Necesariamente Incómoda | El atraco institucional a las pensiones de Pemex, CFE y BANOBRAS
Quintana Roo | 27 junio 2026 | Por Graciela Machuca Martínez
El pasado 10 de abril de 2026, el Gobierno Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) una reforma al artículo 127 constitucional. El objetivo que nos vendieron fue acabar con las supuestas «pensiones millonarias». Sin embargo, la realidad expone un atraco sistemático y discriminatorio orquestado desde las instituciones, dirigido exclusivamente contra el personal de confianza, mientras que los agremiados sindicales —donde verdaderamente se esconden los privilegios excesivos— permanecen intactos.
En una reciente entrevista con la abogada María Teresa Paredes Hernández, quien es consejera nacional de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados y defensora de Derechos Humanos, expuso las graves irregularidades con las que el gobierno mexicano está aplicando esta reforma.
De entrada, la abogada desmiente el discurso oficial:
Yo hasta la fecha no he conocido ninguna pensión de un millón de pesos, pero esta reforma solamente es para el personal de confianza de los organismos autónomos como Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad y Banobras».
Según el nuevo mandato, ninguna pensión puede superar la mitad del salario de la Presidenta de la República, y las prestaciones adquiridas por contrato colectivo o condiciones de trabajo son absolutamente intocables.
La matemática, respaldada por el gobierno, es simple: «el día 29 de mayo hubo una publicación del manual de percepciones para los trabajadores y ahí nos dan la razón en donde nos dice específicamente que la presidenta gana 195,000 pesos sin prestaciones». El cálculo no miente: «la mitad de 195 mil son 97 mil 500». Ese debería ser el tope legal.
Sin embargo, en términos del artículo 10, fracciones IV y V, de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, la Remuneración Anual Máxima es la referencia del monto máximo en términos brutos a que tiene derecho la persona titular de la Presidencia de la República por concepto de Remuneración Anual de Referencia, la cual asciende para el ejercicio fiscal de 2026 a $3,206,868.21
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso a), último párrafo, de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, y 13, fracción II, inciso a), último párrafo, de este Decreto, la Remuneración Anual de Referencia para la Presidenta de la República no considera los incrementos salariales que, en su caso, se autoricen durante el ejercicio fiscal de 2026, en términos de lo establecido en el artículo 9, fracción II, de este mismo Decreto, así como las repercusiones que se deriven de la aplicación y actualización de las disposiciones de carácter fiscal ni, en su caso, las adecuaciones a la curva salarial del tabulador.
La Remuneración Total Anual de la Presidenta de la República que se integra en el presente Presupuesto de Egresos de la Federación es adecuada al no exceder el monto de la Remuneración Anual de Referencia ni el de la Remuneración Anual Máxima, y las prestaciones de seguridad social otorgadas son las que se determinaron conforme a lo establecido en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, lo anterior en términos del artículo 11 de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos; y es determinada conforme a lo señalado en el artículo 12, inciso b), y Quinto transitorio del mismo ordenamiento legal.
De lo anterior, como puede observarse, para el ejercicio fiscal de 2026, el presupuesto de egresos prevé por concepto de Remuneración Anual de Referencia para la persona titular de la Presidencia de la República, el monto de $3,206,868.21 que dividido entre 12, arroja un ingreso de $267,239.07 mensual, por lo que la mitad ascendería a $133,619.50
¿Qué están haciendo las autoridades frente a sus propias matemáticas? Aplicando recortes a machetazos y de forma ilegal. Como señala Teresa Paredes:
Les están haciendo unos descuentos sin ton ni son, porque primero les descontaron a 68,000 pesos mensuales. ¿De dónde sacaron ese límite de 68,000 pesos? Totalmente desconocido».
Peor aún, en un acto de despojo administrativo, las dependencias borraron de un plumazo derechos adquiridos. «Y la segunda violación a la propia reforma es que tocaron las prestaciones y entonces como arte de magia desaparecieron totalmente las prestaciones… y las integraron dentro del salario, dentro del la percepción, como si fuera remuneración y las toparon».
El descaro de las autoridades es evidente, pues como advierte Paredes, «les quitaron las prestaciones cuando la propia reforma dice que esas no se tocan».
Las atrocidades jurídicas no terminan ahí. A través de un artículo transitorio —que no es parte integral de la Constitución— se está aplicando esta reforma de manera retroactiva a pensiones ya otorgadas. La abogada lo explica con claridad:
Los artículos transitorios no son la Constitución, son una forma de implementar quizá la reforma. Y ese artículo transitorio es el que es el violatorio de derechos humanos, porque ese artículo transitorio es el que nos dice que le va a aplicar esta reforma a las jubilaciones dadas con anterioridad, o sea, retroactivo totalmente».
El colmo del cinismo radica en la parálisis y la «ceguera» del sistema de justicia. Frente a la oleada de amparos interpuestos no contra la reforma en sí, sino contra su aplicación, los jueces federales se han lavado las manos. Paredes detalla que los casos fueron desechados porque:
los jueces consideraron que estábamos impugnando la reforma y no estábamos impugnando la reforma, estábamos impugnando que nos la aplicaran como dice el texto de la reforma».
Al ser remitidos a otras instancias, el caos continuó:
Ya nos fuimos algunos abogados al Tribunal Fiscal de la Federación a meter la demanda y con la sorpresa de que fuimos a hablar con todos y todo el mundo en el tribunal está asorado porque no saben, no tienen idea de por qué ahora les tocaría a ellos conocer».
En conclusión…
el justiciable queda ante una total indefenseh contra una reforma, ante una total indefensión».
Este escenario ya no es solo una violación laboral, es un caso de discriminación brutal que afecta a cerca de 3,000 profesionales. La especialista resalta la disparidad frente al gremio intocable:
a los sindicalizados no los tocaron aún cuando hay sindicalizados… ahí están las pensiones millonarias».
La injusticia es palpable:
Y ahora resulta que un ingeniero que tuvo preparación, que trabajó 40 años en Pemex, con un nivel alto, con una responsabilidad alta, ahora gana menos que una persona que no tuvo su preparación ni su responsabilidad, pero que está sindicalizado… eso definitivamente es un tema de discriminación».
Mientras las instituciones se echan la bolita para no corregir este atraco masivo, el caso ha escalado a nivel internacional.
Ya nos fuimos a la Comisión Interamericana, ya están allá nuestros recursos también y entonces vamos a ver qué nos resuelven».
El problema ahora es obligar al gobierno a dar la cara, «si es que contesta, porque últimamente el Estado mexicano ya no contesta las peticiones de la Comisión Interamericana».
El gobierno actual parece haber olvidado que la justicia no se decreta violentando derechos humanos adquiridos; ahora, la CIDH será la encargada de sentarlo en el banquillo.