DominGrilla | Los saldos del rochazo
• Nada ha cambiado; ¿Imbecilidad o cinismo?
Mazatlán, Sinaloa | 17 mayo 2026 | Francisco Chiquete
El caso Sinaloa ha salpicado a toda la estructura de gobierno en México y, por supuesto, a su partido, que domina prácticamente cada rincón de la administración mexicana.
Ya está muy visto que la presidenta, por defender su idea de soberanía nacional o, como dicen los sospechosistas, el principio de unidad partidista, se cerró al análisis al menos de la petición estadounidense, diciendo de antemano que no había pruebas para las acusaciones.
La exigencia de pruebas podrá ser válida para empezar a negociar con los gringos, pero después de la entrega voluntaria de dos de los integrantes de la lista de narcopolíticos, doña Claudia Sheinbaum tiene poco qué alegar. Si se descalificaba el testimonio de los chapitos presos o del mayo por venir de delincuentes, los que ahora puedan aportar el general en retiro Gerardo Mérida, ex secretario de Seguridad Pública, y el ex secretario de Finanzas del estado, Enrique Díaz Vega, tienen la particularidad de provenir de dos personajes que merecieron la plena confianza de la Cuarta Transformación, y no solo en Sinaloa.
Con esas entregas voluntarias, se estrecha el cerco sobre el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, y el senador Enrique Inzunza Cázares, hoy clandestino “en algún lugar de la sierra sinaloense”.
Si el gobierno federal insiste en no entregar a quienes han sido considerados piezas fundamentales de Morena, tendrá que buscar otras explicaciones ante una administración estadounidense que no quiere escuchar nada que no sea su propia decisión de avanzar y hacer “lo que México no quiere hacer en el combate a las drogas”.
Pero eso es allá en la estratósfera. En nuestro ámbito hay una situación muy notoria: la supervivencia de una administración sobre la que pesan las más graves acusaciones vividas por un gobierno local a lo largo de nuestra historia.
Nadie les puede negar la presunción de inocencia, pero, formalidades aparte, muchos de los señalamientos de la fiscalía gringa ya eran vox populi en todos los círculos de Sinaloa.
A pesar de ello, muchos de los funcionarios señalados como operadores de las alianzas ilegítimas se mantienen y aún ascienden en el organigrama, lo que indica que las decisiones se toman donde mismo y con la misma óptica, sin considerar la gravedad del problema en que se hallan.
Naturalmente, los partidos de oposición buscan profundizar la crisis considerando que el enojo popular les puede derivar votos que ya eran del partido-gobierno, y a veces hacen señalamientos que son solo generalizaciones sin base, pero la petición de Movimiento Ciudadano para que desaparezcan los poderes en el estado parece más acertada que los demás alegatos.
No es cualquier cosa, pero ¿qué otra opción hay cuando la gobernadora anuncia que no habrá cambios en el gabinete? ¿Tiene usted una idea de quién sigue siendo autoridad dentro del Poder Judicial del Estado? ¿Y dentro de la cuestionada Fiscalía General del Estado, donde todavía alcanzaron a defender al vicefiscal Dámaso Castro antes de invitarlo cordialmente a que solicitara una licencia?
Del Poder Legislativo ni hablar. Salvo cuatro o cinco diputados de oposición, no hay quien se atreva a aprobar una moción de condena o de corrección a las malas decisiones gubernamentales.
¿HASTA DÓNDE LLEGA?
Como Rocha es ya un árbol caído, todo mundo le tira hachazos. Por estos días de la entrega voluntaria del general Mérida, se ha insistido en que era “el secretario de Seguridad de Rocha Moya”. En realidad, él fue un elemento enviado por la Secretaría de la Defensa Nacional, ante cuya designación Rocha no pudo argumentar nada en contra o a favor. En prácticamente todos los estados, es la Sedena y ahora la Guardia Nacional (que no es lo mismo, pero es igual) las que deciden quiénes van a esas secretarías estatales.
La excepción notoria es el Tabasco que gobernó Adán Augusto López Hernández, quien tuvo autoridad suficiente para designar a Hernán Bermúdez Requena, el señor de La Barredora.
¿Quién envió a Gerardo Mérida como secretario de Seguridad en Sinaloa? Puede que sea un caso aislado, pero el Ejército debía revisar ese tipo de decisiones. Quizá debamos aceptar aquella vieja máxima priista de “fallan los hombres, no las instituciones”.
UNA IDEOTA DE UN PENSADOR
Hay personas que están en puestos públicos, pero son totalmente privados. El dirigente de Morena en Sinaloa, cuyo nombre tuve que buscar tres veces en San Google, Edgar Barraza Castillo, pasará a la lista de ocurrentes de la política sinaloense. Muy respetuoso de los reglamentos, dijo que si Enrique Inzunza Cázares y Juan de Dios Gámez cumplen con los requisitos a la hora de la postulación, pueden ser candidatos de Morena al gobierno de Sinaloa. De que los hay, los hay. Hasta el PRI sintió que se levantaba de su tumba ante esa posibilidad.