durante coberturas de riesgo.

Muchos reporteros trabajan bajo esquemas de colaboración temporal o pago por pieza. En numerosos casos deben financiar por cuenta propia sus traslados, equipos de protección, herramientas de comunicación y gastos operativos. La cobertura depende más de la vocación profesional que de la existencia de condiciones laborales adecuadas.

Paradoja evidente

Mientras los enfrentamientos armados, bloqueos carreteros, desapariciones, desplazamientos forzados y operativos militares forman parte de la realidad cotidiana de amplias regiones de Sinaloa, quienes documentan esos hechos suelen hacerlo sin las garantías mínimas que sí reciben los corresponsales desplegados en conflictos reconocidos internacionalmente.

El contraste resulta todavía más contundente cuando se observa el marco jurídico internacional.

Los Convenios de Ginebra y sus Protocolos Adicionales establecen que los periodistas son personas civiles protegidas. El Derecho Internacional Humanitario prohíbe expresamente los ataques dirigidos contra ellos y considera crímenes de guerra acciones como el asesinato, la tortura, la toma de rehenes o los ataques deliberados contra vehículos e instalaciones de prensa que no tengan uso militar.

Incluso existe una distinción formal entre los corresponsales acreditados que acompañan fuerzas armadas y los periodistas independientes que cubren conflictos por cuenta propia. Ambos gozan de protección internacional y conservan derechos específicos en caso de captura o detención.

La UNESCO ha desarrollado además un amplio conjunto de protocolos destinados a prevenir agresiones contra periodistas. Sus directrices incluyen capacitación en seguridad física, ciberseguridad, primeros auxilios, manejo del trauma, protección de fuentes y protocolos de actuación para fuerzas de seguridad.

Sin embargo, entre la existencia de estas normas y la realidad cotidiana existe una distancia considerable.

Las leyes internacionales pueden reconocer derechos. Los manuales pueden establecer protocolos. Los organismos multilaterales pueden emitir recomendaciones. Pero ninguna de esas herramientas sustituye la necesidad de construir condiciones reales de seguridad para quienes ejercen el periodismo en contextos de violencia.

Protección por guerra

Mientras un corresponsal de guerra de una gran cadena internacional cruza una línea de fuego protegido por un casco balístico, chaleco antibalas de nivel militar, teléfono satelital, seguro de vida multimillonario y un protocolo permanente de monitoreo, el reportero sinaloense que cubre enfrentamientos entre grupos armados suele salir únicamente con su teléfono celular, una cámara, su vehículo particular y la incertidumbre de regresar con vida. La diferencia no es solamente económica: es la distancia entre un sistema institucional de protección y el abandono absoluto.

Las grandes agencias internacionales consideran la seguridad de sus corresponsales parte del costo operativo de la cobertura. Antes de ser enviados a zonas como Ucrania, Gaza o Sudán, los periodistas reciben entrenamiento especializado en primeros auxilios tácticos, reconocimiento de minas y explosivos, manejo de secuestros, protocolos de evacuación y supervivencia en combate.

Además, cuentan con fixers, traductores, vehículos seguros, planes de extracción y monitoreo satelital permanente. En contraste, en buena parte de México la cobertura de hechos violentos depende del criterio individual del reportero y de los limitados recursos de su medio, sin protocolos homologados ni infraestructura de protección.

El fixer es un periodista, productor o guía local contratado por corresponsales extranjeros o medios nacionales o internacionales para coordinar la logística, el acceso y la seguridad en zonas de conflicto, desastres o territorio controlado por el crimen organizado. Esta práctica, también de altísimo riesgo, se ha convertido en otra forma de ingreso de los reporteros en Sinaloa.

Organizaciones internacionales dedicadas a la libertad de prensa estiman que una proporción muy significativa de los periodistas latinoamericanos obtiene ingresos inferiores a mil dólares mensuales y depende del pluriempleo para sobrevivir. La ausencia de seguros médicos, fondos de retiro, cobertura psicológica o compensaciones por riesgo convierte cada cobertura de violencia en una apuesta personal donde el periodista asume prácticamente todos los costos, desde el combustible y el equipo hasta la eventual atención médica derivada de una agresión.

Compensación económica y salarios

  • Plus de peligrosidad: Bonos adicionales sumados al sueldo base que compensan el riesgo de muerte, secuestro o lesiones graves en el terreno.
  • Los periodistas contratados en España por grandes medios perciben entre 30,000 y 60,000 euros anuales, pudiendo alcanzar los 80,000 eurosde acuerdo con su experiencia. En el caso de televisoras públicas de gran envergadura (como RTVE), los salarios de corresponsales en el extranjero promedian los 131,903 eurosanuales gracias a sus complementos

Experiencia sinaloense

La experiencia sinaloense muestra que informar también implica asumir riesgos que pocas veces son visibles para la audiencia.

A pesar del marco legal, los reporteros de seguridad y nota roja enfrentan severas carencias debido a los riesgos de la fuente: 

  • Falta de Seguros de Vida de Alto Riesgo: La cobertura ordinaria del IMSS es insuficiente para el nivel de peligro que enfrentan. Muy pocos medios pagan seguros de vida privados, a pesar de cubrir balaceras, homicidios y desastres naturales.
  • Simulación Laboral: Muchos son contratados por honorarios o asimilados. Esto los priva de aguinaldo, prima vacacional y reparto de utilidades.
  • Salario Profesional Incumplido: Aunque existe un salario mínimo profesional fijado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) para periodistas, muchos corresponsales locales cobran apenas entre $100 y $150 pesos por nota publicada, obligándolos al «pluriempleo».
  • Carencia de Equipo de Protección: Salvo contadas excepciones en grandes cadenas nacionales, el reportero debe costear sus propias herramientas (cámara, celular, datos móviles) y carece de equipo táctico como chalecos antibalas o cascos

Detrás de cada fotografía, transmisión, entrevista o cobertura existe una persona que toma decisiones en entornos impredecibles, evalúa amenazas, protege fuentes, administra el miedo y enfrenta las consecuencias emocionales de documentar la violencia de manera permanente.

En otras guerras reciben protección. En Sinaloa, muchos cubren riesgos similares por cuenta propia. Y esa diferencia puede significar la distancia entre regresar a casa o no hacerlo.

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