Seis años después de la alerta mundial por COVID-19, el “México que se cuece aparte” sigue sin rendir cuentas por más de 800 mil muertes.-
Por Mario Martini | Redacción P23
La escena se repite en miles de casas, pero nadie la archiva. Una cama vacía. Un tanque de oxígeno devuelto con prisa. Un acta de defunción con una causa imprecisa. Una familia que no entiende si su pérdida fue mala suerte, fatalidad biológica o simple abandono institucional. Así comenzó la pandemia en México: sin épica, sin memoria y… sin responsables.
El día que la OMS declaró pandemia global no hubo gritos. No hubo sirenas. No hubo estampidas. Hubo algo más inquietante: una calma administrativa-política. Una frase técnica en una conferencia remota. Un mundo que se enteraba de su propia fragilidad a través de rumores.
En México, ese anuncio no fue recibido como alarma sino como trámite. Un asunto lejano. Un problema de otros. Una catástrofe que —como siempre— parecía no tener pasaporte mexicano porque “México se cuece aparte”
La televisión seguía transmitiendo con normalidad. Las mañanas seguían llenas de palabras tranquilizadoras. Pero para entonces la pandemia entraba silenciosa al país, como la humedad, no como tragedia sino como discurso.
El 2 de febrero de 2020 la Organización Mundial de la Salud advirtió al mundo que el brote de COVID-19 se había convertido en una amenaza global. No usó metáforas. No exageró. Habló en términos técnicos: transmisión comunitaria, colapso hospitalario, necesidad de preparación. México escuchó… y decidió no creer.
Y ahí empezó todo. Como lo escribió Edmundo Valadés: la muerte tuvo permiso.
Apenas semanas después, el virus ya circulaba en territorio nacional. El primer caso confirmado se registró a finales de febrero. Pero el Estado tardó hasta el 30 de marzo en declarar formalmente la emergencia sanitaria. Casi dos meses enteros de diferencia entre la advertencia internacional y la reacción política. Dos meses que se tradujeron en cientos de miles de nombres que nunca aparecerán en ningún monumento.
No fue el virus lo que colapsó primero. Fue el lenguaje. La manera displicente de nombrar la realidad. La decisión de convertir una amenaza epidemiológica en un problema de percepción pública. Mientras los hospitales improvisaban, el poder redactaba discursos criminalmente optimistas.
Los números comenzaron a crecer sin rostro. Los comunicados oficiales hablaban de miles. Las funerarias hablaban de cientos diarios. Los panteones hablaban de excavadoras. Las familias hablaban de ausencias!sin despedida.
En un instante el mundo se llenó de muerte y terror:
“Unos 14,9 millones de personas murieron en el mundo a causa de la pandemia de COVID-19 entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2021: Organización Mundial de la Salud (OMS)”.
En la conferencia matutina, encabezada por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría de Salud confirmó ese 28 de febrero el primer caso en la Ciudad de México: un hombre de 35 años de edad con antecedentes de viaje a Italia. Asimismo, se dio a conocer que el Laboratorio Estatal de Salud Pública de Sinaloa, confirmó un caso más de otro italiano de 41 años de edad en el hotel lucerna de Culiacán. El primer fallecimiento no tardó en llegar: ocurrió el 18 de marzo de 2020.
Aquí está el detalle:
Línea del tiempo (hitos y responsabilidad oficial):
• 30 de enero de 2020 – La OMS declaró la situación como Public Health Emergency of International Concern (PHEIC).
• 11 de marzo de 2020 – La OMS caracterizó la expansión del SARS-CoV-2 como pandemia.
• 27–28 de febrero de 2020 – México confirmó sus primeros casos positivos (reportes iniciales situaron casos en Ciudad de México y Sinaloa).
• 30 de marzo de 2020 – El gobierno federal declaró emergencia sanitaria por COVID-19 (Acuerdo publicado en DOF; suspensión de actividades no esenciales).
Estas fechas muestran que hubo márgenes de tiempo para aplicar medidas de contención y refuerzo del sistema. Los informes oficiales y los análisis de exceso de mortalidad documentan que la respuesta no alcanzó para evitar un exceso mortalidad masivo —una deuda que aún está sin responsables formales. (INEGI estimó un exceso importante en 2020; análisis científicos independientes han recomendado investigaciones y auditorías).
Se habló de “emergencia controlada” como si el caos pudiera administrarse. Como si los muertos obedecieran a conferencias. Como si el sistema de salud fuera una consigna.
La ciencia fue sustituida por retórica y complicidad a favor del virus. La estadística por narrativa. El dolor por optimismo institucional.
Cuando el optimismo se acabó, era demasiado tarde.
Durante ese periodo, el discurso oficial insistió en que no había motivo para alarmarse. Se minimizó la amenaza. Se ridiculizó la posibilidad de un colapso. Se apostó por la pedagogía del optimismo. No se trataba solo de errores de comunicación. Era una decisión política: administrar la percepción antes que preparar la infraestructura hospitalaria.
El problema no fue el virus. El problema fue la incapacidad del Estado para reconocer su propia fragilidad.
Las cifras oficiales de muertes por COVID en México rondan las 330 mil. Pero el exceso de mortalidad —la diferencia entre las muertes esperadas según los años previos y las realmente registradas— supera las 800 mil personas. Es decir: más de medio millón de fallecimientos no fueron reconocidos como producto directo de la pandemia, aunque ocurrieron en su contexto inmediato.
Dicho de otra forma: México perdió, en apenas cuatro años, el equivalente a toda la población de una ciudad como Hermosillo, Saltillo o Xalapa. No por guerra. No por terremoto. No por catástrofe natural. Por irresponsabilidad humana.
Los datos oficiales del INEGI permiten reconstruir el perfil de esa tragedia. Aproximadamente el 56 % de las muertes en exceso corresponden a hombres y el 44 % a mujeres.
Casi el 58 % se concentró en personas mayores de 65 años, lo que confirma que la pandemia golpeó con mayor fuerza a quienes dependían más directamente del sistema de salud. Pero el 42 % restante corresponde a población en edad productiva: padres, madres, trabajadores, docentes, comerciantes, jóvenes.
No fue solo una generación de ancianos. Fue un país entero perdiendo capas completas de su tejido social.
El exceso de mortalidad no es una abstracción estadística. Es la suma de historias truncadas: enfermos que no recibieron atención, hospitales saturados, personal médico sin equipo, comunidades rurales sin acceso a pruebas, familias que no pudieron despedirse. Cada punto porcentual representa miles de funerales improvisados, miles de silencios administrativos.
Ni cese ni juicio
Ningún funcionario renunció por la gestión de la pandemia. Ningún responsable político enfrentó una auditoría pública independiente. No hubo comisión de la verdad. No hubo memorial nacional. No hubo política de reparación. Lo que hubo fue una operación sistemática de normalización de la tragedia: convertir una catástrofe histórica en una nota de pie de página.
La pandemia funcionó como un ensayo general del autoritarismo sanitario. Se centralizó el discurso. Se descalificó la crítica. Se presentó cualquier cuestionamiento como ataque político. Se sustituyó el debate científico por fidelidades ideológicas. La emergencia se convirtió en excusa para concentrar la narrativa en una sola voz.
La ciencia fue desplazada por la retórica. La epidemiología por la popularidad. La rendición de cuentas por la lealtad discursiva.
Y cuando el sistema colapsó, ya no había a quién reclamarle.
Las consecuencias sociales siguen ahí, aunque el virus ya no ocupe titulares. Hay una generación de huérfanos sin reconocimiento institucional. Un personal médico marcado por el desgaste y la precariedad. Una sociedad que aprendió a convivir con la muerte sin exigir explicaciones. Un país que perdió la capacidad de indignarse ante la magnitud del daño.
La memoria colectiva fue amputada. No hay monumentos. No hay archivos abiertos. No hay museos del duelo. La pandemia fue enterrada sin ceremonia pública, como si recordarla fuera un riesgo político. Como si nombrar a los muertos obligara a nombrar también a los responsables.
Pero recordar no es nostalgia. Es prevención. Un país que no documenta sus tragedias está condenado a repetirlas. No por mala suerte, sino por aprendizaje ausente. La verdadera herencia del COVID no es el virus. Es la impunidad institucional que dejó intacta.
Hoy, seis años después, la pregunta sigue flotando como una deuda histórica:
¿Qué tipo de país deja morir a 800 mil personas sin rendir cuentas?
Los números no mataron a nadie.
Las decisiones sí.
Los fallecidos no entraron a juicio político. No provocaron renuncias. No generaron investigaciones. No activaron responsabilidades. Fueron absorbidos por una maquinaria administrativa que transformó la tragedia en estadística.
Murieron sin oxígeno.
Murieron sin cama.
Murieron sin despedida.
Y después murieron sin explicación.
La pandemia se convirtió en el ensayo general de un nuevo tipo de poder: el que gestiona la catástrofe sin rendir cuentas. El que centraliza el discurso y neutraliza la crítica. El que convierte la emergencia en argumento de autoridad.
No fue solo una crisis sanitaria. Fue una prueba moral del Estado.
Y el Estado decidió no responder.
La ironía se cuenta sola
Hugo López Gattel, responsable de administrar la crisis sanitaria por mandato presidencial, despacha como representante de México en la Organización Mundial de la Salud.
Mientras…, la muerte sigue acechando desde entonces, en cada invierno, en cada descuido, en cada discurso que incluya la frase “México se cuece aparte…”
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