Periodismo y activismo en Sinaloa bajo fuego y amenazas | Parte I
Décadas de periodismo y activismo bajo fuego
Sinaloa | 26 de junio 2026 | Mario Martini | Parte I
Durante décadas, periodistas y defensores de derechos humanos en Sinaloa han trabajado en una de las geografías más complejas de México. Lo han hecho entre disputas criminales, corrupción, desapariciones forzadas, desplazamientos, conflictos ambientales y una violencia que cambia de rostro, pero que no quiere desaparecer.
La historia reciente del estado puede leerse también a través de quienes la han documentado desde la década de los 40 del siglo pasado, cuando el negocio de la droga emergió con proyección de industria después de la Segunda Guerra Mundial.
Pero fue en los años setenta, cuando la Operación Cóndor transformó la sierra sinaloense en un escenario permanente de confrontación y funcionó como los cimientos de la guerra interna que hoy acumula más de veinte meses de enfrentamientos. En ese escenario, los reporteros sinaloenses han desarrollado una experiencia única en la cobertura de fenómenos vinculados al narcotráfico, la seguridad pública y el impacto social de la violencia.
Junto a ellos, activistas, ambientalistas, defensores de derechos humanos, buscadoras y líderes comunitarios han librado una batalla paralela: la defensa de las personas, el territorio, el agua, los recursos naturales y la memoria de las víctimas.
Hoy ambos sectores comparten algo más que una vocación pública. Comparten riesgos, amenazas y, cada vez más, comparten agresores.
Periodismo y activismo bajo fuego
Las cifras oficiales desmontan cualquier narrativa que pretenda minimizar el riesgo que enfrentan periodistas y personas defensoras de derechos humanos en México. Entre 2022 y mayo de 2026, el Instituto de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Sinaloa otorgó 1,742 medidas de protección, entre ellas 130 medidas de urgente protección, 591 medidas de protección, 291 medidas de atención y 730 medidas preventivas. En ese periodo se integraron 326 expedientes, con 372 personas beneficiarias, de las cuales 159 fueron periodistas y 170 personas defensoras de derechos humanos.
Lejos de tratarse de amenazas aisladas, los expedientes documentan un patrón sistemático de violencia. La agresión más recurrente son las amenazas, con 168 casos registrados, seguidas por la obstaculización de la labor periodística, la descalificación del trabajo informativo, lesiones, actos de intimidación, ataques armados contra medios de comunicación, privaciones ilegales de la libertad, desapariciones, homicidios y ataques directos contra periodistas durante coberturas en zonas de alto riesgo. Incluso se registran casos de periodistas atrapados en medio de fuego cruzado, ataques cibernéticos, robo de equipo de trabajo y persecuciones vehiculares.
El dato más revelador quizá no sea el volumen de las medidas de protección, sino el perfil de los presuntos agresores. De los 326 expedientes, 153 describen a particulares presuntamente vinculados con actividades criminales como principales responsables, por encima de cualquier otro grupo. Sin embargo, también aparecen 90 particulares, además de servidores públicos estatales, municipales, federales, mandos de primer nivel y funcionarios armados, lo que confirma que el ejercicio periodístico enfrenta riesgos provenientes tanto del crimen organizado como de distintos niveles del poder público.
Hoy la dimensión del problema puede medirse también en cifras actualizadas que muestran que las agresiones no solo no disminuyen sino que muestran que el riesgo ya no distingue entre quienes documentan los hechos y quienes defienden causas sociales, ambientales o comunitarias. Lo mismo puede ser agredido un periodista documenta que un activista que defiende el territorio o la ecología.
El propio Instituto reconoce que el contexto de violencia que vive Sinaloa mantiene vigente una situación de amenaza permanente para la libertad de expresión y la defensa de derechos humanos. Por ello, durante el último año debió implementar medidas preventivas, acciones urgentes de protección, acompañamiento institucional, apoyo psicológico y mecanismos de atención para personas que enfrentaban situaciones de riesgo derivadas de su labor.
Por lo tanto, la guerra que hoy vive Sinaloa no sólo se mide en enfrentamientos, homicidios o vehículos incendiados. También se refleja en el número creciente de periodistas y defensores que necesitan protección para continuar haciendo su trabajo porque informar y defender derechos sigue siendo, en muchas regiones del estado, una actividad de alto riesgo.
Incomodan
Mientras los periodistas investigan y documentan, los defensores denuncian y acompañan. Unos narran los hechos; otros enfrentan directamente sus consecuencias, pero ambos se han convertido en actores incómodos para grupos criminales, intereses económicos y estructuras de poder que prefieren la opacidad. La guerra actual ha vuelto a demostrarlo.
De acuerdo con registros oficiales y organismos de protección, las agresiones contra periodistas y personas defensoras mantienen una tendencia preocupante. Sin embargo, existe un dato que obliga a reflexionar: durante estos más de veinte meses de conflicto no se han registrado asesinatos de periodistas relacionados con esta etapa de violencia, pero sí de activistas y defensores que trabajaban en causas ambientales, comunitarias y de derechos humanos. La diferencia no reduce el riesgo para nadie. Al contrario, confirma que la violencia se ha extendido hacia quienes defienden intereses colectivos, recursos naturales, patrimonio público o denuncian actividades públicas vinculadas con el crimen organizado.
Detrás de cada nota publicada, cada denuncia ciudadana, cada búsqueda de desaparecidos y cada defensa del territorio existe una historia de exposición cotidiana que pocas veces llega a las primeras planas.
• Historias de reporteros que cubren balaceras con recursos propios y sin más protección que su entereza
• De fotógrafos que documentan escenas de violencia sin seguro médico.
• De defensoras que acompañan víctimas pese a recibir amenazas.
• De ambientalistas que enfrentan intereses económicos capaces de movilizar enormes recursos para silenciar críticas.
Sinaloa ha sido durante décadas una escuela involuntaria de periodismo y activismo de riesgo. De aquí han surgido algunos de los periodistas más reconocidos del país por sus coberturas sobre narcotráfico, corrupción, desapariciones y derechos humanos.
Nombres como Javier Valdez Cárdenas, Marcos Vizcarra, Zorayda Gallegos y Dulcina Parra representan distintas generaciones de profesionales cuya labor ha sido reconocida dentro y fuera de México.
Sus trayectorias demuestran que desde Sinaloa no sólo se producen noticias sobre violencia. También se produce periodismo de alta calidad. Periodismo que investiga, incomoda y documenta la historia cuando otros prefieren esconderla. Y junto a él, una red de activistas y defensores que resisten desde trincheras menos visibles, pero igualmente peligrosas.
Esta es la historia de ambos gremios: la historia de quienes permanecen cuando todos los demás se marchan: la historia de quienes siguen preguntando, documentando y denunciando cuando el miedo pretende imponerse porque cuando las balas cambian de dirección, periodistas y activistas siguen contando la historia que desmiente la estadística que pinta un país de engaño.
La guerra que hoy vive Sinaloa no sólo se mide en enfrentamientos, homicidios o vehículos incendiados. También se refleja en el número creciente de periodistas y defensores que necesitan protección para continuar haciendo su trabajo. Porque informar y defender derechos sigue siendo, en muchas regiones del estado, una actividad de alto riesgo para quienes defienden derechos y libertades.
En este contexto se inscribe la investigación “Periodismo y activismo bajo fuego”. Más que una recopilación de casos, esta serie busca documentar cómo el periodismo de investigación y la defensa del territorio, del medio ambiente y de los derechos humanos convergen hoy en uno de los escenarios más peligrosos para ejercer libertades fundamentales en México. Porque detrás de cada medida de protección existe una historia de amenazas, silencios forzados y resistencia ciudadana que explica por qué informar sigue siendo, en muchas regiones del país, un acto de alto riesgo y un sacrificio franciscano.
Parte II
La precariedad, otra forma de violencia
Bajos salarios, ausencia de seguridad social, trabajo freelance, vulnerabilidad económica y el impacto que estas condiciones tienen en la seguridad de periodistas y defensores de derechos humanos.
