DominGrilla | ¿Qué busca la Fiscalía General? | Francisco Chiquete
- Tímido combate a la impunidad
- Mínimo, el candado antinarco
Por Francisco Chiquete
La Fiscalía General de la República salió de su inactividad absoluta y citó a declarar a dos gobernadores: Rubén Rocha Moya, de Sinaloa, y Maru Campos, de Chihuahua. Ambos han sido emplazados a comparecer ante el Ministerio Público “como testigos”, según la secretaria de Gobernación.
¿Por qué como testigos?
A Maru Campos el gobierno mexicano la ha señalado como responsable del delito de traición a la patria por la intervención de la CIA en un operativo para destruir al más grande narcolaboratorio de que se tenga noticia en México. Si el gobierno mexicano es el acusador e incluso el que ya sentenció públicamente el hecho, la señora debiera ser llamada como probable indiciada. El problema es que se nota mucho la intencionalidad política del aparato de Estado, y quieren proceder con el tacto que no han tenido.
Rubén Rocha Moya, en cambio, es parte sustancial de una lista de señalados por Estados Unidos como colaboradores del narcotráfico, atribuyéndoles una larga lista de delitos que debían ser suficientes como para abrir una causa con miras a la judicialización del expediente. Rocha, todo mundo lo sabe, tiene sobre sí una petición de prisión preventiva con propósitos de extradición, lo que lo convierte en virtual indiciado. ¿Por qué lo llaman como testigo? Sin descartar formalmente la posibilidad de que resulte inocente, debiera acudir como parte señalada, incluso formalmente acusada, no como testigo.
Poner a los dos gobernadores en igualdad de circunstancias es una injusticia que sólo explica la búsqueda de escudos para disminuir el costo político de la investigación contra el morenista y, de paso, que les abra la puerta a una victoria electoral en Chihuahua el año próximo. Hay morenistas más ambiciosos, que creen que pueden destituir a la gobernadora panista, aunque técnicamente están lejos de esa posibilidad.
El gobierno que llegó con la oferta de hacer las cosas diferentes está aplicando ahora el manual del perfecto priísta, que negaba toda acusación al son de “tú di que no fuiste al carnaval aunque te hallen confeti en los calzones”; que ante los escándalos inmanejables se inventaba una amenaza proveniente del extranjero —ya ve usted que ahora hasta va a haber una ley que anule elecciones en las que haya intervención extranjera— y, por supuesto, maneja el patriotismo y el patrioterismo de nuestra cultura popular.
El poder los iguala. Como los priístas, como los panistas, los morenistas le han dado un uso político a la justicia. A los amigos, justicia y gracia, dicen que decía el Benemérito; a los enemigos, justicia a secas. En los tiempos de Morena, a los amigos gracia a secas. La justicia no llega cuando se trata de castigar. A los enemigos, justicia a secas, pero con la visión morenista.
¿EL PRINCIPIO DEL FIN DE LA IMPUNIDAD?
Uno de los señalamientos más frecuentes contra Enrique Peña Nieto partió de aquella foto en que aparecía rodeado de los gobernadores de Chihuahua, César Duarte Jáquez; de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa; de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo; de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz; de Tabasco, Andrés Granier Melo; de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda; de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa; y de Tamaulipas, Tomás Yárrington, que había sido mandatario en tiempos previos, pero igual se metió en líos. A ellos los presentó como “el nuevo PRI”.
Las burlas morenistas por semejante elenco empezaron a disminuir cuando sus homólogos priístas les recordaron que todos ellos fueron encarcelados o enjuiciados y sancionados bajo el gobierno del propio Peña Nieto, a quien se ha evidenciado como uno de los presidentes más corruptos que hayan conocido las generaciones actuales.
En cambio, les recuerdan, con Morena no ha caído ninguno, a pesar de denuncias provenientes de los propios morenistas y por más evidencias que se les restrieguen. Hay gobernadores, senadores y diputados de Morena a los que cada día se les descubren más propiedades, como a la moringa cuando estuvo de moda, y no les pasa nada.
Por eso es más relevante el caso de Rubén Rocha Moya. Es el primer gobernador morenista al que se le señala como reo bajo sospecha de delitos graves. Ni siquiera Adán Augusto López ha sido encausado, a pesar de que él colocó a un jefe de cártel al frente de las acciones e instituciones de seguridad, precisamente lo que se le señala al mandatario sinaloense, nomás que por el momento el tabasqueño no tiene acusación gringa.
Arrimar a Rocha a una mesa del Ministerio Público, por más encumbrada y elegante que sea la oficina, y por más comedido que sea el trato, constituye por sí mismo un asomo de que ya es insostenible la impunidad absoluta con que se trataron hasta ahora estos casos.
La gran pregunta de todos los sinaloenses ya no es ¿y el Rocha, dónde está el Rocha? Ya se sabe que está por ir a declarar a la FGR y que va a defenderse “como hombre de bien y honesto”. La gran duda es: ¿le irán a hacer algo? Y, sobre todo, ¿lo irán a entregar a los Estados Unidos?
Insisto: es un avance que un prohombre del poder, en este caso el gobernador con licencia, sea sentado en el banquillo de los acusados cuando alguien presenta elementos para hacerlo. El principal problema de nuestro país es la impunidad. La que generan la incapacidad y la corrupción de las instituciones de seguridad, pero también la que producen las decisiones políticas.
Si nadie pudiese probar algún día que el ex presidente Andrés Manuel López Obrador entró en tratos con el crimen organizado, aún así persistiría su responsabilidad por haber aplicado su máxima de “abrazos, no balazos” como política pública, porque durante ese periodo las bandas y cárteles crecieron exponencialmente y se apoderaron de espacios gubernamentales, posiciones políticas, espacios territoriales y dinero público, en la más absoluta impunidad.
Hay quienes niegan que AMLO hubiese aplicado esa política de “abrazos, no balazos”, diciendo que fue un comentario incidental, pero ahí están los testimonios de sus instrucciones públicas cuando estalló la guerra interna del Cártel de Sinaloa: ya enviamos más elementos a la vigilancia en ese estado, dijo, y luego repuso: llevan instrucciones de no participar en enfrentamientos. Impunidad, simple y llana.
Vamos a ver hasta dónde llega el caso Rocha, si su comparecencia es efectivamente en calidad de testigo. ¿Vio usted que los narcos se robaran casillas o secuestraran a opositores suyos? ¿Vio que los chapitos le entregaban dinero al secretario de Seguridad? ¿Le consta que el vicefiscal estaba en una nómina narca? ¿Qué testigo puede decir que sí? Ni Rocha, que como gobernador era tan proclive a decir cosas que nadie le estaba preguntando.
Con esa precisión de doña Rosa Icela Rodríguez Velázquez sobre los “testigos comparecientes”, nos demuestra que de su alma mater, la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, no salen buenos abogados (será porque efectivamente es una escuela de periodismo). Y luego nos acordamos de su pregunta foxista: ¿Y yo por qué? Cuando le preguntaron si conocía el paradero de Rocha. A lo mejor no le dijeron que como secretaria de Gobernación le toca la conducción política y vigilar la gobernabilidad del país.
UNA REFORMA INÚTIL
En la víspera del periodo extraordinario de sesiones en que se va a reformar la reforma judicial, Morena aprovecha y revive algunos elementos de su Plan B, que le echaron por la borda los socios de coalición. Se trata de crear una comisión que revise a los posibles candidatos de cada partido, para cerrarle el paso a los narcos. Es de lo más inútil que se les ha ocurrido.
Veamos el ejemplo de nuestro personaje más destacado: Rubén Rocha Moya. Cualquier comisión que hubiese revisado su currículum, su fama pública, sus inclinaciones sociales, lo habría aprobado sin la menor duda. Ha sido un luchador social incansable, líder sindical universitario, maestro rural, académico de larga data, rector de la UAS, candidato irreprochable en sus tres experiencias anteriores a la gubernatura y hasta aspirante a escritor con el tema del narco, en una novelita que aborda las deformaciones y el origen de sus oficiantes.
Nada habría hecho pensar que terminaría acusado de sumarse al crimen organizado para ganar una elección y que administraría un estado comprometido con ese fenómeno antisocial, como lo describe “una oficina de Nueva York de la Fiscalía de los Estados Unidos”.
No parece que esa sea la vía para detener la colonización de nuestra vida política por parte del narco, pero con esas medidas quedan bien y no se ven obligados a atacar en serio el origen de los financiamientos para campañas, y mucho menos explican cómo van a superar el miedo de los encargados de vetar personajes, cuando las decisiones se toman en el terreno de la realidad, donde el personaje atorado es vecino y maneja sus sicarios a placer.
¿Y EL INZUNZA?
El senador Enrique Inzunza Cázares parece haberse comprado un espejo de virtud, en el que se refleja con todas las virtudes del mundo, y así se describe sin el menor sonrojo. Después de semanas de clandestinidad, apareció en plática con el también senador Javier Corral, el converso del PAN a Morena que defendió y votó la reforma judicial y ahora la critica.
Es evidente que Corral fue el conducto para convencerlo de correr su destino con apego a las reglas. Quizá porque necesitan su voto para la reforma de esta semana, o su licencia para poder llamar al suplente. ¿Qué pudieron haberle ofrecido? Como Rocha, es una pieza apetecida por el gobierno de Estados Unidos, al que le interesa mostrar triunfos concretos en su política de combate a los narcos más allá de sus fronteras. Ninguna solución de defensa interna puede aplicarse sin considerar a la parte de los gringos.
A ver qué pasa.